El asilo de ancianos Sor María Romero luce vacío y sin señales de que personas de la tercera edad pasean por los pasillos. Es 13 de abril y en la entrada del hogar se encuentra María Lourdes Chacón realizando sus últimas gestiones como directora de ese centro. Su rostro denota aflicción.
El 17 de abril se cumplirá un mes de que la dictadura de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, cancelara la personería jurídica a la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, que era la que administraba el asilo de ancianos.
«Mi mamá está estresada, no dará declaraciones», fue la respuesta que dio el hijo de Chacón ante la visita de LA PRENSA al asilo de ancianos.
El rumbo de los 39 ancianos que vivían en el asilo se desconoce. Aunque según un usuario de Twitter, las familias han llegado por ellos y hasta el 12 de abril aún quedaban cinco personas. Este medio quiso confirmar esa información, pero el hijo de Chacón no brindó más datos, y alegó que él no trabajaba para el asilo.
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“Hacemos del conocimiento de ustedes que la junta directiva de dicha Fundación, acordamos, ratificamos la necesidad de comunicarse a nuestras oficinas para el debido retiro de sus familiares a la brevedad posible, en virtud de la cancelación de personería jurídica, Decreto A.N. N0 8793 publicada en La Gaceta, Diario Oficial”, detalla la notificación compartida por el asilo el pasado miércoles 6 de abril. En la misma se anunciaba que las familias tenían hasta el mediodía del viernes para llegar por sus parientes.
El asilo Sor María Romero, ubicado en residencial Las Colinas en Managua, fue fundado el 30 de junio del 2004.
La mentira del régimen
El 15 de marzo de este año, la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, solicitó la cancelación de las personerías jurídicas de 25 oenegés nacionales, entre ellas la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, Operación Sonrisa y Centro Humboldt.
La funcionaria del Migob habría argumentado que esas fundaciones o asociaciones no habían reportado sus estados financieros, como corresponde, y por lo tanto estarían promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos que manejan.
Ese ha sido el mismo argumento utilizado por el régimen de Ortega para inhabilitar a otras organizaciones no gubernamentales (ONG), aunque varias han referido que los informes no fueron recibidos por el Migob. Declaraciones de Chacón al medio Despacho 505, afirma que desde el 2018 la institución dejó de recibir los documentos y entregarles solvencias.
“Aquí cada fondo que entró se utilizó correctamente, porque hay muchas necesidades, son personas que requieren cuido, paciencia y es lo que ha hecho esta familia hasta el día de hoy”, dijo Chacón a ese medio.
Desde diciembre de 2018 a la fecha, la Asamblea Nacional, por solicitud del Migob, ha ilegalizado a casi 120 oenegés. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene el control absoluto en el poder legislativo, por lo que no se le ha hecho difícil acabar con esas organizaciones.
