La cantante colombiana Shakira debe ser juzgada en España por presuntamente defraudar 14.5 millones de euros (unos US$15.5 millones) a la Hacienda pública de ese país.
Ello después de que un tribunal de Barcelona desestimara este jueves el recurso de la cantante para evitar el juicio.
La Audiencia de la ciudad catalana confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos tributarios, según informó la agencia de noticias EFE.
La Justicia española acusa a Shakira de haber simulado durante los años 2012, 2013 y 2014 no residir en el país europeo y de haber ocultado ingresos mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales.
La posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta.
En 2018 la cantante pagó a la Hacienda española una multa de más de US$20 millones por irregularidades tributarias cometidas en el año 2011.
En un comunicado, los abogados de Shakira dijeron que continuarán el proceso para demostrar su inocencia.
“La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores”, indicaron los letrados.
“También cabe recordar que no existe ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar”.
Las personas que pasan más de seis meses al año en España se consideran residentes para efectos fiscales.
Los fiscales argumentan que Shakira pasaba la mayor parte de su tiempo en España con su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, y solo viajaba al exterior por compromisos profesionales.
La cantante, cuya fortuna se calcula en US$300 millones, declaró España como su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015.
Piqué, investigado
Pero Shakira no es la única investigada por la Justicia española.
Hace unos días se supo que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, está siendo investigado junto al presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, por la Fiscalía Anticorrupción de España a raíz de una denuncia por el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita.
Piqué habría cobrado alrededor de US$25 millones por sus gestiones para que se disputara el torneo en ese país.
En una entrevista, el defensor del Barcelona aseguró que no había nada ilegal en las negociaciones.