Los informes de Voces del Sur, hasta noviembre de 2022, reflejan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetuado más de 701 ataques a la libertad de prensa. Aunque la cantidad de ataque fue menos mes a mes, la reducción se atribuye al exilio masivo de periodistas independientes y medios de comunicación cerrados. Es decir, el orteguismo tiene menos espacio de ataque a nivel interno.
Por cada mes, Voces del Sur resalta uno o dos ataques a la libertad de expresión. En enero resaltó el cierre de Radio Universidad por presiones económicas.
En el informe de febrero se reporta el cierre del canal televisivo Condega Visión, el exilio de seis periodistas y la condena de parte de la Fiscalía a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, a 13 y 9 años de cárcel respectivamente, bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, otra de las leyes aprobadas en 2020.
En marzo el informe reporta que más periodistas se fueron al exilio, entre junio del 2021 y marzo del 2022 al menos 72 periodistas y dueños de medios independientes se vieron obligados al exilio.
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En el mes de abril, Voces del Sur envió un mensaje recordando que “al 30 de abril de 2022 el Diario LA PRENSA cumplió 260 días de permanecer tomada por agentes policiales y antimotines. Como Voces del Sur hemos suspendido el seguimiento a la alerta de toma ilegal del Diario luego de que la jueza sandinista Nadia Tardencilla anunciara la existencia de una orden judicial para que el inmueble se mantenga bajo ‘resguardo policial’, de forma permanente”.
Para mayo la cifra de exiliados relacionados con los medios de comunicación siguió incrementando. “Al menos 118 comunicadores entre: periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, directores y otros trabajadores de medios se han exiliado, entre 2018 y 2022. De este gran total, al menos 79 se han exiliado desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022, siendo Costa Rica el país donde más registran periodistas refugiados, seguido de Estados Unidos y España”, reportó el informe de ese mes.
Asimismo, en mayo el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a las empresas de servicio de cable sacar de su programación al Canal Católico de Nicaragua, Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
En junio el informe del mes registró el allanamiento a las instalaciones del medio Trinchera de la Noticia, por parte de agentes policiales, y en días posteriores se conoció de una cédula judicial que obligaba su cierre definitivo. Por otro lado, los medios católicos TV Merced, propiedad de la Diócesis de Matagalpa y Canal Católico San José, propiedad de la Diócesis de Estelí, fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable, por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor). Con estos 2 últimos casos (y recordando en el mes de mayo el caso del Canal Católico de Nicaragua, Canal 51) en lo que va del año ya suman 3 medios católicos sacados de la parrilla de televisión por cable en el país y 1 medio (Periódico Voz Católica) cerrado como consecuencia de la cancelación de la personería jurídica de la entidad que lo producía.
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Hostigamiento, persecución y allanamiento
Durante el mes de julio Voces del Sur conoció de varias acciones de hostigamiento, persecución y allanamiento a casas de periodistas y otros trabajadores de medios; el uso abusivo de la fuerza policial, y en otros casos de paraestatales obligaron a que casi 20 periodistas nicaragüenses se vieron forzados al exilio.
“La mayor cifra de exiliados fueron los colaboradores del Diario LA PRENSA. Según detalló el medio, muchos de sus colaboradores abandonaron el país sin pasaporte o con este documento vencido, ante la imposibilidad de renovarlo por las restricciones de la Dirección de Migración y Extranjería del país y el temor a ser encarcelados durante el proceso”, detalló el informe de julio.
“Periodistas, editores, fotógrafos y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua en las últimas dos semanas, para resguardar su seguridad y libertad”, refiere una publicación de LA PRENSA.
La consumación de la confiscación de las instalaciones del Diario LA PRENSA fue reportada en el informe de agosto. Según medios oficialistas en el edificio del periódico funcionará un centro Cultural y Politécnico llamado “José Coronel Urtecho”, lo anterior pese a que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación.
Otro ataque a la libertad de expresión que resalta en el informe de septiembre es la cancelación de CNN en las señales de cable. “Desde Voces del Sur denunciamos que el 21 de septiembre a las 10:07 p.m. hora local de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega mandó sacar la señal de CNN en Español de la parrilla de televisión por cable disponible en el país”, indicó Voces del Sur.
“El día de hoy el Gobierno de Nicaragua sacó nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de nuestra cadena, en la que han confiado durante más de 25 años”, refiere un comunicado publicado por la cadena televisiva.
En octubre el informe reportó cuatro periodistas más obligados al exilio. En uno de los casos el comunicador se dirigió a Costa Rica a visitar a su familia y al intentar regresar fue avisado de que no tenía autorización para entrar al país.
“Por otro lado, lamentamos que el Gobierno mantenga la política de falta de acceso a la información pública especialmente antes y durante el proceso de votaciones municipales efectuadas el 6 de noviembre del 2022”, remarcó Voces del Sur.
Finalmente en noviembre el reporte de agresiones a la libertad de expresión destaca la decisión de la administración del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de firmar dos decretos que modifican las medidas y condiciones de los solicitantes de refugio.
Días antes de la aprobación de estos decretos, Chaves declaró que su país no podía recibir más migrantes económicos y que muchos de los que aducen ser perseguidos políticos llegaban a trabajar y se aprovechaban de las condiciones de los “refugiados legítimos”. A su vez insistió en que la comunidad internacional no le ha brindado el apoyo necesario para enfrentar esta crisis humanitaria, por lo que debía tomar medidas al respecto.
Las medidas aprobadas entraron en vigor el 1 de diciembre y destacan los siguientes aspectos:
- Negativa para que los solicitantes de protección internacional puedan salir a un tercer país, en caso de hacerlo su expediente será archivado.
- Los solicitantes de refugio no tendrán permisos laborales de forma inmediata si no que deberán seguir un procedimiento para conseguirlo.
- Las personas que ya cuenten con un permiso laboral solo podrán renovarlo si están inscritas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
- La presentación de solicitud de asilo político deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país.
