A través de una carta enviada al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el dictador Daniel Ortega reclamó a Estados Unidos la indemnización que ordenó pagar a Nicaragua la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, tras la sentencia del 27 de junio de 1986, por los daños y la interferencia del Gobierno norteamericano en la guerra civil de los años ochenta.
«En tiempos actuales en los que se discute en las Naciones Unidas y otros foros sobre las muy merecidas indemnizaciones que deben de ser establecidas para compensar los daños ocasionados por la esclavitud y el cambio climático, entre otras, Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por los Estados Unidos», se lee en la misiva que fue entregada al Secretario General de la ONU por el canciller orteguista Denis Moncada.
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«No es una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial. Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia», expone la dictadura en la carta que pide sea enviada a todos los Estados miembros de la organización.
Nicaragua no ha renunciado a la deuda, dice Ortega
La dictadura reclama que «la compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada» y menciona que Nicaragua descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero «en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir al derecho a recibir su compensación».
«Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones», señala la dictadura.
Asimismo afirma que «los daños sobre los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejaban la totalidad de daños reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer de los mismos».
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«Este monto (12 mil millones de dólares) no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos, el cual nunca asumió el costo social de dichas ilegalidades», argumenta el texto.
A la vez recuerdan que la cuantificación de los daños, sufridos por Nicaragua, presentados a la Corte, tuvo el apoyo y el aval de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas.
Repite discurso del supuesto fallido golpe de Estado en 2018
La dictadura alega que Nicaragua nuevamente ha sido víctima de agresiones, «ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de estado», en referencia a las sanciones individuales a funcionarios del régimen señalados de violaciones de derechos humanos, abusos y actos de corrupción en el contexto de la represión estatal contra los nicaragüenses desde abril de 2018.
Finalmente la dictadura sostiene en la carta que «las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, y por lo tanto los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de junio de 1986».
