Durante los últimos años, la libertad de expresión y de prensa se encuentran bajo ataque en Centroamérica a causa de los gobiernos autoritarios que se están instalando en la región, señala el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam). Explica que en todos los países es posible identificar patrones que intentan silenciar voces críticas y a la prensa independiente desde los poderes, de tal manera que los riesgos para la profesión periodística se han incrementado significativamente, pero afirman que Nicaragua es el caso más crítico desde 2018.
En un informe titulado «Nicaragua 2021, libertad de expresión y prensa bajo acecho judicial», el Cetcam destacó que tras el estallido de la rebelión de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató «numerosos ataques en contra de medios de comunicación y periodistas, así como contra cualquier ciudadano que se atreva a expresar su opinión públicamente».
El informe muestra un análisis de la situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua en el año 2021, cuando Ortega ejecutó una escalada represiva que ha tenido como resultado «el silenciamiento total de las voces críticas dentro del país, la eliminación de todos los medios de comunicación independientes, persecución, secuestros y juicios espurios contra periodistas y exilio para muchos más».
Retorno de Ortega al poder cercenó la libertad de prensa y expresión
El informe afirma que la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua ha disminuido aceleradamente desde 2007 cuando Ortega volvió a la Presidencia del país, y sostiene que se han desplomado a niveles históricamente bajos desde 2018 hasta el presente día. Esto se ve reflejado en distintos índices. En la clasificación de Reporteros sin Fronteras de libertad de prensa, Nicaragua en 2007 pasó del puesto 47 al 160, de 180 países en el mundo, en 2021.
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En lo concerniente a la libertad de expresión, de acuerdo con el índice elaborado por la organización Varieties of Democracy, Nicaragua estaba en 2007 dentro del 67 por ciento de los países del mundo con mejor libertad de expresión, mientras que ahora está apenas en el 11 por ciento.
En este Informe se explora este fenómeno a través de las variables: propiedad de los medios de comunicación, existencia de espacios y medios independientes, acceso a la información pública, procesos judiciales contra opositores, y agresiones a periodistas.
Tres leyes para la represión
Este Informe también contiene un análisis del propósito y el contenido de las leyes 1040 (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros), 1042 (Ley Especial de Ciberdelitos) y la Ley 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz).
Estas leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional controlada por la dictadura, en 2020 y han sido objeto de crítica por expertos debido a su naturaleza represiva. Ha sido con estas normas jurídicas que el poder judicial, obediente al partido de Gobierno, ha encarcelado a líderes opositores y se han utilizado para amenazar a periodistas independientes y a personas críticas al régimen.
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«Lo que han creado estas leyes son nuevas formas para que el régimen orteguista, a través de mecanismos judiciales, pueda enjuiciar y sentenciar a sus opositores en las áreas que hasta ahora no ha podido controlar a través de la represión de las fuerzas policiales, como por ejemplo la opinión pública en redes sociales, los intentos de cabildeo de la oposición en el extranjero en perjuicio de los intereses del régimen, oenegés y al mismo tiempo protegerse de cualquier oposición electoral legítima», señala el informe.
Cacería de medios independientes
Agregan que el 2021 fue un año funesto para los medios y espacios independientes en Nicaragua. El régimen Ortega-Murillo continuó su cacería contra las voces críticas a su Gobierno, sin importarle las consecuencias que genera a la sociedad civil el cierre de distintas ONG, muchas de ellas con décadas de operar en el país.
A diferencia de otros organismos que fueron clausurados desde el Legislativo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) cerró operaciones voluntariamente en febrero de 2021, debido a las extensas limitaciones para recibir fondos externos, estipulados en la Ley de Agentes Extranjeros. Esta fundación se enfocaba en promover la libertad de expresión y en apoyar a periodistas independientes, intentando también impulsar a las mujeres dentro del periodismo.
Sin embargo, a pesar de haber cerrado operaciones voluntariamente, sus oficinas fueron allanadas en mayo de 2021 por la Policía, luego de que la Fiscalía creó una acusación en contra de la Fundación y su directora, Cristiana Chamorro Barrios, acusando a la FVBCH de lavado de dinero y a su directora de gestión abusiva.
Al mismo tiempo, allanaron las oficinas del diario digital Confidencial, que es dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, quien está exiliado. Esta sería la segunda vez que Confidencial ve sus oficinas intervenidas por agentes policiales, luego que en diciembre de 2018 confiscaran su redacción.
LA PRENSA
Asimismo, los periódicos independientes han sufrido vigilancia y persecución constante de parte del régimen de los Ortega-Murillo por su labor informativa, especialmente desde que en 2018 emergió la crisis sociopolítica. Durante el 2018 y 2019 el régimen impuso un retén de papel de impresión por 500 días. Esta situación obligó al segundo periódico nacional El Nuevo Diario a cerrar operaciones, dejando a LA PRENSA como el único periódico de circulación en todo el país.
Esto se mantuvo así hasta que el 12 de agosto de 2021, tras un nuevo embargo de papel por parte de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), también el Diario LA PRENSA se vio forzado a abandonar la circulación de su periódico impreso, cambiando a la modalidad digital como única manera de informar a la población.
Menos de 24 horas después, la Policía orteguista allanó las instalaciones del Diario con todos sus trabajadores aún dentro del recinto. Al Diario se le acusó de presunta defraudación aduanera y lavado de dinero.
El secretario general de la Junta Directiva, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, bajo la presunción de que solo iba a firmar unos papeles, sin embargo, fue detenido ahí mismo y se le acusó de los mismos presuntos crímenes de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos” que al Diario.
El Cetcam precisa que durante el año 2021 se pueden observar tres distintas formas en las cuales han sido agredidos los periodistas de medios independientes, o sus derechos han sido vulnerados por el Estado de Nicaragua. La primera, es a través de métodos judiciales, usando una de las tres leyes que han sido presentadas en este Informe. La segunda es a través de las fuerzas policiales, y la tercera, por fuerzas paraestatales.
