Defensores de derechos humanos manifestaron que el proyecto Bio Clima que se implementa con el gobierno de Nicaragua en regiones autónomas del país, busca con la figura de “convivencia pacífica”, legalizar la invasión de colonos en territorios indígenas.
El Consejo de Ancianos de la Moskitia se mostró en desacuerdo con ciertos aspectos del proyecto a través de una carta en el que remarcan entre sus demandas la justicia y respeto a sus derechos.
El documento del proyecto plantea la “relación colaborativa entre el pueblo indígena y los colonos”. Amaru Ruiz, promotor de los derechos de las comunidades indígenas indicó que la demanda fue realizada al Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) que pertenece a la Comisión de Naciones Unidas sobre el cambio climático, aprovechando la visita de una organización internacional independiente.
“Lo que hicieron fue plantear sus demandas que son demandas históricas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, sobre todo y que han venido denunciando el proceso de invasión de colonos a sus territorios, donde el régimen lo que quiere es promover la cohabitación o la convivencia pacífica con colonos que son los que han asesinado a sus familia y lo que dicen es que no aceptan ese régimen de convivencia porque no han tenido justicia y más bien el proceso de invasión los ha llevado a abandonar sus comunidades”, remarcó Ruiz.
Aseguró que el gobierno lo que promueve con esa “convivencia pacífica” es “legitimar la invasión que ya está en el territorio”. “El objetivo del régimen es prácticamente legalizar los procesos de invasión en esos territorios”, dijo.
Según al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), más de tres mil personas se han tenido que movilizar sobre todo de comunidades miskitas.
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Por su parte, la fundación Right Livelihood, creada en 1980 y que honra y apoya a personas visionarias que resuelven problemas globales, indicó ante la Comisión de Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, que desde 2020 la violencia y la toma de tierras ha aumentado drásticamente y las comunidades indígenas están sufriendo una crisis humanitaria.
Retomaron el tema del desplazamiento forzado por los ataques constantes por parte de los colonos, recordaron el asesinato de miembros de familias miskitas y las reiteradas llamadas del consejo de naciones unidas al gobierno de Nicaragua
“(El gobierno de Nicaragua) en cambio sigue fomentando la convivencia entre terceros y pueblos indígenas, en violación de la ley 445, así facilito el conflicto y la violencia. Mientras que los perpetradores se unen a la impunidad y los activistas pagan un alto precio por su trabajo de derechos humanos, enfrentando persecución judicial y encarcelamiento”, detalló la organización.
Como otro punto que vulnera los derechos de las comunidades indígenas, mencionaron que desde enero un total de 199 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas fueron eliminadas por el gobierno.
Riesgo de etnocidio
“Las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua se enfrentan a un riesgo de etnocidio Reiteramos nuestro llamado al consejo para garantizar que el gobierno de Nicaragua resguarde los derechos de los indígenas en acuerdo con su obligación nacional e internacional. La decisión de establecer un grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua era un primer paso importante, deseándoles todo el éxito en el cumplimiento de su mandato. También les instamos a garantizar que se preste especial atención a los abusos que sufren las comunidades indígenas y que se brinde responsabilidad”, finalizó Right Livelihood