Las sanciones impuestas este miércoles por Estados Unidos contra los magistrados orteguistas Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh y la jueza Nadia Tardencilla, reavivaron la propuesta del Parlamento Europeo que demanda a la Unión Europea (UE) sancionar a magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y a jueces orteguistas, por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
«EE. UU. sancionó a tres funcionarios del sector judicial. Ya hace un año que remití al Alto Representante (Josep Borrell) una lista con todos los jueces responsables de las condenas a los presos políticos. Tenemos que hacer más uso de estas herramientas y hacer que Ortega se sume a la lista de sancionados que ya integran Murillo y sus hijos», dijo a LA PRENSA la europarlamentaria Soraya Rodríguez.
El 9 de junio de 2022, con 524 votos, de un total de 704 miembros, el PE aprobó una resolución común sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua en la que demandó a la Unión Europea sancionar a los magistrados del TAM, incluido Octavio Rothschuh, y a 14 jueces orteguistas, quienes han condenado en los últimos meses a opositores en el país.
UE debe tomar medidas más restrictivas
Luego de conocerse la noticia sobre la suspensión del plácet a quien sería el nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Fernando Ponz, la eurodiputada Rodríguez concluyó en términos prácticos que dicha decisión del régimen significa ampliar «nuestras medidas restrictivas contra los responsables de violaciones de DD. HH.».
Por su parte, Javier Nart, quien forma parte de los europarlamentarios que hicieron la petición de sanciones a los jueces orteguistas, expresó que el régimen de Nicaragua está «rompiendo con todo mundo; las relaciones de Europa con Nicaragua y con un Frente Sandinista en un pasado fueron extraordinariamente importantes y muy solidarias».
Incluso recordó que «Daniel Ortega fue receptor de una ayuda solidaria extraordinaria por parte de Europa, incluso durante la guerra (…)».
A la vez lamentó que Ortega y su esposa, la cogobernante Rosario Murillo, hayan roto relaciones diplomáticas con el Vaticano, siendo Nicaragua un país con gran población católica.
«Ha expulsado a su nuncio sencillamente por pretender que se respetaran los derechos humanos, por los mismos que Ortega clamaba en el pasado, por aquel Chipote al que denunciaba como un centro de torturas y barbarie que ahora lo tiene él. Es un espiral sin otro límite que el derrumbe en el fango y la ignominia de la pareja presidencial», agregó Nart.
Abogan por más apoyo a la sociedad civil
La eurodiputada también expresó que «tenemos que dar más apoyo a la sociedad civil» nicaragüense. «Hace una semana organicé, por ejemplo, una reunión junto al representante especial para los DD. HH. de la UE, Eamon Gilmore, y diferentes actores de la sociedad civil nicaragüense para acumular experiencias y buscar soluciones. Estamos en este camino», indicó.
A la vez insistió en que «tenemos que perseguir las vías de corrupción de las que se alimenta la dictadura. Y por último, precisamente en la línea de evitar esa impunidad, tenemos que explorar vías en los Estados miembros de la UE para, a través de la jurisdicción universal, llevar al banquillo a los responsables de crímenes en Nicaragua. Por tanto, tenemos un trabajo que hacer y continuaremos desarrollándolo pese a la dictadura».
El PE ha seguido de cerca la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua como consecuencia de la represión que ejecutó el régimen de Ortega en abril 2018 para aplacar las protestas antigubernamentales. En respuesta a las acciones represivas ha aprobado al menos seis resoluciones en las que condena la violación a los derechos humanos, solicita imposición de sanciones a funcionarios orteguistas e incluso demanda la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica.
