Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad, indicó que Nicaragua, Cuba y Venezuela comparten información de inteligencia para el trato de los opositores y dio algunos lineamientos para el concepto de “presos políticos”, de cara a un foro que se realizará sobre los presos políticos de los tres países en el marco de la Cumbre de las Américas.
Quesada además hizo referencia a la importancia de documentar las violaciones de derechos humanos y al trabajo que realizará el mecanismo de investigación creado por Naciones Unidas.
¿La situación de los presos políticos en Cuba y Venezuela es similar a la de Nicaragua? ¿Cuáles son esas similitudes?
Desgraciadamente es muy similar. Es importante decir que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela comparten información de inteligencia y comparten inclusive información sobre cómo deben tratar a los disidentes o a los opositores y la forma de castigo, ya sea en prisión preventiva o ya en prisión, tiene que ver con esto.
Nosotros hemos documentado cómo en el caso de Cuba, cómo a prisioneros políticos, reos comunes los han atacado por cualquier cosa, pero sabemos que en el fondo es por su vinculación política, cuando están mezclados con otros presos, pero en la mayoría de los casos se usa mucho la tortura psicológica como física el hecho de estar en lo que en Cuba llaman celdas de castigo o de aislamiento. Ahí las condiciones son infrahumanas, poca comida, poca luz, poca agua, personas han desarrollado enfermedades.
Los tres regímenes comparten métodos de cómo tratar a los disidentes o los prisioneros políticos y entonces son tratos muy similares. Hay cero intimidades. En el caso de Cuba hemos documentado cómo personas presas políticas son enviadas a lugares lejos de donde viven sus familiares y no pueden ir a visitarlos por temas de que no tienen dinero de transporte. Es hacerles la vida imposible dentro y fuera de la cárcel.
¿En el caso de Venezuela es similar? ¿Tienen este tipo de violaciones a derechos humanos documentadas?
En el caso de Venezuela es similar. Hay que hacer una diferencia un poco y es que personas que llegan a entregarles comida a algunos de los presos políticos, la Iglesia católica, por ejemplo, se ha documentado cómo inclusive a representantes de Cáritas, de las iglesias se les trata mal. A la gente que llega a dejarles comida también se les trata mal.
Estas son las mismas características, aislamiento, no contacto con el exterior, no mucho contacto con los familiares, no recibir medicamentos, un hermetismo sobre las condiciones.
La detención de candidatos o aspirantes a la Presidencia, como ocurrió en Nicaragua, es otra estrategia, lo hemos visto en Venezuela.
También se ve en Cuba. Eduardo Cardet, que es el presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, a él lo atacan siendo el líder de la organización. Lo atacan, lo criminalizan. A él lo atacan y como no existe el crimen de meter a un opositor político a la cárcel lo que hacen es criminalizarlo utilizando el Código Penal y utilizando figuras penales como el desacato la desobediencia pública o inclusive hasta el ataque. En el caso de él fue arrestado por haber atacado a una persona que los atacó.
¿Quiere decir que en este caso Nicaragua va un paso “adelante” con la creación de la Ley de soberanía y la de ciberdelitos?
Exactamente y en el caso de Nicaragua lo que es importante ir resaltando es cómo fue en tan poco período de tiempo cerrando y ha ido cerrando los espacios políticos; la forma en cómo la oposición política es tratada y va a ser tratada si decide participar públicamente.
¿En el caso de Nicaragua, la cancelación de personerías jurídicas de las ONG también es un peldaño más o ya se ha visto en alguno de estos países?
En Cuba no existe movimiento de sociedad civil independiente, lo que existen son proyectos opositores, movimientos de personas que deciden construir un proyecto para enfrentar a la dictadura en Cuba.
En el caso de Nicaragua ha ido por ese camino, que es deslegitimar a las ONG al quitarles las personerías jurídicas. Legalmente no están constituidas y es la excusa que usa el régimen para decir “ustedes no son legales”, por un lado y por el otro: “Como ya no se encuentran dentro del esquema de la legalidad, si hacen cualquier cosa están incumpliendo la ley y por lo tanto podrían ser criminalizados”.
¿Registran la crisis en derechos humanos de los presos políticos porque estos pierden todos sus derechos, no solo el derecho a la libertad?
Claro, pero es que la misma forma en que la persona es detenida de manera arbitraria ya es una violación a un derecho humano. Se violan sus derechos desde que son detenidos, primero porque no debió haber sido detenido de manera arbitraria, ya es una violación a un derecho humano fundamental, a un derecho civil y político y luego vienen los otros derechos que ya se han mencionado.
¿Por qué enmarcar esta presentación de la situación de los presos políticos con la realización de la Cumbre de las Américas?
