Desde los inicios de las protestas en abril de 2018 los aparatos represivos bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, atacaron sin piedad sin importar que las consecuencias fueran mortales. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en abril de 2018 hubo 63 víctimas mortales y en total la cifra de muertos superó las 350 personas.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes menores de 30 años y el día de abril que hubo mayor número de víctimas fue el 22 de abril, con 21 nicaragüenses asesinados por las fuerzas de choque y agentes de la policía al servicio de la dictadura, según han afirmado organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Debido al auge que tuvieron los primeros enfrentamientos en el país, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Estos investigaron los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. Entre las conclusiones a las que llegaron fue que el presidente y vicepresidenta ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, esto a través de la implementación de una política de represión y avalada por la máxima autoridad del Estado.








Los tres primeros asesinados
Entre la memoria colectiva de la población, el 19 de abril de 2018 marcó una ruptura en el tiempo. Los medios, las noticias y las redes sociales se inundaban de las manifestaciones estudiantiles y civiles en diversas partes del país. Circulaban vídeos explícitos que exponían como los protestantes estaban siendo atacados, algunos salían heridos y los más valientes salían a seguir defiendo a sus compañeros en primera línea de lucha.
Todos temían por la vida de los participantes. El 19 de abril se reportaron las tres primeras víctimas mortales. Richard Pavón de 17 años, Darwin Urbina de 29 años y el policía Hilton Manzanares Alvarado, estas muertes fueron reconocidas por el Estado de Nicaragua.
Los padres del joven Pavón desconocían que estaba manifestándose en Tipitapa. Unos amigos de su hijo llegaron corriendo a buscar al padre del joven para decirle que estaba en el hospitalito Yolanda Mayorga, le dijeron que lo habían herido de bala. Al preguntar por su hijo a una de las trabajadoras sanitarias entendió rápidamente lo que había sucedido, Richard Pavón había fallecido.
En diferentes ocasiones Carlos Pavón ha relatado a los medios que el cuerpo de su hijo estaba con diversas heridas de bala. Al día siguiente, durante la comparecencia diaria de Murillo en los medios oficialistas al medio día señaló al joven como “activista sandinista”. Los familiares de este joven siguen esperando justicia por el brutal asesinato del menor. Testigos aseguraron que las balas que lo acabaron con la vida del joven salieron de la Alcaldía de Tipitapa, en poder del Frente Sandinista.

El segundo muerto fue Darwin Urbina, su asesinato quedó registrado en redes sociales. “Desde la otra calle, nos disparaban hasta el momento que se acercaron y llegaron al inicio de la calle. Había unos escombros de construcción. Todo estaba oscuro; nos escondíamos ahí. En una de esas, Darwin agarró unas láminas de zinc y se cubrió la cara y el pecho para cruzarse al otro lado. Miré cómo de unas escaleras de concreto salió el policía y le disparó y él lo hizo dar vueltas de 360 grados en el aire, yo miré todo eso”, relató anteriormente un manifestante a LA PRENSA.

Sobre el responsable de la muerte del agente de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Hilton Manzanares, las autoridades acusaron a “los vándalos”, sobrenombre que Murillo ocupa para referirse a los opositores. Carlos Bonillo, fue condenado a 90 años por el fallecimiento de Manzanares. Sin embargo, el informe del GIEI reveló diversas inconsistencias que dejan dudas sobre la supuesta culpabilidad del ciudadano.
Las debilidades en la prueba aportada durante el debate, especialmente el dictamen de trayectoria balística, generan serias dudas sobre su culpabilidad. Por otra parte, las autoridades encargadas de la investigación no agotaron todas las líneas de investigación, por ejemplo, no indagaron si el disparo pudo provenir de los otros oficiales que se encontraban presentes esa tarde en ese lugar”, señaló el informe.

22 de abril de 2018
Durante el quinto día de protesta, la razón para manifestarse había cambiado. Ya no solo manifestaban por la reforma al Instituto de Seguridad Social, sino por los crímenes que había cometido la dictadura Ortega y Murillo. En esos días las protestas ya eran a nivel nacional, y en los días anteriores ya se podían contabilizar 28 muertos entre ciudadanos y antimotines. Además de cientos de heridos y un gran número de detenidos por la represión policial.
Los enfrentamientos ya habían alcanzado relevancia internacional, lo que provocó que el papa Francisco declarara estar “preocupado” por lo que estaba ocurriendo. El 22 de abril transcurrió entre saqueos a diversos negocios del país, población desesperada en busca de granos básicos.

Los mayores enfrentamientos entre ciudadanía y policías ocurrieron en los departamentos de Jinotega, Masaya y Managua. A finales del día, bajo la complicidad de la noche se realizaron ataques contra los jóvenes que se habían tomado la antigua Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
Se reportaban a través de las redes sociales que había fuerte presencia policial desde horas de la mañana. Los jóvenes suplicaban por vehículos o ambulancias que trasladan a los heridos que habían sido atacados durante la vigilia que estaban realizando. En horas de la mañana, Ortega había hecho un supuesto “llamado a la paz”, los cuales los manifestantes mencionaron que fueron simples palabras.