Ocho expresidentes de Costa Rica dirigieron una carta al presidente electo de esa nación, Rodrigo Chaves, en la que le solicitan no apoyar, ni entregar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a Warner Vargas, candidato que encabeza la nueva terna presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a quien tildan de “despótico y opresor”.
Los exmandatarios firmantes son Óscar Arias Sánchez (1986-1990 / 2002-2010); Rafael Ángel Calderón (1990-1994); José María Figueres (1994-1998); Miguel Ángel Rodriguez (1998-2002); Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006); Laura Chinchilla Miranda (2010-2014); Luis Guillermo Solís (2014-2018); Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
“Consideramos que dicha elección resultaría altamente inconveniente a la luz de los principios que ha orientado nuestra política exterior, de los instrumentos regionales que velan por la seguridad y estabilidad de Centroamérica y de los intereses de seguridad nacional de nuestro país”, argumentan los exmandatarios.
La misiva con fecha 25 de junio, se da como respuesta política después que el 23 de junio la Cancillería de Costa Rica informó que durante una reunión virtual el Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores del SICA alcanzó el consenso para recomendar a la Reunión de Presidentes elegir a Vargas como secretario general del SICA, cargo que cumplirá este próximo 30 de junio un año vacante.
A Vargas le achacan los puestos que ocupo en la Cancillería de Nicaragua y en la Corte Centroamericana de Justica, cuando se produjo la invasión de ese país a la Isla Calero en 2010. En ese momento, indican que se produjeron daños ambientales de dimensiones considerables.
“Como podrá usted apreciar, señor presidente, ni en nombre de los preceptos que rigen nuestra política exterior, ni de la estabilidad de Centroamérica o de la seguridad de Costa Rica, se puede permitir el nombramiento en la Secretaría General del SICA de un representante del régimen que gobierna Nicaragua. Por lo demás, considerando los cambios políticos que tienen lugar en la región y en el mundo, y sin desconocer el realismo que debe permear las decisiones que se adopten, debemos evitar el subordinar a esas nuevas realidades el interés nacional y la defensa de las políticas de Estado que han sido propias de nuestra nacionalidad”, le dicen a Chaves.
Contraria a la política exterior costarricense
Los expresidentes destacan que la política exterior de Costa Rica está basada en tres pilares fundamentales: la defensa de la democracia, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la promoción de la paz y el desarme.
“Estos pilares han orientado a la actuación del Estado costarricense en materia de política internacional, con independencia de los cambios de gobierno”, exponen los exmandatarios. Por ello aseguran que “resultaría incongruente con esos valores que defiende y promueve Costa Rica avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua, para que ocupe el principal cargo del SICA”.
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Precisan que en el más reciente informe presentado en marzo pasado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “documentó los casos de 43 personas aún detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, y la muerte de uno de ellos en prisión, 34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales” y la lista de personerías jurídicas que fueron canceladas a más de un centenar de organizaciones sin fines de lucro en el país.
Amenazas a la seguridad de Costa Rica
De la misma manera, los expresidentes y la expresidenta indican que otra de las preocupaciones que prevalece en la región y amenazas a la seguridad de Costa Rica. Recordaron que, en 1987 los gobernantes de cinco países de la región establecieron en los Acuerdos de Esquipulas II, el compromiso con un “balance razonable de fuerzas” con el objetivo de evitar una nueva escalada militarista que desestabilizara el istmo centroamericano, compromiso que se ratificó con el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los mandatarios centroamericanos en 1995 definiendo un modelo de seguridad que “se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas”.
Por lo que se atreven a señalar “resulta evidente que Nicaragua está flagrante y grosera violación de todos estos principios como lo confirman los datos sobre la adquisición de armamento pesado (tanques, artillería remolcada y lanza cohetes) en los últimos años, y en abierta provocación a esas justas aspiraciones al anunciar recientemente la autorización de tropas a su territorio incluyendo algunas provenientes de Rusia, misma que ha lanzado ataque injustificado y feroz sobre el pueblo de Ucrania. Finalmente, la decisión resultaría también lesiva a la seguridad nacional de Costa Rica”.