La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, canceló este miércoles 27 de julio otras 100 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL/ONG) con lo que ya suman 1,050 organismos ilegalizados este año, muchos de estos representados por opositores o personas críticas al orteguismo, y otros creados para fines sociales.
En manos de los diputados hay otra lista de 100 ONG que está a la espera de pasar por la «guillotina», con lo que serían más de mil organismos cancelados este 2022.
El Decreto de cancelación de las ONG ilegalizadas este miércoles fue aprobado por los 75 diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que es la bancada mayoritaria y no tienen problemas para aprobar las leyes y decretos que envían el Ejecutivo encabezado por Ortega. 16 diputados se abstuvieron. Son 91 diputados en total.
El pasado 19 de julio, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, advirtió que el régimen Ortega Murillo «planea cerrar 1,797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto», a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
Nichols agregó que «el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”, porque muchas de las ONG canceladas eran de naturaleza social y de ayuda a los más necesitados, como es el caso de la Asociación de las Misioneras de la Caridad, de la Orden Madre Teresa de Calcuta que fueron obligadas a abandonar el país.
Entre el grupo cancelado hoy destaca la Asociación de Confiscados y Afectados Arges Sequeira Mangas (ACAS), una organización que aglutina a personas que reclamaban por sus propiedades confiscadas por el primer gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta, que también estuvo encabezado por Ortega.
Otras ONG canceladas son: Asociación de Profesionales de la Universidad Centroamericana (UCA), Asociación de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Nicaragua (Ceproduc), Asociación de Productores Agropecuarios, Forestales para Multiservicios (Apafm), Asociación de Enfermos del Ingenio San Antonio (Asdeenfisa), Club de Obreros de Chinandega y Asociación Club Social de Obreros de La Libertad-Chontales.
Desde el 2018 el régimen de Ortega ha arremetido contra las organizaciones sin fines de lucro, aduciendo, sin sustento legal, que las mismas incumplen con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación.
