El Consejo Nacional de Universidades (CNU), dominado por funcionarios orteguistas, decidió invalidar los títulos universitarios otorgados por la extinta Universidad Internacional de Integración de América Latina (Unival) —cuya personería jurídica fue cancelada el 14 de diciembre de 2022— bajo el argumento de que no fueron firmados por las autoridades del ente rector.
«Al examinar las firmas o autógrafos, se muestran impresas por facsímiles o, en otros casos, estampadas por medios electrónicos. En todo caso, carecen de validez legal, debido a que no cuentan con la debida, correspondiente y previa autorización por el órgano rector del Estado competente. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Universidades no certificará los títulos que muestren las fallas antes mencionadas», indicó el CNU en un comunicado.
La misiva con fecha 7 de julio es firmada por Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU.
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La Unival fue inscrita como un organismo sin fines de lucro en el Ministerio de Gobernación (Migob) el 30 de agosto de 2013, con número perpetuo 5695, conforme Decreto número 4848, publicado en La Gaceta del 1 de diciembre de 2006.
Al momento de ser ilegalizada por el régimen, la Unival desde su página web tenía reportados a 5,000 profesionales en pregrado y postgrado. No obstante, no se sabe exactamente cuántos títulos quedarán invalidados con la nueva medida.
Trasgrede derechos de los profesionales
Elthon Rivera, presidente de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen), dijo a LA PRENSA que «dejar a profesionales sin sus títulos universitarios no solo viene a transgredir una serie de derechos básicos para el bienestar, como la educación, el trabajo y la óptima calidad de vida».
A su vez denunció que el «CNU ha pretendido ignorar las deficiencias o problemas que tenían las universidades que se tomó, el régimen creyó que confiscar universidades solo era tomar lo bueno de estas, pero no es así, como todas las instituciones, las universidades también tienen problemas que se deben resolver y si el régimen decidió tomarlas, deben asumir las problemáticas y resolverlas en favor de los estudiantes».
Sin embargo, Rivera consideró que el régimen bajo la bandera y partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha demostrado que «no es competente para administrar el sistema educativo del país».
Argumentos de la cancelación
El 14 de diciembre de 2022, el Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) decidieron cancelar la personería jurídica de Unival supuestamente porque desde su creación a la fecha «aún no cuenta con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU».
El CNU indicó, en ese momento, que no autorizó a Unival la ejecución de 13 carreras de pregrado, 27 de grado, 15 especialidades y 29 maestrías internacionales en modalidad virtual (en línea) y que no fueron reportadas al CNU.
En marzo pasado, las autoridades del CNU informaron sobre el proceso de reubicación de la comunidad estudiantil afectada y estableció como fecha tope el pasado 20 de marzo para que los estudiantes procedan a cumplir con la inscripción en cualquiera de las universidades miembros del ente regulador.
En ese mismo mes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por magistrados orteguistas, rechazó una demanda interpuesta por la Unival contra el Migob, el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), por el cierre y confiscación de sus bienes mediante la cancelación de la personería jurídica.
La sentencia fue emitida el 7 de marzo por la Sala de la Contencioso Administrativo, cuyos magistrados declararon como inadmisible el proceso presentado por la Unival por falta de legitimación procesal. La sentencia fue firmada por Yadira Centeno González, Ellen Joy Lewin Downs, Patricia Delgado Sáenz, María Mercedes Martínez Guevara.
