La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 28 de diciembre de 2022 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales a favor de 11 personas privadas de su libertad, junto a sus respectivos núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua.
Las 11 personas son: (1) Norlan José Cárdenas Ortiz; (2) Jaime Enrique Navarrete Blandón; (3) Osman Marcel Aguilar Rodríguez; (4) Ezequiel de Jesús González Alvarado; (5) Denis Javier Palacios Hernández; (6) Uriel José Pérez; (7) Ernesto Antonio Ramírez García; (8) Edder Oniel Muñoz Centeno; (9) Nidia Lorena Barbosa Castillo; (10) Juan Lorenzo Holmann Chamorro; y (11) José Santos Sánchez Rodríguez.
Estas personas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y se encuentran actualmente privadas de libertad en Nicaragua en: (1) Complejo Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa o SPN La Modelo o Cárcel La Modelo; (2) SPN Granada; y (3) Complejo de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez o Nuevo Chipote o el Chipote.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Holmann Chamorro, gerente general del Diario LA PRENSA y preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 14 de agosto de 2021.
La CIDH destaca que son personas públicas, conocidas, identificadas o percibidas como oposición o críticas al actual Gobierno de Nicaragua pues se han manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos. Asimismo, son integrantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense.
El gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido en horas de la madrugada del 14 de agosto de 2021, después de que la Policía orteguista se tomara las instalaciones del Diario. Holmann fue condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
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Nidia Lorena Barbosa Castillo es una de los diez presos políticos mayores de 66 años, con graves problemas de salud. Padece bradicardia sinusal y artritis reumatoide. Entre el 6 de noviembre y el 14 de diciembre, cuando estuvo detenida en la estación policial de Masaya, en tres ocasiones fue hospitalizada en estado grave.
Fue detenida el 6 de noviembre, en la víspera de las votaciones presidenciales de 2021, en las que Ortega aseguró su continuidad en la Presidencia del país. Sentenciada a 11 años de prisión y 800 días multa (más de 52 mil córdobas) el pasado 16 de febrero 2022.
Norlan José Cárdenas Ortiz es el único procesado en el caso Chabelo. Fue detenido durante el tiroteo ocurrido en el Reparto Cailagua, Masaya, el 30 de noviembre de 2019, cuando la Policía orteguista buscaba el paradero de José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, quien fue asesinado un día después por efectivos de la Policía orteguista.
Mientras, Jaime Enrique Navarrete Blandón fue arrestado por primera vez en 2018, condenado por el supuesto delito de asesinar a un paramilitar, fue liberado por la Ley de Amnistía en 2019 y recapturado cerca de un mes después, acusado de posesión de drogas y portación ilegal de armas.
Osman Marcel Aguilar Rodríguez era un comerciante de 40 años, que fue detenido arbitrariamente por la Policía el 7 de julio de 2019.
Ezequiel de Jesús González Alvarado, de 24 años, es originario de Masaya, secuestrado el 3 de agosto de 2019.
Denis Javier Palacios Hernández fue condenado a seis años por los supuestos delitos de posesión de armas y bombas de contacto. Fue secuestrado el 23 de julio de 2019.
Uriel José Pérez fue detenido por la Policía por supuestamente una explosión de un puente en San Isidro, pero la acusación se realizó por supuesta portación de drogas.
Ernesto Antonio Ramírez García se encuentra en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, más conocido como La Modelo; fue capturado en Jinotepe el 16 de mayo de 2019, lo acusaron de los delitos comunes de narcotráfico y portación de armas, y fue condenado a 20 años de prisión. Él participó en las protestas cívicas de abril de 2018 y en los tranques.
Edder Oniel Muñoz Centeno, de 35 años, originario de Masaya, fue capturado el 23 de noviembre de 2021. Fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, a pesar de que la Policía sabía que se dedicaba a la agricultura y a la crianza y venta de cerdos.
José Santos Sánchez Rodríguez, recapturado en septiembre de 2019 y lo acusaron de haber fabricado dos bombas que fueron detonadas en Chinandega, lo que Sánchez negó. “No he fabricado nada de lo que ellos me están acusando”, expresó.
La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de todas las personas mencionadas y sus núcleos familiares entre 2020 y 2022, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad a los que hace referencia el artículo 25 de su Reglamento. Pese a las solicitudes de la CIDH para obtener información del Estado no se recibió respuesta sobre medidas adoptadas para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante, debido a que la información indica que estas personas permanecieron incomunicadas y en condiciones de detención que los ubican en una situación de riesgo extremo. Asimismo, se alegó que no contarían con las garantías mínimas de todo proceso penal, en un contexto de escalamiento de la crisis en Nicaragua.
“La Comisión considera que los derechos de estas 11 personas se encuentran en una situación de riesgo extremo y están expuestas a ser objeto de inminentes actos de violencia, y sus núcleos de familiares, a sufrir represalias por las acciones que realicen para demandar justicia. Por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que ordene al Estado adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad, salud y libertad de las 11 personas identificadas y de sus núcleos familiares en Nicaragua, considerando el enfoque de género y etario, según corresponda, y, proceder a la liberación inmediata de las 11 personas identificadas privadas de su libertad en Nicaragua, dadas las condiciones en las que actualmente se encuentran”, se lee en la nota de prensa de la CIDH.
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
