La Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el régimen de Daniel Ortega, rechazó una demanda interpuesta por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival) contra el Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), por el cierre y confiscación de sus bienes mediante la cancelación de la personería jurídica.
Esto sienta un procedente para las otras universidades que también han sido asaltadas por la dictadura en los últimos meses, de que la Corte Suprema de Justicia no es una opción para conseguir protegerse de la arbitrariedad ordenada por el régimen de Ortega.
La sentencia fue emitida el 7 de marzo por la Sala de la Contencioso Administrativo, cuyos magistrados declararon como inadmisible el proceso presentado por la Unival por falta de legitimación procesal. La sentencia fue firmada por Yadira Centeno González, Ellen Joy Lewin Downs, Patricia Delgado Sáenz, Marìa Mercedes Martínez Guevara.
A dos meses de la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), creada hace 25 años, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunció la semana pasada el proceso de reubicación de la comunidad estudiantil afectada y estableció como fecha tope el 20 de marzo para que estos procedan a cumplir con la inscripción en cualquiera de las universidades miembros del ente regulador.
El CNU acusó a exacadémicos y extrabajadores administrativos de querer vender a los estudiantes documentación académica, como historiales de calificaciones y títulos universitarios, siendo estos citados en gasolineras, bibliotecas públicas y otros sitios de León, Matagalpa, Estelí y Ocotal para realizar la supuesta transacción que les permita a los jóvenes inscribirse en otras universidades.
En ese contexto, en la sentencia de la Corte, los magistrados ordenaron entregar al CNU todo el registro académico de los estudiantes.
La Unival forma parte del grupo de universidades privadas que el régimen de Daniel Ortega confiscó mediante el despojo de sus personalidades jurídicas a través de procesos viciados. Las instalaciones de varias de ellas han sido nacionalizadas y absorbidas por las casas de estudio tradicionales, controladas directamente por la dictadura.
Esta alma mater fue cerrada el pasado 14 de diciembre mediante una resolución de Gobernación, donde se encontraba inscrita como organización sin fines de lucro. “En 25 años de creación de Unival, aún no cuenta con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben de poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU”, argumentó Gobernación.
