Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Suyén Barahona cumplen 370 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote. Todos son integrantes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que los detenidos en el marco de las elecciones de 2021, como los miembros de Unamos, se encuentran en “condiciones contrarias a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela y muchos han sido procesados y condenados sin el debido proceso”.
Lea además: Miembros de Unamos cumplen un año privados de libertad por ser “una piedra en el zapato”
“Estos detenidos —11 mujeres y 39 hombres— fueron condenados a penas de prisión de hasta 13 años e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Cuarenta y cuatro fueron condenados por ‘difundir noticias falsas’ y/o ‘socavar la integridad nacional’ y otros delitos. Los otros seis fueron condenados por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en denuncias que no se probaron durante el proceso judicial”, detalló Bachelet.
Sobre las condiciones en que se encuentran, se refirió a la incomunicación: “La mayoría de estos detenidos permanecen privados de su libertad en un centro de detención policial. Este año solo se les han permitido cuatro visitas de sus familiares adultos, y se les sigue negando a los niños el derecho a tener cualquier tipo de contacto con sus padres en detención. Los familiares han denunciado que sus seres queridos están recluidos en condiciones infrahumanas, con especial preocupación por aquellos que necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que, según los informes, las autoridades se niegan a proporcionar”.
En total, los miembros de Unamos en 370 días de estar privados de libertad han tenido solo 8 visitas de sus familiares, y los que tienen hijos menores de edad no han podido verlos, llamarlos o intercambiar correspondencia con ellos.
