El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en España sentenció a 15 años de cárcel a una mujer por los delitos de trata de persona en contra de migrantes nicaragüenses.
Según la institución, la acusada Virginia de Jesús G.P, junto a Emma Raquel P.C, quien fue sentenciada a seis años de cárcel, desde febrero de 2018 buscaban a mujeres en Nicaragua para luego trasladarlas hacia España, específicamente a Sevilla. Una vez en territorio español, las mujeres recogían a las migrantes, incluso les prestaban dinero para que lo presentaran ante migración.
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En la sentencia se lee que una de las explotadoras se comunicaba con las migrantes para que «embaucara a las víctimas hasta convencerlas bajo la falsa promesa de encontrar en España, y concretamente en Sevilla, un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, haciéndoles ver que en todo caso ese trabajo mejoraría su situación y paliaría sus necesidades».
Las dos mujeres también fueron condenadas a indemnizar con 75,000 euros a las víctimas. Otras cuatro personas que estaban siendo investigadas quedaron absueltas.
Así operaban
La acusación expresa que las acusadas convinieron una distribución de funciones, y Virginia de Jesús se encargaría de captar a las víctimas en Nicaragua. Para realizar esta operación, Virginia contaba con la colaboración de terceras personas en Nicaragua que ayudaban a organizar el traslado a España. Les compraban el boleto de avión y les daban dinero en efectivo para presentarlo en migración y pasar como turistas. Cuando llegaban a Sevilla las recogían y las trasladaban a alguna casa donde permanecían mientras encontraban trabajo.
Antes de salir de Nicaragua, Virginia de Jesús obligaba a las mujeres a que afianzaran la deuda con propiedades inmobiliarias de su familia o reconocimientos de deuda, y les ocultaba el verdadero costo de los boletos y cuando llegaban a España, les exigían un pago superior a lo que ella había pagado (entre 3.500 y 7.000 euros), según el documento.
En muchas ocasiones las acusadas se quedaban con el dinero y los celulares que las víctimas traían. Para poder pagar este dinero, las víctimas debían trabajar en Sevilla en los empleos que les proporcionaría Emma Raquel, quien les imponía el pago de alquileres «desorbitados» por alojarlas en las viviendas que poseía «en condiciones de hacinamiento». También les cobraba por ayudarlas a encontrar empleo, por trasladarlas a los domicilios donde consiguieran trabajo y por negociar el salario y demás condiciones de trabajo con los empleadores, quedándose con parte del sueldo y, en ocasiones, con su totalidad.
Recurso de apelación
La defensa de Virginia de Jesús G.P admitió la culpabilidad en el delito de tráfico ilícito de inmigrantes en su modalidad de ayuda a la entrada, pero considerando, respecto de los cuatro delitos de trata de seres humanos, que el tribunal vulneró su derecho a la presunción de inocencia e incurrió en un error en la valoración de las pruebas.
