Al finalizar este año, las dictaduras en América Latina —Nicaragua, Cuba y Venezuela— mantienen a 1,476 personas como prisioneras políticas, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió una «inmediata liberación de las personas detenidas por motivos políticos en el hemisferio». El reporte de esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que en estos países se sigue el mismo patrón de trato contra esto reos de conciencia.
Tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron «la intensa instrumentalización del poder judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas en la región», al tiempo que manifestaron «su preocupación por las deplorables condiciones de detención a las que están sometidas; y hacen un llamado para que se adopten medidas inmediatas para liberarlas».
El organismo dijo que «ha seguido con preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno o las que ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos».
«Permanente se recibe información sobre el empleo de la privación de la libertad con el uso discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, así como violaciones al debido proceso y a la protección judicial», agregó.
La CIDH advierte que «las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal».
Indica que en estos tres países se repite un mismo patrón en el tratamiento de los presos políticos:
1) Ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento;
2) Empleo de regímenes de aislamiento e incomunicación;
3) Falta de atención médica oportuna y especializada;
4) Falta de acceso al agua potable y, a la alimentación adecuada;
5) Condiciones insalubres;
6) Obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias, incluyendo a sus hijos e hijas;
7) Restricciones a las visitas por largos períodos de tiempo; y,
8) Sometimiento a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el caso de las «mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social. Asimismo, en el caso específico de las mujeres trans presas de conciencia, Prisoners Defenders documentó que en algunos casos se encuentran detenidas con hombres, lo cual resulta en múltiples violencias. Y se tiene información de la ubicación de mujeres en centros de detención alejados de sus familias como forma de represalia o castigo por el activismo político».
Es por eso que ambos organismos urgieron a los Estados de las Américas a «poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal; les anima a emprender acciones humanitarias que permitan constatar y mejorar sus condiciones de detención, incluyendo el facilitar que sean visitadas por sus familiares y personas abogadas de conformidad con el derecho internacional».
De igual forma, «los Estados deben asegurar que sean respetadas todas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el acceso a una defensa adecuada y, a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, mediante un poder judicial con garantías de independencia e imparcialidad respecto los otros poderes».
