Juan Manuel Almeida Morgado, uno de los detenidos por la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), murió en su residencia luego que se le otorgara una medida de arresto domiciliario, informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
“Juan Almeida sufría -desde hace tiempo- una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática: al momento de su deceso, se encontraba en su residencia”, escribió el fiscal en Twitter la madrugada del martes.
Almeida era señalado como “operador tecnológico de la trama PDVSA-Cripto», que involucró operaciones paralelas con cargas de crudo.
El 14 de abril, su presentación ante la justicia ocurrió en un centro médico “en resguardo a su derecho a la salud”, según un periodista del canal del Estado mientras reportó desde el tribunal en el que fueron presentados otros implicados en la trama de corrupción.
De acuerdo a medios locales, Almeida, quien se exponía en Twitter como “hacker N33” era responsable de diversos hackeos a portales y periodistas. Además, era cercano a Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones sobre “graves hechos de corrupción” y quien no aparece públicamente desde inicios de marzo.
Con Almeida son dos las personas implicadas en los escándalos de corrupción en empresas estatales que mueren bajo custodia del Estado.
El mes pasado la fiscalía ordenó investigar la muerte de Leoner Azuaje Urrea, quien había formado parte de la junta administradora de Cartones de Venezuela (Cartoven) y que había sido presentado horas antes para ser imputado de varios delitos no precisados.
“He comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: instruyendo a la Unidad de Criminalística del MP junto al CICPC para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y la autopsia de ley”, escribió Saab en Twitter en ese entonces.
Hace casi dos meses la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela (PNA) inició operativos en los que decenas de personas, entre ellas ex altos funcionarios públicos, han sido detenidas e imputadas por estar incursas en “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en la estatal PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartoven y el sistema judicial.
En varias ocasiones activistas de derechos fundamentales han reiterado que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
