Así como Costa Rica ha sido el principal destino de miles de nicaragüenses que desde abril 2018 se vieron obligados a huir de la persecución ejecutada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, los nicaragüenses son los que acumulan más deportaciones, según revelan datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de la nación del sur.
Recientemente, oficiales de la Policía de Migración informaron que deportaron a 40 extranjeros, de ellos 38 eran nicaragüenses, cifra que aumentó a 263 connacionales deportados desde el 1 de enero al 9 de mayo de 2023. En este período, Costa Rica ha deportado a 334 extranjeros, lo que quiere decir que el 78.74 por ciento lo encabezan los nicaragüenses.
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Los 263 connacionales deportados en el primer cuatrimestre de este 2023, representan el 53 por ciento del total de nicas deportados en todo el 2022, cuando fueron 504 nicaragüenses. Lo que quiere decir que si se mantiene este ritmo, las cifras totales de 2023 aumentarán.
El comisionado Enrique Arguedas, director de la Policía de Migración, confirmó a LA PRENSA que en lo que va del año “si hacemos una comparación con los números del mismo período del año pasado hemos tenido un incremento de más del 50 por ciento”. En los últimos cinco años la nación del sur ha deportado a 4,204 nicaragüenses. La mayoría, dice Arguedas, son varones.
Sobre el aumento de las deportaciones de connacionales, Arguedas menciona que a su criterio responde al aumento de migrantes nicaragüenses que hay en Costa Rica a diferencia de otras nacionalidades, que lo propicia la cercanía con Nicaragua y la búsqueda de mejores oportunidades laborales.
“A lo largo de la historia la mayor cantidad de migrantes que tiene Costa Rica son nicaragüenses, a razón de eso posiblemente sea el aumento en la cantidad de deportados de ciudadanos en comparación a otros países”, indicó.
Razones de las deportaciones
La DGME establece que las deportaciones se realizan cuando se detecta que una persona extranjera está en una condición migratoria irregular, particularmente por cuatro razones: la primera tiene que ver por haber ingresado clandestinamente al país o sin cumplir las normas de ingreso y permanencia, es decir por un puesto fronterizo no autorizado.
La segunda razón es haber obtenido el ingreso y/o permanencia en el país por medio de declaraciones o la presentación de visas o documentos falsos o alterados. La siguiente, es haber permanecido en el país con plazo de autorización vencido, y que haya sido invitado a abandonar el país y no lo realizó en el plazo dispuesto, y finalmente haber cometido delitos menores en Costa Rica.
Sin embargo, Arguedas aseveró que cuando un nicaragüense está en Costa Rica de manera irregular y no tiene ningún comportamiento antisocial, es decir, “personas que no puedan cometer alteraciones al orden público, riñas, problemas callejeros, y otras situaciones similares, lo que hacemos es notificarles para que se presenten a las oficinas de la DGME para que regularicen el estatus migratorio”. Si se niegan a atender la notificación pueden ser deportados.
El comisionado director sostiene que la mayoría de nicaragüenses deportados fueron “sorprendidos en actos antisociales” y delitos menores como robo agravado, daños o robo a la propiedad y tráfico de drogas, delitos que deben saldar antes de ser deportados.
“Aquellas personas que son puestas a disposición de Migración por parte de las autoridades judiciales, o sea un nicaragüense que ha sido condenado por delito privativo de libertad una vez que cumple la condena, Migración prosigue con la aprehensión y se inicia los trámites de deportación. Las personas que se deportan por delito, son los que ya cumplieron condenas”, explicó.
Cabe mencionar que hay condicionantes que impiden aplicar una deportación, que van desde las personas menores de edad, los refugiados y los solicitantes de refugio. No obstante, Arguedas apuntó que si la persona comete algún delito se le retira el estatus que se le dio y posterior se procede a la deportación.
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“Es un proceso más largo, porque es evaluado por las instancias correspondientes. Porque a un nicaragüense al que hay que eliminarle su estatus puede demorar hasta dos meses, dependiendo de los alegatos judiciales a los que recurra en un centro de retención de migrantes, antes de ser deportados”, precisó.
Una vez que la persona es deportada tiene prohibido reingresar al país por un período de cinco años, indica la Ley General de Migración ( N. 8.764). “Esto pasa mucho, nosotros los deportamos y hay mucha incidencia de retorno, y volvemos a deportarlos”, subrayó.
Proceso de la deportación
Sobre cómo es el proceso de deportación, Arguedas explicó que a la persona se le hace una pequeña entrevista, posterior verifican su estatus migratorio y judicial.
“Si tiene algún requerimiento judicial, esa persona pasa a las manos de las autoridades judiciales, sino tiene ningún requerimiento nos contactamos con la Embajada de Nicaragua en Costa Rica para que nos documenten a la persona que le estamos refiriendo, es decir, que nos rectifiquen a través de un documento que la persona es quien dice ser y no deportar a alguien que no es, que esté utilizando otro nombre”, mencionó el comisionado director de la Policía de Migración.
El proceso de comunicación y respuesta con la embajada nicaragüense en ese país puede durar de 3 a 4 días,durante ese tiempo los ciudadanos permanecen en un centro para migrantes. Por lo que le da tiempo de verificar que tenga el esquema de vacunas anticovid y por supuesto, que no tenga covid-19.
Enseguida, los trasladan hacia Las Tablillas, uno de los cruces fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, es ahí “donde nos reciben las autoridades nicaragüenses a las personas deportadas”.