Doce años después que los diputados de la Asamblea Nacional crearon la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, que entre otras cosas, fiscalizaría la construcción y operación del canal y garantizaría que siempre estuviese abierto el tránsito de naves, a la entidad le han asignado más de 60 millones de córdobas en partidas anuales del Presupuesto General de la República.
Se desconoce en qué se invierten estos recursos, pues a pesar de que en 2014 colocaron la primera piedra y aseguraron que en 2021 comenzaría a operar, el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos.
Según reportes oficiales, en 2022 la entidad recibió y gastó 7.83 millones de córdobas. Con dicha partida completa 55.73 millones recibidos entre 2012 y el año pasado. Además, el Presupuesto de 2023 contempla entregarle 8.22 millones de córdobas más para completar 63.95 millones.
En junio de 2012 los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Y en agosto ratificaron el nombramiento de Manuel Coronel Kautz en el cargo de presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico. Ese mismo año le asignaron una partida presupuestaria de 2 millones de córdobas. Desde entonces la cifra ha crecido anualmente, hasta alcanzar 8.22 millones contemplados en el presupuesto de 2023.
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¿Cuál de las funciones asignadas realiza?
Según la Ley 800, algunas de las funciones de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico son:
1. Promover y crear la Empresa Gran Nacional de Nicaragua.
2. Gestionar y procurar la obtención del capital inversionista necesario para conformación de esta.
3. Supervisar todas y cada unas de las fases de estudio, construcción y operación de El Gran Canal de Nicaragua; creando normas y regulaciones que le permitan vigilar y fiscalizar, todo lo concerniente al mismo.
4. Velar permanentemente y en forma especialmente prioritaria por la preservación y protección del Gran Lago de Nicaragua, invaluable activo del patrimonio nacional, implementando las medidas técnicas y ambientalistas necesarias para evitar su contaminación y conservar la potabilidad y sustentabilidad de sus aguas.
5. Garantizar que El Gran Canal de Nicaragua siempre permanezca abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todos los Estados del mundo, sin discriminación.
Pese a que ninguna de las funciones que la ley le asigna a la entidad se estarían desarrollando, anualmente le asignan parte del presupuesto y la institución los recibe y ejecuta. Se desconoce si estos recursos se destinan para cubrir la deuda de unos 74.6 millones de córdobas que la entidad asumió con la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional (Caruna) entre 2014 y 2016. Estos créditos los recibió a través del desaparecido Bancorp.
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Presupuesto 2022 con sobrecumplimiento
De acuerdo con el Informe de Liquidación del Presupuesto 2022, la Autoridad del Gran Canal Interoceánico es una de las instituciones que ejecutó el ciento por ciento de la partida asignada en el 2022. De hecho, el documento detalla que el año pasado el Estado percibió 120,696.3 millones de córdobas en ingresos totales y que el monto equivale a un grado de ejecución de 106 por ciento respecto al presupuesto anual actualizado. Es decir, un sobrecumplimiento de 6 por ciento que equivale a 6,810.1 millones de córdobas.
“Con respecto a lo observado 2021, el gasto total ejecutado 2022 de 115,202 millones es mayor 4.9 por ciento (5,430.7 millones de córdobas), impulsado por el gasto corriente, cuyo monto de 85,269.9 millones crece 11.4 por ciento (8,733 millones). Mientras que el gasto de capital con ejecución de 29,932.1 millones se reduce en 9.9 por ciento (3,302.3 millones de córdobas)”, detalla el informe de liquidación del Presupuesto 2022.
También explica que los ingresos de recaudación siguen siendo la principal fuente que financia al Presupuesto. “Queda en evidencia la preferente atención del gasto 2022 con destino social y los recursos orientados a la infraestructura de transporte y comunicación”. De hecho, durante el 2022 el Ministerio de Salud (Minsa) con 21,487.9 millones de córdobas, el de Educación (Mined) con 15,327.8 y el de Transporte e Infraestructura (MTI) con 14,702.7 millones son las tres instituciones con ejecutaron más recursos.
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Proyecciones para el 2023
Siguiendo el orden, luego se ubica la partida destinada al Servicio de la deuda (intereses y comisiones) con 7,274.3; Ministerio de Energía y Minas (MEM) con 6,646.9; Hacienda con 5,150.2; Policía con 4,506.5 millones; Corte Suprema de Justicia (CSJ) con 3,814.3 millones; Ejército de Nicaragua 3,401.2 millones y cierra la lista de las diez partidas más altas que se ejecutaron en 2022 la del Consejo Supremo Electoral (CSE) que fue de 1,903.8 millones de córdobas.
Para el 2023 la tendencia se mantiene y las partidas asignadas en el Presupuesto son muy similares. Al Minsa le asignaron 21,674.9 millones de córdobas, Mined 15,868 millones y MTI 9,177.6 millones. Este último es el que muestra una variación considerable, que representa una reducción de 5,525 millones de córdobas.
La partida del servicio de la deuda se redujo en 425 millones, al bajar a 6,849.3 millones. Otro recorte drástico se lo hicieron a la partida del MEM que bajó a 886.2 millones, es decir un recorte de 5,760.7 millones. La de Hacienda bajó a 2,545.1, dicho monto significa una merma de 2,605.1 millones con respecto a 2022. A la Policía le redujeron 195 millones con respecto al año pasado, ya que solo le asignaron 4,311 millones. En cambio a la CSJ le aumentaron 396.2 millones, con una asignación de 4,210.5 millones. La partida del Ejército será de 3,455.8 millones, similar a la del año pasado, y la del CSE bajó a 832.9 millones, que representan un recorte de 1,070.9 millones de córdobas con respecto a la del 2022.