Defensores de derechos humanos nicaragüenses, citando informes de organismos internacionales que señalan a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer “crímenes de lesa humanidad”, denunciaron que la procuradora Darling Ríos, representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Nicaragua, «miente» al afirmar que el orteguismo, desde su llegada al poder en 2007, ha garantizado y respetado los derechos de los nicaragüenses.
“Los hechos hablan por sí mismos y desmienten las afirmaciones de la procuradora, empezando porque este régimen ha ordenado y ha seguido matando impunemente a los nicaragüenses, dejando desde 2018 a más de 300 asesinados, centenares de detenidos, miles de desplazados y despedidos, miles de ONG canceladas, decenas de medios de comunicación cerrados y, recientemente, masivos despojos de nacionalidad, crímenes que se siguen en desarrollo y desmienten a la PDDH, que es eminentemente partidaria y parte de la maquinaria de la represión”, señaló Gonzalo Carrión, abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
La procuradora Ríos, en entrevista con medios oficialistas, aseguró que en el país, antes de la llegada del régimen orteguista en 2007, “no había política de derechos humanos, sino una violación masiva de los derechos humanos”, resaltando que fue el orteguismo el que “instaló” y “ha fortalecido” “un modelo de respeto e igualdad de derechos humanos y oportunidades”.
La credibilidad sobre la fiscalización del respeto a los derechos humanos que hace la PDDH a nivel internacional es nula. En marzo de 2019, la PDDH fue degradada a clase “B” en la escala de Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos, lo cual desde entonces la inhabilitó internacionalmente como defensora de los derechos del pueblo nicaragüense.
Violaciones iniciaron antes de 2018
Carrión resaltó que la instalación de la dictadura en Nicaragua, ejecutada por el orteguismo, se trabajó desde antes de 2018, iniciando con la firma del pacto Alemán-Ortega, que a través de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua permitió la reelección de Ortega y con ello el atentado contra todo derecho de los nicaragüenses.
Recordó que entre 2007 y 2008, justo cuando Ortega y Murillo asumieron el poder, en el país comenzó la instalación de los Consejos de Poder Ciudadano, conocidos popularmente solo como CPC, para controlar las expresiones sociales a nivel local, declararon que tendrían “información incontaminada” con lo que desde entonces no dan conferencias de prensa a medios independientes, controlaron la publicidad que otorgaba el Estado, la información de las instituciones, y perpetraron el primer fraude en las elecciones municipales, violentando el derecho de elegir y ser electo.
También mencionó que antes de 2018 el orteguismo ordenó reprimir manifestaciones, entre estas las de Ocupa INSS, los «Miércoles de Protesta» y las lideradas por el Movimiento Campesino Anticanal, usando la fuerza de la Policía Nacional y las llamadas «turbas sandinistas».
Una feminista y defensora de los derechos de las mujeres de forma anónima también señaló que la procuradora “miente” al afirmar que el orteguismo respeta los derechos de las mujeres, resaltando que justamente el régimen Ortega-Murillo fue el que, tras asumir el poder en 2007, ordenó la penalización del aborto terapéutico, aún en perjuicio de la vida de las mujeres.
Denunció que otros de los derechos que han sido violentados a las mujeres nicaragüenses, desde antes del inicio de la crisis sociopolítica y económica de 2018, fue el derecho a la justicia, ya que en 2016 se quedaron sin Comisarías de la Mujer por orden del orteguismo.
En 2020, la dictadura anunció un «relanzamiento» de las Comisarías de la Mujer, sin embargo, a juicio de feministas y defensoras de derechos humanos, dichos lugares, además de no devolver a las mujeres la protección que tendrían que haber recibido esos años, no garantizan la atención adecuada a sus casos, pues los que atienden esos lugares no necesariamente son profesionales que velan por la vida y derechos de las mujeres.
La defensora señaló que las manifestaciones de las mujeres históricamente también han sido obstaculizadas por el orteguismo, incluso antes de 2018, ya que les enviaba a decenas de policías que les impedían el paso, pese a que en estas solo se abogaba por el respeto a la vida y los derechos de las ciudadanas nicaragüenses.
Comunidad internacional ha documentado violaciones
Carrión remarcó que actualmente en Nicaragua «ningún derecho contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos está a salvo», debido a la concentración absoluta de poder de la dictadura, la destrucción total de la democracia y el Estado de Derecho, sumado al estado de terror impuesto por la dictadura a partir del 18 de abril de 2018, cuando el orteguismo ordenó “ir con todo” contra el pueblo nicaragüense.
Culminó cuestionando a la procuradora Ríos, representante de la PDDH y cómplice de la dictadura, a que “si son una maravilla por qué no abren las puertas a los defensores y organismos internacionales de derechos humanos, para que ellos comprueben esas supuestas maravillas”.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado en reiteradas ocasiones, durante sus informes de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, ingresar a Nicaragua para comprobar la situación de los derechos humanos, pero el Estado, controlado por Ortega no da autorización.
Las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han sido ampliamente documentadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y también por Naciones Unidas, través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Grupo de Expertos en DD. HH. sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés).
En diciembre de 2019, el orteguismo fue señalado por primera vez de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua, a través de un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia acontecidos del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.
En marzo pasado, el GHREN de Naciones Unidas también confirmó que el orteguismo cometió «crímenes de lesa humanidad» contra el pueblo de Nicaragua, entre estos: asesinatos, encarcelación, tortura, deportación forzosa y violencia sexual de gravedad”.
