Este jueves, 3 de marzo, el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, llevará el juicio contra otros cinco presos políticos, en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Los enjuiciados son la exprecandidata presidencial y exdirectora de la FVBCH, Cristiana Chamorro Barrios; su hermano Pedro Joaquín Chamorro, directivo de la Fundación y exdiputado liberal; y los empleados Walter Gómez, administrador financiero; Marcos Fletes, contador y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro.
A Cristiana, Gómez y Fletes los acusan de los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. A su hermano Pedro Joaquín lo acusan de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Y a Vásquez, de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Gómez, de 54 años, y Fletes, de 42 años, permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde el pasado 28 de mayo, es decir hace nueve meses. Con ellos inició la más reciente ola represiva, que llevó a las cárceles o, en algunos casos, a prisión domiciliar a más de 40 personas, entre ellos siete aspirantes a la candidatura presidencial.
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Estados Unidos rechazó posibilidad del supuesto lavado
La casa de Cristiana Chamorro, de 68 años de edad, fue allanada durante varias horas el pasado 2 de junio y desde ese día ella permanece bajo custodia policial en su residencia. Luego, el 15 de junio arrestaron a su conductor Pedro Vásquez, de 60 años. Finalmente, el 25 de junio capturaron a su hermano Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años.
Antes de ser capturada, Cristiana rechazó las acusaciones de lavado de dinero y aclaró que la FVBCH que ella dirigía manejaba exclusivamente recursos de la cooperación internacional. Por tanto no pueden lavarse, ya que tiene un origen lícito. Los mismo han dicho especialistas en el tema, que solo puede lavarse dinero con origen ilícito.
Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la posibilidad de que la FVBCH haya lavado o desviado fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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Es uno de los últimos juicios contra los presos del nuevo Chipote
Debido a los delitos que les imputan y a la cantidad de enjuiciados, los abogados consideran que el proceso puede extenderse por varios días. Tal y como ocurrió con los siete acusados por pertenecer a un grupo de la red social WhatsApp que duró siete días. Además, en el caso de lavado de dinero la ley contempla plazos más amplios para los procesos.
De los 37 presos políticos que permanecen desde hace varios meses en las celdas del nuevo Chipote, Fletes y Gómez fueron los primeros capturados; sin embargo, el juicio por el caso FVBCH es uno de los últimos que se realizará en ese complejo policial.
El pasado 1 de febrero iniciaron los juicios en este recinto, pese a que la ley establece que deben realizarse en los juzgados. Y hasta el 1 de marzo, en dicho complejo policial han juzgado a 31 prisioneros de conciencia. A todos los han declarado culpables y les han impuesto penas de entre 8 y 13 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Ya casi procesaron a todos los presos políticos del nuevo Chipote
Una vez que concluya el juicio a los implicados en el caso conocido como FVBCH solo quedarán pendientes de procesar el gerente general del Diario LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, cuyo juicio está programado para el 21 de marzo.
También, el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, y el exdiplomático Edgar Parrales (en arresto domiciliario desde una semana). De estos tres últimos no se ha sabido todavía si ya tienen fecha de juicio establecida.
En el nuevo Chipote también estaba preso el exguerrillero y general en retiro Hugo Torres, cuyo juicio no se concretó porque falleció bajo custodia policial, el pasado 12 febrero, según la versión oficial.