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CONTENIDO EXCLUSIVO.En las últimas dos semanas de abril, la Policía incautó alrededor de 6.3 millones de dólares al narcotráfico internacional, en tres ocupaciones de cargamento de cocaína. Pero, ¿qué pasará con la droga decomisada? ¿Adónde va a parar el dinero incautado a narcotraficantes? ¿Qué pasa con las viviendas allanadas en operativos a traficantes de droga?
A 11 años y seis meses de haberse aprobado la Ley 735 o Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, las propiedades decomisadas a los narcotraficantes siguen siendo repartidas de manera discrecional, al margen de lo que la legislación establece.
La Ley 735 señala en su artículo 5 que se debe nombrar un Consejo Nacional de Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico y al Crimen Organizado.
Pero, abogados penalistas con mucha experiencia en este tipo de casos aseguran que esa parte de la ley permanece «non nata», es decir no ha nacido, porque no se ha nombrado dicho Consejo de Administración.
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El referido artículo señala que ese Consejo debe estar integrado por el fiscal general de República, procurador general de la República, director de la Policía, diputados de la Comisión de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, además de los ministros de Gobernación, Salud, Educación y el de Hacienda y Crédito Público.
Estos a su vez tienen la facultad de nombrar a un director ejecutivo, que es el encargado de trasladar a las instituciones beneficiadas los bienes decomisados a los narcotraficantes, explicaron abogados consultados por LA PRENSA.
¿Y el dinero congelado en bancos?
Uno de los abogados consultados por LA PRENSA, quien habló bajo la condición de anonimato, señaló que hasta la fecha «es secreto de estado» el monto y destino final del dinero encontrado en las cuentas de los acusados por narcotráfico.
Igualmente se desconoce el uso final del dinero en efectivo decomisado por la Policía a quienes caen presos por narcoactividad, que en muchos casos es de varios millones de dólares, agregó el entrevistado.
«Es cierto que los jueces ordenan que el dinero en efectivo sea depositado en las cuentas del Estado y al expediente se incorporaba el recibo del depósito del dinero, pero de cierto tiempo a la fecha el voucher no rola en el expediente judicial «, indicó otro litigante consultado por LA PRENSA.
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Extraoficialmente se conoce que medios de transporte y armas incautados a los narcotraficantes han sido asignados a la Policía y al Ejército, pero se desconoce el destino que se la dado a fincas, casas y negocios como discotecas, hoteles, gasolineras, tiendas, ferreterías, que en su momento la Policía dio a conocer eran utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
En los expedientes judiciales rola que los jueces desde la fase instructiva del proceso ordenan a los registradores de la propiedad anotar los bienes inmuebles de manera preventiva a favor del Estado, pero finalizados los juicios con las sentencias de culpabilidad, la Procuraduría General de la República como abogado del Estado, tramita la inscripción de manera definitiva, esto no necesariamente determina a quién de las instituciones estatales le queda la propiedad. Todo es decidido de manera discrecional.
Policía dispone de rastras
En el caso de rastras y furgones, donde la Policía ha encontrado droga y dinero proveniente del narcotráfico, el Gobierno en su momento informó que fueron asignadas al Ministerio de Salud (Minsa) para ser utilizadas como clínicas móviles.
Aunque no debería ser así, la Policía ha informado apenas un día después de los decomisos, sin ni siquiera haber comenzado el proceso judicial, que las rastras pasen al Minsa. Un ejemplo reciente fue el caso de un salvadoreño a quien le hallaron tres kilos de droga en un furgón en el puesto fronterizo del Guasaule.
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El extranjero fue detenido el 11 de agosto de 2021, un día después era presentado por la Policía a medios oficialistas y en esa misma conferencia, el comisionado mayor Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Nacional, declaró que el cabezal sería entregado al Minsa para usarlo como Clínica Móvil. Esto fue declarado incluso antes que Santos David Acosta Sayes fuera llevado a la audiencia preliminar.
Abogados desconocen destrucción de droga
La Ley 735 igualmente establece que la droga incautada debe ser destruida en presencia del fiscal, el abogado defensor y el juez de la causa, pero en los últimos meses ese procedimiento no se está cumpliendo, según abogados consultados por LA PRENSA.
«La Ley 735 manda a que el juez, la Fiscalía y nosotros los abogados defensores estemos en la quema de la droga, pero ahora la quema la está haciendo la Policía como un acto administrativo y únicamente informa al juez que ha cumplido con la destrucción de la droga», explicó otro abogado.
Lo anterior significa que los litigantes «no podemos decir que se destruyó la droga, pero tampoco afirmar lo contrario», explicó otro profesional del Derecho.
Se desconoce en qué lugar actualmente las autoridades están realizando la incineración de estupefacientes. Cuando hay un proceso judicial abierto, solo se deja una pequeña muestra para el juicio y el cargamento tiene que ser destruido.
Desde 2017, la droga está siendo quemada por la Policía, según archivos de LA PRENSA y sin presencia de los jueces para ahorrar tiempo. “Si existe una X cantidad, que incautó la Policía ya fue incorporado al proceso, ya se terminó el proceso, ya están las personas acusadas condenadas, ¿qué es lo que queda? Que el juez ordene eso que usted incautó, la Policía, ahora quémelo, nada más”, dijo en febrero de 2017 el entonces presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez.
