Los expertos en seguridad reconocen que la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (Ley 749) faculta al Ejército de Nicaragua a retener a ciudadanos que transitan de forma irregular entre las fronteras del país, sin embargo, también explican que existe un protocolo que establece que deben ser entregados a las autoridades correspondientes, porque solo la Policía puede detener ciudadanos.
«El Ejército de Nicaragua en apoyo a los órganos e instituciones del Estado, en los lugares no habilitados para el ingreso legal al territorio nacional y que no tengan presencia las instituciones competentes, debe impedir el tránsito de personas, medios de transporte y mercancías, todo ello con el fin de impedir la violación a la frontera estatal», manifiesta el artículo 11 sobre Seguridad y Defensa Nacional, párrafo 3, de la Ley 749.
La polémica surge por la denuncia de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) que señaló al Ejército de llevar a una delegación militar a dos de sus miembros, Mildred Rayo y Miguel Flores, quienes fueron detenidos el pasado primero de noviembre en las cercanías del río Sapoá, en Cárdenas, Rivas. Hasta este sábado 5 de noviembre, se conoció que los jóvenes están detenidos en la cárcel del Distrito III de la Policía de Managua, pero supuestamente antes estuvieron en una base militar.
«Ellos se movilizaban con dirección a Managua y fueron detenidos para una requisa. En la última comunicación que tuvimos, Miguel Flores expresó que los estaban trasladando a unas instalaciones militares aproximadamente a las 9:30 a.m. Desde entonces se perdió comunicación con ellos. A través de geolocalización, pudimos ubicar el celular de Mildred Rayo y le dimos seguimiento a su traslado. Denunciamos que actualmente se encuentra retenida en un edificio propiedad del Ejército Sandinista, ubicado en Las Colinas, contiguo al Maxi Pali, Managua», detalla el comunicado de AUN en las primeras horas de la detención.
Lea además: ¿Quiénes son los últimos dos jóvenes opositores capturados por el Ejército en Nicaragua?
LA PRENSA solicitó conocer la versión del Ejército por medio de un mensaje enviado al correo electrónico de la Dirección de Prensa, pero hasta el momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta.
Otros casos de opositores detenidos por el Ejército
Desde que inició la represión armada contra las protestas civiles en 2018, se ha visto con alarma que el Ejército nicaragüense detenga a los opositores que huyen por puntos ciegos de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, principal destino de los emigrantes y opositores que son perseguidos en Nicaragua.
En julio de 2018, Christian Fajardo, uno de los dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, fue arrestado junto con su esposa María Adilia Cerrato en el puesto fronterizo de Peñas Blancas por soldados del Ejército de Nicaragua que los entregaron a la Policía del régimen. La pareja estuvo casi un año presa, acusados de terroristas en procesos viciados y sin garantías legales. Ambos están en el exilio.
En agosto de 2018, el coronel en retiro Carlos Brenes, quien mostró su apoyo a las protestas civiles, fue capturado por oficiales del Ejército de Nicaragua en Peñas Blancas y posteriormente fue trasladado por la Policía orteguista a Managua. Luego apareció en los juzgados, acusado por el Ministerio Público como integrante de una agrupación delincuencial que operaba en Jinotepe, Carazo.
El mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam confirmó que «en caso de detenciones, el Ejército tiene que proceder a remitir a los capturados a la Direccion de Auxilio Judicial de la Policía y si no se demuentra ningun delito, más que el ingreso por puntos no autorizados, estan en la obligacion de dejar en libertad a los detenidos».
Otro experto en seguridad, que pidió no ser citado, también reconoció que «en las funciones de protección de fronteras el Ejército puede detener a personas, nacionales o extranjeras, que están cruzando de manera irregular», pero al igual que Samcam, dijo que el deber del Ejército «es entregarlas a las autoridades migratorias o de Policía. La razón es que todo el mundo debería cruzar por puestos de control fronterizo».
Ejército, «juez y parte»
Por otra parte, Samcam señaló que otra normativa que concede amplias facultades al Ejército de Nicaragua es la Ley de Seguridad Soberana (Ley 919), la cual establece que esta institución, a través de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, actúa como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, lo que según Samcam, convierte al Ejército en «juez y parte».
«El problema es que el Ejército tiene la potestad de interpretar la ley a su gusto y antojo. Impedir la entrada de ciudadanos nicaragüenses por cualquier punto fronterizo, autorizado o no, es un asunto que no esta contemplado en la ley, sobre todo si estos no estan delinquiendo, es decir, no estan transportando drogas, armas o mercancias (contrabando)», manifestó Samcam.
En diciembre de 2015 que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Soberana, los críticos advirtieron el peligro que representaba para la ciudadanía una legislación que establecía de forma «discrecionalidad y ambigua” la defensa frente «a toda amenazas a la seguridad soberana», dejando abierta la posibilidad de «afectar a los ciudadanos, tanto en términos individuales como a nivel colectivo, toda vez que ellos (Ejército y Gobierno) consideren a un ciudadano o un grupo de personas una amenaza o riesgo a la estabilidad del país y sin ofrecer mayores argumentos podrían ser objeto de investigación», según valoraciones de los críticos en ese momento.
Nicaragua vive en un contexto de represión
Tras las protestas civiles de abril de 2018, el régimen de Ortega ordenó una brutal represión armada encabezada por la Policía, que dejó más de 300 personas muertas ese año, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, cuatro años después, más de 200 personas están presas por manifestar su oposición y crítica contra el régimen orteguista. Debido a esto, cientos han salido del país por la persecución y el hostigamiento policial.
Aunque el Ejército siempre ha negado su participación en la represión armada, el jefe de la institución castrense, general Julio César Avilés, mantiene su respaldo y lealtad a Ortega y repite la versión oficial de que las protestas fueron un intento de golpe de Estado.
El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, valoró que en este contexto de represión que vive Nicaragua ninguna institución pública goza de la confianza de la ciudadanía, menos el Ejército y la Policía, lo que lleva a muchas personas a evadir la vía legal para salir del país.
Sobre el caso de los opositores detenidos, Carrión dijo que en todo caso la Policía es la única institución facultada para detener a civiles.
«El Ejército no es Policía, no está facultado para hacer detenciones, aunque quieran señalar que lo hicieron en la frontera, son personas nicaragüenses, los nicaragüenses pueden circular libremente por todo el territorio nacional y si salen del país y de la forma en que salgan o entren, irregular o no, no dejan de ser nicaragüenses, y si salen de forma irregular, es precisamente por el contexto de la persecución», explicó Carrión.
