El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó la entrada al país al sacerdote nicaragüense Juan Carlos Sánchez, vicario de la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Bolonia, en Managua, confirmaron a LA PRENSA fuentes eclesiásticas de la Arquidiócesis de Managua.
Las fuentes indicaron que el vicario salió de Nicaragua a una ordenación sacerdotal, en Bolivia, a la que había sido invitado. Posterior viajó a Miami, Estados Unidos, a visitar a unos familiares. Una vez que el sacerdote se disponía al retornar al país, el pasado jueves 6 de julio, la aerolínea le informó que no podía regresar a Nicaragua.
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Martha Patricia Molina, abogada y autora del Informe Nicaragua: Una Iglesia Perseguida, que documenta los ataques del régimen a la Iglesia católica del país, publicó en sus redes sociales el caso, afirmando que tenía «información que dictadura sandinista ha prohibido el ingreso al país al sacerdote Juan Carlos».
El negar la entrada ha sido uno de los métodos represivos que ha implementado el régimen desde abril de 2018 contra religiosos nacionales y extranjeros. A los últimos incluso, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), se les cancela la residencia o se les expulsa del país.
La página de Facebook de la Parroquia San Francisco de Asís a través de una publicación indirectamente manifestó su cercanía con el religioso. «Un Pastor con olor a ovejas, sus catequesis llevan siempre horas de preparación y reflexión, en su acompañamiento espiritual toda una experiencia de reflexión y deseos de ser fiel a Dios. Gracias por todo, que Dios y la Virgen María le guarden y bendiga siempre. Donde quiera que vaya nuestra oración», mencionó.
La parroquia está dirigida por monseñor Miguel Mantica Cuadra.
Al menos 80 religiosos y religiosas fuera de Nicaragua
Desde el 2018, Molina, en su Informe, ha documentado al menos 80 casos de religiosos y religiosas de la Iglesia católica que han tenido que abandonar Nicaragua, incluyendo el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, representante de la Santa Sede.
En total Molina contabiliza que en los últimos cinco años 32 monjas de diferentes congregaciones han sido expulsadas y 39 religiosos están en el exilio.
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La autora del Informe en declaraciones a LA PRENSA ha afirmado que el número de monjas expulsadas o que no lograron entrar al país puede ser hasta dos veces mayor, porque estos casos no son denunciados y su ausencia es menos notable que la de un sacerdote en las comunidades católicas.
