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Seis sencillas cosas que los nicas hacíamos antes (y ya no) 

Ondear en la calle la bandera nacional y leer periódicos impresos son actos totalmente normales y cotidianos, pero no en Nicaragua. La represión del régimen de Daniel Ortega para sostenerse en el poder ha acabado con las libertades más elementales de los nicaragüenses

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Alzar la bandera nacional

En Cuba se paga con cárcel la osadía de ondear la bandera de Estados Unidos y en varios países europeos están penalizados los insultos graves a la bandera nacional. Pero el caso de Nicaragua es único. El régimen de Daniel Ortega ha criminalizado el uso de los símbolos patrios al punto de que nadie se atreve a ondear una bandera azul y blanco en la calle, ni a colocarla en su casa, carro o redes sociales, a menos que vaya acompañada por otra bandera: la rojinegra del sandinismo. Esto es así incluso en septiembre, el mes patrio.  

La persecución de la bandera nacional se debe a que en 2018 se convirtió en un símbolo de resistencia para cientos de miles de nicaragüenses que protestaron contra el régimen autocrático de Ortega, tiñendo de azul y blanco las calles del país. 

Un caso emblemático de lo riesgoso que es el uso de la bandera nacional en Nicaragua es el de Sergio Beteta. En diciembre de 2020 el joven fue detenido en la Avenida Universitaria de Managua por protestar con la bandera nicaragüense y quemar la del Frente Sandinista. Más tarde fue acusado por “tráfico de estupefacientes” y “tenencia ilegal de armas” y condenado a cinco años y nueve meses de prisión. Cumplió más de dos años de condena antes de ser excarcelado y desterrado de su propio país, el 9 de febrero de 2023. 

La bandera nacional es un símbolo tan perseguido que cuando un extranjero pregunta qué tan normal se encuentra la situación en Nicaragua, muchos nicas responden: “Te reto a alzar una bandera azul y blanco en la calle”.

Leer periódicos impresos 

Nicaragua es el único país del mundo donde no circulan periódicos impresos. Atrás quedó la rutina de disfrutar de un diario con olor a tinta fresca, acompañado por una taza de café. Desde el allanamiento del Diario LA PRENSA, perpetrado el viernes 13 de agosto de 2021 por una treintena de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial, no existe en el país ningún diario de circulación nacional y leer noticias se ha convertido en una actividad meramente digital, con los medios de comunicación independientes informando desde el exilio. 

Antes de eso ya había cerrado el segundo periódico más importante del país: El Nuevo Diario, que circuló por última vez el viernes 27 de septiembre de 2019, luego de casi 40 años de existencia. Para entonces, el boicot aduanero, arbitrario e ilegal, impuesto por el régimen de Ortega a LA PRENSA y El Nuevo Diario llevaba 15 meses, imposibilitando la importación de papel, tinta y otros insumos indispensables para la impresión de los rotativos. 

El Nuevo Diario cerró sus operaciones por completo, incluida su versión digital; pero LA PRENSA logró resistir hasta ese viernes 13.  Ese día, incluso antes de que se ejecutara el allanamiento, el diario más antiguo del país no pudo “salir a la calle”, puesto que una noche antes se había quedado sin papel, con las bobinas retenidas en aduana por Ortega, y no le fue posible echar a andar su rotativa. Actualmente sus instalaciones en Managua se encuentran confiscadas por la dictadura. 

Con la desaparición de El Nuevo Diario y LA PRENSA, también salieron de circulación los tabloides Metro y Periódico Hoy.

Criticar al Gobierno en redes sociales 

En la época que corre, las redes sociales son las plataformas que ofrecen más posibilidades y espacios para la libertad de expresión y la denuncia ciudadana. En Nicaragua eso también se perdió. La dictadura de Ortega considera “ciberdelito” o “menoscabo a la integridad nacional” el acto de criticar a las autoridades y ha sembrado el miedo en ciudadanos que antes se sentían libres para expresar opiniones políticas en sus perfiles personales. 

