El furgonero guatemalteco Dany Alexander Pérez Choquin y Cristopher Aldahir Nicaragua Sánchez, vocalista del conjunto Banda Sureña, son probablemente los últimos acusados por homicidio imprudente bajo los efectos de bebidas alcohólicas que salen de la cárcel después de mediar con la familia doliente.
Esto porque en lo sucesivo los fiscales auxiliares se opondrán a la aplicación del principio de oportunidad (mediación) que establece el Código Procesal Penal (CPP), según la circular número MP-FGR 001-2022 firmada por la Fiscal General de la República. Ana Julia Guido, en septiembre pasado.
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En la circular «Plan de Emergencia Vial Institucional» se indica que los fiscales auxiliares una vez obtenido el fallo de culpabilidad en los casos de homicidios imprudentes bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o fármacos, deberán pedir se establezca en la sentencia condenatoria el pago de la indemnización correspondiente, según la resolución administrativa.
El Código Penal castiga con penas de 4 a 8 años de prisión el delito de homicidio imprudente bajo los efectos de bebidas alcohólicas, droga y fármacos.
Cero beneficio legal
En la circular MP-FGR 001-2022, la fiscal General de la República ordena a los fiscales auxiliares oponerse al otorgamiento del beneficio legal de suspensión de ejecución de sentencia en los casos de homicidio imprudente, donde no haya consumo de licor, estupefaciente o fármacos, pero donde el conductor es reincidente.
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Igualmente deberá oponerse al otorgamiento de ese beneficio en los casos donde la víctima haya sufrido lesiones graves con afectaciones permanentes causadas por el manejo temerario del causante del accidente de tránsito.
Los representantes del Ministerio Público también han recibido la orden de oponerse a los otorgamientos de libertad condicional para los reos inculpados por homicidio imprudente con las agravantes antes mencionadas.
La suspensión de ejecución de la sentencia es un beneficio legal que puede ser otorgado a los reos condenados por delitos cuyas penas no exceden cinco años de prisión y la libertad condicional es para los condenados cuya condena supera los cinco años prisión y que únicamente puede ser otorgado por los jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.
Penas accesorias
Igualmente se ordena a los fiscales auxiliares pedir a los jueces la aplicación de penas accesorias (son aquellas que no son privativas de libertad que pueden ser multas o la suspensión de un derecho ciudadano) para los choferes condenados por homicidio imprudente o lesiones imprudentes causadas por accidentes de tránsito.
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Por lo que los representantes del Ministerio Público deberán pedir a los jueces como penas accesorias la suspensión de por vida de la licencia de conducir para quienes hayan causado muerte o lesiones graves bajo los efectos del alcohol o drogas.
En los casos de accidentes de tránsito donde no medie las agravantes de bebidas alcohólicas, drogas y fármacos, los fiscales deberá solicitar a la autoridad judicial como penas accesorias la suspensión de la licencia de conducir por un plazo máximo de seis meses, según la circular firmada por Ana Julia Guido.
La Policía reconoció el pasado 29 de septiembre ante la Asamblea Nacional, que los accidentes de tránsito eran una pandemia silenciosa. Hasta ese día, la Policía de Tránsito contabilizaba 698 fallecidos, por lo que se estima que el año cierre con más muertos por accidentes que en el 2021, cuando murieron 904 personas.
