Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo, cada vez gana más protagonismo en las relaciones financieras y diplomáticas de Nicaragua con los aliados del régimen. Ahora no solo en el campo de las inversiones sino también en las relaciones financieras con las multilaterales, una función que antes se limitaba especialmente al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ortega Murillo encabezó este martes un encuentro con el titular del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, para recibir un donativo no reembolsable de medio millón de dólares, dirigido a atender parte de las afectaciones del huracán Julia, una cooperación similar que también se ha anunciado para El Salvador, Guatemala y Honduras.
A diferencia de los otros tres países, Mossi vino especialmente a reunirse con Ortega Murillo para darle el donativo y para supuestamente también hablar sobre un proyecto de inversión portuaria en Bluefields, donde el banco se ha comprometido a financiar un estudio de factibilidad, para que posteriormente la dictadura busque financiamiento a nivel internacional.
“Es un honor estar en Nicaragua, una de las razones por la cual es este viaje tomó mucha prioridad es por los daños que dejó el huracán Julia por su paso por Nicaragua y como banco me place informarles que el director aprobó una cooperación no reembolsable de emergencia de medio millón de dólares, para ayudar los esfuerzos para salvar vidas y proteger a aquellos que han sufrido por el paso del huracán”, dijo Mossi junto a Laureano Ortega, donde el gran ausente fue el propio titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
En Centroamérica, esta cooperación también fue anunciada a los países para lo cual Mossi no viajó a entregar los recursos, como sí lo hizo exclusivamente con Nicaragua.
En la reunión Ortega Murillo estuvo acompañado del titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, así como del presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nicaragüense, Virgilio Silva, según algunas imágenes divulgadas por los medios de propaganda de la dictadura.
El régimen de Ortega busca más de 300 millones de dólares en recursos para financiar los daños ocasionados por Julia, que afectó al país convertido en un huracán categoría 1, pero que luego se transformó en una tormenta tropical que salió por Corinto, Chinandega.
Durante el fenómeno, el Gobierno no declaró alerta roja, como lo hicieron varios países de la región, sino que fue hasta que el ciclón salió del país que elevó la alerta para aumentar la gravedad del desastre.
Con esto el régimen intentaría conseguir un alivio de recursos, tal como lo obtuvo durante el impacto de los huracanes Iota y Eta en 2020, lo que le ha permitido recibir más de 800 millones de dólares en créditos provenientes de organismos financieros, incluso donde tiene las puertas cerradas desde el 2018 debido a las violaciones de derechos humanos y donde Estados Unidos tiene poder de veto.
De hecho, este lunes el congresista cubanoamericano Albio Sires publicó una columna de opinión en El País, de España, en su versión en inglés, donde acusó a la financiación internacional de estar “subsidiando” los esfuerzos de Ortega por socavar el Estado de derecho en Nicaragua, aduciendo ayuda humanitaria.
“Con el pretexto de la reducción de la pobreza, el alivio de desastres y el apoyo a las pequeñas empresas, las instituciones financieras internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han prestado al menos US$1,200 millones al gobierno de Ortega desde 2018”, objetó el legislador.
Y cuestionó que mientras estos organismos le tienden la mano a Ortega, este y su esposa, Rosario Murillo, “han asesinado, encarcelado y exiliado a sus oponentes políticos, erradicado los medios independientes y tomado medidas drásticas contra la sociedad civil, cerrando cientos de ONG, escuelas e iglesias”.
Como resultado, y en medio de la fuerte inyección de capital vía préstamos, se ha desatado una “crisis de refugiados, que desplaza a cientos de miles de ciudadanos nicaragüenses y ejerce presión sobre los recursos limitados de los países vecinos”, recalca Sires.
“Si bien el presidente Biden ha intensificado las sanciones individuales contra Ortega y sus compinches, el FMI y otras instituciones financieras internacionales han seguido canalizando discretamente dinero al régimen autoritario de Nicaragua. La Administración Biden no ha logrado persuadir al FMI y otras instituciones para que adopten medidas formales que prohíban a Nicaragua recibir nuevos créditos, hasta que se celebren elecciones justas y se documenten mejoras en la situación de los derechos humanos”, advirtió.
Asimismo señala que “incluso si estos préstamos tuvieran un buen uso, el dinero es fungible. Mil millones adicionales en gastos a corto plazo significan que Ortega y sus cómplices tienen mil millones adicionales para arrestar a clérigos católicos, asaltar organizaciones benéficas que brindan servicios críticos y albergar tropas rusas en sus bases militares. Estos préstamos sirven para enriquecer el círculo íntimo de Ortega, al tiempo que aportan estabilidad macroeconómica y legitimidad internacional al régimen, socavando el poder coercitivo de las sanciones estadounidenses”.
El congresista cubanoamericano menciona además que Ortega está claro que tocarle la bolsa puede golpearle y por eso no ha fallado en el pago de los intereses a los bancos. “Esto demuestra una realidad clave del gobierno de Daniel Ortega. No responde a la retórica, al riesgo o al juego. Sin embargo, es muy sensible a su flujo de caja”, dijo.
Es por eso que Sires considera que Biden debería aprovechar ese lado flaco de Ortega para invocar todos los poderes establecidos en la Ley Renacer, “para ejercer la supervisión de las instituciones financieras internacionales, utilizando la voz, el voto y la influencia financiera de los Estados Unidos para cortar el financiamiento externo al Gobierno de Nicaragua. La Administración también debería revisar el acceso privilegiado de Nicaragua a los mercados estadounidenses a través del Cafta-DR y determinar si el valor de nuestras importaciones supera el costo de apuntalar a Ortega”.
“Estas acciones, junto con la aplicación continua de sanciones dirigidas contra personas que apoyan al régimen de Ortega-Murillo, deben presentarse junto con condiciones claras para su reversión: la liberación de los presos políticos y la restauración de elecciones libres y derechos humanos”, agregó el congresista Sires.
Al tiempo que señaló que mientras se busca cómo “desfinanciar la infraestructura de opresión del régimen”, se deben buscar canales de ayuda al pueblo de Nicaragua a través de los organismos de Naciones Unidas y los países vecinos.