Defensores de derechos humanos repudiaron las recientes condenas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo realizaron a varios presos políticos, entre ellos líderes estudiantiles, familiares de opositores y sacerdotes, religiosos y laicos de Matagalpa.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, condenó la declaratoria de culpabilidad en contra de los jóvenes Mildred Rayo y Miguel Flores, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
La fiscalía solicitó para Mildred y Miguel, 8 y 10 años de cárcel respectivamente, en un juicio «arbitrario y violatorio a los derechos y garantías constitucionales» desde el momento de su captura en Cárdenas, Rivas, el primero de noviembre de 2022 por parte del Ejército de Nicaragua.
«Denunciamos el estado policial y de excepción que actualmente está sosteniéndose en Nicaragua y la instrumentalización del poder judicial y las fuerzas militares en contra de la población», afirmó el Colectivo en un comunicado.
Sentencias inconstitucionales
En el comunicado referido a los religiosos el Colectivo catalogó las sentencias como «inconstitucionales» y repudió la declaratoria de «culpabilidad» en contra de siete personas entre sacerdotes, diáconos, seminaristas y laicos, pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
En el juicio arbitrario e inconstitucional, la fiscalía pidió 10 años de cárcel y 800 días multas contra los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores, quien se desempeñaba como camarógrafo del canal católico en Matagalpa.
«Denunciamos la criminalización de personas religiosas a través de juicios que carecen de total legalidad, que violan el debido proceso, tanto las normativas internas como el código procesal penal y la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías internacionales en materia de derecho humanos».
Agregan que las sentencias contra sacerdotes, religiosos y laicos, «constituyen un hecho sin precedentes en la historia del país y son, además de inconstitucionales, infames e injustas».
Sentencias contra familiares inconstitucionales, injustas e infames
En el caso de los familiares del opositor en el exilio Javier Álvarez, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, catalogó la sentencia como «inconstitucional, injusta e infame».
La sentencia es de ocho años de cárcel en contra de Jeannine Horvilleur, de 63 años y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas con nacionalidades nicaragüense y francesa, por los supuestos delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
«La sentencia contra la Familia Álvarez Horvilleur es inconstitucional, injusta e infame, forma parte del estado de terror que ejecuta el régimen Ortega Murillo, que receta cárcel o exilio como el que sufre Javier Álvarez Zamora, esposo y padre de las presas políticas», indicaron.
Don Javier señala que tanto su esposa como su hija sufren de enfermedades crónicas agravando la situación de privación de libertad.
