La investigadora y directora del organismo de observación electoral Urnas Abiertas, Olga Valle, aprovechó su participación en el foro regional sobre el estado de la democracia en Centroamérica para reafirmar que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es una «dictadura abierta» que se quitó totalmente la máscara en 2018.
«La crisis de Nicaragua se tiene que leer desde lo que es, la instalación de una dictadura sin ningún matiz, porque los últimos años, antes de 2018, se habían venido dando categorías de índice democrático, categorías académicas como que era un régimen híbrido, como que era un autoritarismo blando, como que era autocracia, pero a partir de 2018 lo que hemos venido viendo ha sido el avance acelerado de una dictadura abierta que no tiene ningún miedo en mostrar su vocación totalitaria», manifestó la directora de Urnas Abiertas.
Valle representó a Nicaragua en el Foro «El Estado de la Democracia en Centroamérica a 200 años de Independencia», en el marco de la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que concluye este viernes y se realiza en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La investigadora nicaragüense compartió la mesa con Alberto Cortés Ramos, exdirector de la Cátedra Centroamericana de la Universidad de Costa Rica; Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, México; Claudia Paz y Paz, directora de Cejil para Centroamérica y México, en Guatemala; José Marinero, presidente de la Fundación Democrática, Transparencia y Justicia de El Salvador, quienes hablaron de las respectivas crisis democráticas de sus países.
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La directora de Urnas Abiertas hizo un repaso por los acontecimientos de 2018 en Nicaragua, cuando el régimen de Daniel Ortega ordenó una represión armada para aplastar las masivas protestas que surgieron en todo el país contra una reforma a la Seguridad Social.
Valle recordó el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que estuvo en el país en el momento de la crisis, contabilizando al menos 355 muertes debido a la represión y mil 600 detenciones de manera arbitraria. También mencionó que alrededor de 300 mil nicaragüenses se han visto obligados a emigrar en medio de la crisis sociopolítica que vive el país, según cifras extraoficiales.
Eliminación de ONG
En el contexto actual, tras cuatro años de crisis y represión, Valle aseguró que el régimen actualmente tiene una política sistemática de cancelación de personalidades jurídicas de organismos no gubernamentales (ONG).
«Hasta el día de hoy, se han cancelado 444 personerías jurídicas» desde 2018, según un conteo de Urnas Abiertas.
Valle destacó además los 182 opositores que están presos por manifestar sus críticas contra el régimen, quienes se encuentran en diferentes cárceles del país, muchos de ellos bajo condiciones de tortura y total vulneración a sus derechos humanos, según han denunciado sus familiares.
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La investigadora mencionó los casos de los presos políticos Hugo Torres y Eddy Montes, quienes murieron bajo detención carcelaria, lo que hace creer que «el régimen tiene una política de exterminio contra las personas que están detenidas de manera arbitraria».
Por último, Valle describió el actual contexto político nicaragüense, resaltando la eliminación de tres partidos políticos opositores, la integración del Consejo Supremo Electoral (CSE) con magistrados afines a Ortega y a su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
«Hoy no existen partidos políticos en Nicaragua. Los únicos partidos que tienen personalidad jurídica son los que se han prestado al fraude y a la farsa manejada por el Frente Sandinista. El fraude electoral que se dio el 7 de noviembre lo que ha venido a hacer es a profundizar la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país; actualmente todas las instituciones trabajan bajo el control totalitario de la dictadura en Nicaragua», dijo la investigadora.
