Informaciones procedentes del Caribe Norte de Nicaragua, dan cuenta de que se han intensificado las invasiones a los territorios de los indígenas, por parte de los llamados “colonos” que llegan del interior del país quienes también agreden, armas en mano, a los indefensos comunitarios.
Al respecto LA PRENSA publicó este jueves 16 de marzo unas declaraciones de Anexa Alfred Cunnighan, abogada de origen nicaragüense miskito, quien es una experta del Mecanismo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La abogada Alfred Cunnighan denunció “la violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en sus territorios ancestrales (que) constituye un verdadero genocidio, delitos de lesa humanidad”. Y se lamentó de que esto “no es denunciado por las voces a nivel local ni a nivel nacional”.
Señaló la experta nicaragüense en derechos humanos indígenas que “están desintegrando sus territorios… el vínculo más fuerte que tienen las comunidades. Nos quitan las tierras, los recursos naturales y ahora van contra la vida de las personas que viven en las comunidades indígenas”, manifestó la abogada.
Por razón histórica y principios de derecho y justicia esto no debería estar ocurriendo en Nicaragua. Un país que además tiene un régimen autocalificado como de izquierda revolucionaria. Como se sabe, después del colapso del comunismo en la desaparecida Unión Soviética y sus satélites de Europa Oriental, la izquierda de todos los matices enarboló las banderas de las identidades y derechos de género, de la juventud, de las familias y de los indígenas, entre otras.
De manera que en los países donde gobierna la izquierda, sea democrática o autoritaria, no debería haber problemas tan graves como los que ocurren en el Caribe Norte nicaragüense. Más bien, aquí los indígenas deberían gozar de una protección especial de la sociedad y el Estado, o al menos que se cumplan básicamente las leyes indígenas que están vigentes.
La izquierda no cesa hasta ahora de denunciar las brutalidades de los europeos contra la población aborigen que se practicó durante la conquista y la colonización de las Américas. Pero han pasado ya más de doscientos años desde la independencia nacional que puso fin a la dominación europea en estas tierras, tiempo más que suficiente para que pudieran construir sociedades libres y prósperas. Y sobre todo para que se terminara el sufrimiento de los indígenas por causa de la dominación de personas, tanto extranjeras como nacionales.
En realidad, es una vergüenza nacional, que en la actualidad haya situaciones como las que denuncian los indígenas del Caribe Norte y la abogada miskita Anexa Alfred Cunnighan.
A nivel mundial, existe con fuerza jurídica de tratado internacional la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Esta declaración obliga a los Estados a garantizar “el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses”.
Además, el capítulo VI de la Constitución Política de la República de Nicaragua, titulado Derechos de las Comunidades de la Costa Caribe, contiene tres artículos que garantizan todos los derechos de los indígenas nicaragüenses, como personas y comunidades.
Sin embargo esos derechos no se respetan ni se cumplen, por falta de voluntad e interés de quienes detentan el poder del Estado. Después de 202 años de vida política independiente, de que terminó el régimen colonial de los conquistadores españoles, los indígenas sufren la agresión de los nuevos conquistadores, nicaragüenses para su mayor desgracia.
Y el reconocimiento real de los derechos y de la dignidad humana de los compatriotas indígenas sigue siendo una tarea pendiente.