La noche del 21 de junio de junio de 2021 la captura de Miguel Mendoza, popular cronista deportivo que decidió utilizar sus redes para compartir sus puntos de vista sobre el contexto sociopolítico y mostrar su postura como ciudadano opositor, envió un claro mensaje a los usuarios de Facebook y Twitter en Nicaragua. Hubo alarma en las redes sociales y, sobre todo, temor. 

El régimen excarceló y desterró a Mendoza junto a otros 221 presos políticos, en febrero de 2023. Sin embargo, el clima de persecución persiste en el país y este año algunos ciudadanos han denunciado anónimamente que han recibido visitas policiales de advertencia por publicar críticas contra Ortega. 

En Twitter muchos usuarios se las arreglan con seudónimos para seguir dando sus opiniones; pero en Facebook no ocurre lo mismo. 

Hablar de política con libertad

La política, como la religión y el deporte, nunca ha sido el tema más agradable de conversación cuando hay puntos de vista opuestos; pero antes era normal que apareciera en las pláticas de mesa y pulpería. Ya no.

A la extrema polarización, se suma la continua vigilancia de la Policía y militantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), grupos paraestatales que responden al Frente Sandinista y están presentes en cada barrio y comunidad del país. Por eso, para los ciudadanos opositores, no es posible hablar libremente sobre política sin miedo a ser acusados de “golpismo” o “traición a la patria”. El tema se ha confinado a los círculos íntimos y sale a flote únicamente cuando el ambiente se considera seguro. 

Tener seguridad sobre su ciudadanía nicaragüense

Antes se daba por sentado que un nicaragüense tenía el derecho constitucional inalienable a su ciudadanía. Esa es otra de las certezas que el régimen ha arrebatado a la población de este país. 

En febrero de este año, la dictadura de Ortega dejó sin su nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos desterrados y a 94 opositores y críticos, en su mayoría exiliados, a quienes tildó de “traidores a la patria”. En esta segunda lista se encontraban el escritor Sergio Ramírez Mercado y la poeta Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos. El régimen también ordenó la confiscación de sus bienes inmuebles. 

El mismo día que la dictadura desterró a los reos políticos, la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política. Estableció que los nicaragüenses sentenciados por “traición a la patria” perderán su nacionalidad. Posteriormente aprobaron la denominada “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”.

Aunque, desde la perspectiva de la dictadura, las voces críticas nicaragüenses no tengan derecho a la nacionalidad del país donde nacieron, nada le ha impedido entregarla a prófugos de la justicia como Mauricio Funes, expresidente de El Salvador. 

Ondear en la calle la bandera nacional y leer periódicos impresos son actos totalmente normales y cotidianos, pero no en Nicaragua. La represión del régimen de Daniel Ortega para sostenerse en el poder ha acabado con las libertades más elementales de los nicaragüenses

Buscar trabajo o ayuda en una ONG 

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado las personerías jurídicas de más de 3,400 organizaciones no gubernamentales (ONG), casi la mitad de las 7,000 que estaban inscritas en 2018. Entre esas organizaciones disueltas y confiscadas, se hallaban al menos 170 que ayudaban con alimentos, atención médica, recreación e incluso albergue a niños de escasos recursos o en situación de calle. 

La dictadura disolvió a organizaciones como Operación Sonrisa y la Fundación Padre Rafael María Fabretto, que continuaba la obra iniciada en Nicaragua por el sacerdote italiano.

La justificación del régimen es un supuesto incumplimiento en los reportes financieros. De esa manera ha cerrado organizaciones religiosas, de mujeres, médicas, empresariales y de periodismo, además de canales televisivos que no estaban en línea con la dictadura. 

La cacería de ONG no solo afecta a las personas que directamente han quedado en el desempleo, sino también a la población que recibía sus beneficios o aspiraba a conseguir un puesto laboral en una de estas organizaciones.

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