Hay una situación muy importante y es que no existe en el derecho internacional público un acuerdo sobre quién debería ser una persona presa política o un prisionero político. Todo mundo habla de prisioneros políticos como si hubiese una definición consensuada, no hay una definición consensuada y eso es precisamente lo que queremos llamar la atención durante la Cumbre de las Américas.
Todo mundo habla de la definición de presos políticos en Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero no hay una definición de quién es una persona presa política, por qué es una persona presa política y cuáles deberían ser los requerimientos o las condiciones para que una persona sea considerada presa política.
Por el otro lado, la idea es poder visibilizar la estrategia de estos tres países que utilizan los códigos penales y la legislación vigente para criminalizar a activistas de derechos humanos o a opositores políticos, como en el caso de Nicaragua con los candidatos presidenciales. Se utiliza el Código Penal vigente de una manera errónea y arbitraria para enjuiciar personas quienes su delito fue simple y sencillamente haber desistido o tener una opinión distinta a la del Gobierno o por defender los derechos humanos.
En Nicaragua se dan dos situaciones: los presos a los que juzgaron por delitos comunes y los que ya fueron juzgados con las nuevas leyes creadas por el Gobierno. ¿Cómo se hace esa categoría de presos políticos de cara a la liberación teniendo ambos panoramas?
La clave está en cómo se utiliza el Código Penal para criminalizar la disidencia. Si el Código Penal es utilizado en el delito de desacato, desobediencia pública, pero sabemos que la persona y tenemos documentado que tiene una experiencia en defensa de protección de derechos humanos, hay testigos que dicen que la persona participó en una protesta pacífica y ahí la persona es detenida es sobre esos hechos, no sobre hechos anteriores.
El punto es cómo el Estado utiliza el Código Penal vigente para realizar actividades que tienen que ver con defensa y protección de derechos humanos o libertad de expresión.
La mayoría de las personas detenidas tanto en Cuba, Nicaragua, como en Venezuela, muchas de ellas fue por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Eso fue lo que se criminalizó, aunque el delito sea otro.
¿Se toman estas características comunes como detenciones sin orden, policías de testigos, entre otros?
Claro, cuando uno habla de criminalización habla de todo el sistema y de todo el aparato de administración de justicia que empieza con la detención de parte de la Policía, pero luego continúa con la prisión preventiva, la condiciones durante la prisión preventiva, el juicio, la defensa a la que la persona tuvo acceso o no durante el juicio, los testigos, quiénes son los testigos durante el juicio; las sentencias, quiénes fueron los fiscales que pusieron los cargos, cuánto es lo que piden los fiscales, cuánto es la sentencia que imponen los jueces, el seguimiento a la pena.
Cuando uno habla del sistema de administración de justicia en las dictaduras le sirve al Estado no estamos hablando de la policía o un juez, estamos hablando de todo el aparato de justicia. El Estado controla todo el aparato judicial, por lo que en materia de administración de justicia, la persona no va a tener acceso a un juicio independiente, justo e imparcial.
Y ese es el problema, en las dictaduras nadie tiene acceso a un juicio independiente, justo e imparcial.
¿Cómo hacer gestiones para la liberación de los presos políticos ante la denuncia de falta de institucionalidad y la desaparición de organismos de derechos humanos? ¿A quién recurren los nicaragüenses?
La presión internacional es básica, la incidencia internacional es básica, el seguir documentando lo que está pasando, el utilizar los mecanismos que estén a disposición, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucha gente cree que como Nicaragua supuestamente se va a salir de la OEA, ya la CIDH no va a poder seguir investigando. Va a poder seguir investigando porque ningún país de la región se libra de la supervisión de la CIDH, ya sea a través de la convención americana de derechos humanos o de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Aquellos países, por ejemplo Estados Unidos, los países del Caribe inglés, que no han ratificado la convención americana siempre la CIDH puede supervisar la situación de derechos humanos, a través de la declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.
Ninguno de estos regímenes es para siempre. Lo importante es poder sistematizar para cuando haya un período de justicia transicional, podamos entonces trabajar para la búsqueda de esta verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es importantísima la incidencia internacional, la incidencia política, dentro de la organización de Estados Americanos, la Unión Europea, otras instancias, a nivel bilateral, con países que son claves para la cooperación en Nicaragua, con el comercio con Nicaragua, en este caso concreto, Cuba o Venezuela y el seguir documentando.
Las violaciones a los derechos humanos se tienen que seguir documentando aún en las dictaduras, para que cuando caigan, haya todo un proceso de justicia transicional y las personas a quienes se les violaron los derechos humanos puedan buscar justicia y reparación.
¿Se debe fomentar que el ciudadano vaya documentando estas violaciones a los derechos humanos?
Es importante fomentar e intentar utilizar los mecanismos judiciales que estén a la mano en el país, aunque sabemos que no van a funcionar, es importante utilizarlos y si no se pueden utilizar documentar y la denuncia internacional también es importante.
