El 31 de enero de 2023, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 y analizó a 180 países y territorios. La puntuación de Nicaragua fue de 19, lo que demuestra que somos un Estado corrupto con elevados niveles de impunidad, nepotismo y nula independencia de los Poderes del Estado. La decadencia en la puntuación del país fachada se ha observado desde el año 2012 (29 puntos), 2013 y 2014 (28 puntos respectivamente), 2015 (27 puntos), 2016 y 2017 (26 puntos), 2018 (25 puntos), 2019 y 2020 (22 puntos), y 2021 (20 puntos).
Anualmente TI presenta el IPC, que se ha convertido en el ranking más utilizado a nivel mundial. La finalidad es calificar los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país. El IPC se evalúa según la escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción) y las puntuaciones no reflejan las opiniones de TI ni de sus trabajadores, sino que se basa en fuentes de datos tomados de estudios y evaluaciones de entidades que gozan de credibilidad como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
En 2022 TI formuló cuatro recomendaciones para todos los países: 1. Defender los derechos que permiten pedir cuentas al poder, 2. Restituir y reforzar la supervisión del poder. 3. Combatir la corrupción transnacional. 4. Defender el derecho a la información del gasto estatal. Sin embargo, hemos sido malos alumnos en temas de transparencia y anticorrupción y por eso es el descenso estrepitoso en la puntuación del IPC 2022 y de continuar los niveles de nepotismo e impunidad en la Administración Pública lo más seguro es que lleguemos a obtener las puntuaciones más bajas comparadas a la de Siria (13), Somalia (12) y Haití (17).
En 2023, Daniel Eriksson, director ejecutivo de TI, manifestó: “El dato positivo es que los lideres pueden combatir la corrupción y promover la paz al mismo tiempo. Los gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe al público en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro para todos nosotros”.
La radiografía de Nicaragua es la de un país en una latente crisis social, política, económica, humanitaria y de transparencia. Las prácticas corruptas están presentes en todos los sectores públicos del Estado y no da tregua porque se han aniquilado los espacios de participación ciudadana y las voces disidentes, no se permite el acceso a la información pública, y hay una evidente inexistencia de institucionalidad.
Otro aspecto negativo de Nicaragua es que se ha separado de los espacios internacionales que brindan seguimiento a los niveles de corrupción como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesisic), que es el brazo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de Nicaragua no permitió las visitas in situ que realiza el Comité de Expertos del Mesisic a cada Estado y tampoco se presentó a la Sexta Ronda de Seguimiento y Evaluación donde se está abordando el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 3ª Ronda en relación con la extradición, el soborno trasnacional, los beneficios tributarios, el enriquecimiento ilícito y el secreto bancario.
Nicaragua es un país con urgencia inminente de democratización y de fortalecimiento de sus instituciones públicas apegadas a derechos y que sean capaces de dar respuesta a la ciudadanía en sus demandas cotidianas de esa manera se logrará priorizar los compromisos contra la corrupción, el reforzamiento de los mecanismos de pesos y contrapesos y la reivindicación del derecho a la información que en 2023 ha propuesto TI.
La autora es máster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca-España
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