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Nicaragua: El rey está desnudo y alguien tiene que decirlo

En Nicaragua hay que ser muy valiente para disentir. En ausencia de todo vestigio de legitimidad, el régimen gobernante se sostiene, cada vez más, por el recurso a la fuerza bruta.

A pocas cosas le teme más el tirano que a mirarse desnudo en el espejo: no es casual que el régimen Ortega-Murillo se haya ensañado como lo ha hecho con los estudiantes, asesinándolos por centenares en las calles, secuestrándolos para recluirlos en prisiones inhumanas y condenándolos en juicios sumarios bajo la acusación inverosímil de “menoscabar la integridad nacional”. Esto hizo recientemente con Lesther Alemán, el joven universitario que en mayo de 2018 le plantó cara a Daniel Ortega. Y para atacar este disenso desde sus fuentes, el gobierno nicaragüense ha aumentado progresivamente los controles y presiones sobre las universidades. En febrero de este año se decretó arbitrariamente el cierre de varias de ellas.

Hacia fines de mayo de 2021, el gobierno desató una nueva oleada represiva, tanto de la oposición política como de la sociedad civil. Para ello se valió de una serie de instrumentos legales de dudosa legitimidad, impuestos en 2020, sobre “agentes extranjeros”, ciberdelitos y delitos contra la soberanía nacional.

La represión se intensificó ante la cercanía de las elecciones presidenciales de noviembre, que acabaron por consagrar a Daniel Ortega como un dictador atornillado en el poder mediante fraude. Es por eso que en diciembre pasado el CIVICUS Monitor, nuestra herramienta en línea de monitoreo del espacio cívico, rebajó la calificación de Nicaragua de “represivo” a “cerrado”, la peor posible. Nicaragua también quedó colocada en nuestra lista de vigilancia, que procura llamar la atención internacional sobre aquellos países que están atravesando regresiones pronunciadas en la calidad del espacio cívico.

En el último año les fue revocada la personería jurídica a por lo menos 60 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan organizaciones humanitarias, de derechos humanos y feministas, institutos de investigación y fundaciones académicas, coaliciones de sociedad civil y asociaciones profesionales.

Cada vez más periodistas amenazados han debido dejar el país, sumándose a un exilio que, especialmente en la vecina Costa Rica no deja de crecer día a día. Pero en la era de internet y las redes sociales, la verdad se cuela por todas partes. Dentro y fuera de Nicaragua, abundan los valientes que investigan, publican, diseminan información y la utilizan para obtener apoyos en foros globales de derechos humanos.

Entre ellos se cuentan las organizaciones y activistas que integran la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, que en 2018 presentaron junto con CIVICUS un informe para el Examen Periódico Universal de Nicaragua, celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2019. Recientemente, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG ha elaborado un nuevo informe que evidencia que, lejos de implementar las recomendaciones que Nicaragua recibió en su examen de 2019, el gobierno ha redoblado su apuesta represiva. Las organizaciones Popol Na y Fundación del Río acaban de publicar un completo informe que documenta la progresiva restricción de la libertad de asociación en Nicaragua desde 2007.

Debemos amplificar estas voces para que logren sobreponerse al barullo de la propaganda. La presión internacional debe aumentar, y su impacto será tanto mayor si procede de gobiernos y movimientos de izquierda, que de una vez por todas deberían dejar de ver en Ortega al romántico héroe revolucionario que no es desde hace varias décadas, para empezar a verlo como el tirano en que se ha convertido. Quienes valoramos nuestros derechos y libertades debemos apoyar sin reservas los esfuerzos de las y los nicaragüenses por recuperar prontamente los suyos.

La autora es especialista senior de investigación de  CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.

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