El 24 de enero de 1980, el entonces presidente de México, José López Portillo, pronunció un discurso en la Plaza de la Revolución de Managua en el que hizo votos para que la Revolución Sandinista evitara los errores de la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. La Revolución Mexicana, dijo López Portillo, sacrificó la justicia social en nombre de la libertad. La Revolución Cubana continuó, promovió la justicia social, pero suprimió la libertad. La Revolución Sandinista, concluyó el mandatario, representaba la posibilidad de armonizar ambos principios.
Los deseos de López Portillo no se cumplieron. La fracasada Revolución Sandinista simplemente extendió lo que para Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (PJChC) ha sido la tendencia de nuestros políticos a enarbolar la bandera de la libertad o la de la justicia social, como si estos principios fueran incompatibles.* Los gobiernos conservadores de los Treinta Años, por ejemplo, gobernaron el país con un sentido elitista de la libertad, y una visión social paternalista que no alcanza el nombre de justicia social. Zelaya, otro ejemplo, benefició a las clases populares, pero reprimió la libertad de sus críticos y adversarios. Más tarde, los Somoza aprovecharon las tendencias de la economía mundial para modernizar el país y enriquecerse en una Nicaragua sin libertad ni justicia social.
El FSLN levantó la bandera de los pobres y ahogó la libertad. Luego ensangrentó el país en una guerra que fue evitable, arruinó la economía y, para rematar, encauzó los “ríos de leche y miel” anunciados en su himno hacia los bolsillos de su cúpula y allegados.
A partir de 1990, los gobiernos de la llamada “transición democrática” ningunearon a los desgraciados y, en nombre de una libertad pensada desde la holgura de sus despachos, se autocomplacieron celebrando la “llegada de la democracia”, como si esta fuera un avión o un paquete postal.
Con el retorno del FSLN al poder en el 2007, los grupos de oposición se autodesignaron defensores de las libertades democráticas, ignorando casi por completo el tema social que el FSLN siguió capitalizando. Peor aún, iniciaron una crítica despiadada a las políticas “asistencialistas” y “populistas” implementadas por el nuevo gobierno, sin percatarse de que esta crítica solamente tiene sentido para quienes no necesitan de asistencia social y no se sienten parte del populus. Algunos hasta llegaron a pontificar que nuestra “contradicción fundamental” era entre democracia y dictadura; es decir, que el problema del segundo país más pobre del hemisferio era político, no social (!).
En el 2018, un brote de ansias frescas quiso cambiar el rumbo de nuestro país. A pesar de no contar con una visión política clara y de los errores y delitos cometidos como parte de ese estallido social, las protestas de abril expresaron: la sed de libertad de muchos nicaragüenses, en un sociedad cada vez más opresiva; el anhelo de la justicia social, que se manifestó tempranamente en el apoyo de cientos de jóvenes a los jubilados que protestaron contra las reformas del Seguro Social; y una nueva conciencia ambientalista que se hizo palpable a raíz del incendio de la Reserva Indio Maíz.
La rebelión de abril fue aplastada criminalmente y luego instrumentalizada por personas que, como las que asumieron su representación formal, eran portadores de una visión política que en poco tiempo demostró ser incapaz de integrar y encauzar las variadas demandas de la juventud sublevada. Así, el sacrificio de la juventud de abril degeneró en una fatua bullanga electorera en la que candidatos y candidatas ofrecían al pueblo el “retorno” a una democracia que nunca existió, porque lo que tuvimos a partir de 1990 fueron procesos electorales que nunca contaron con el sustento de un consenso social para integrar las legítimas demandas de justicia y libertad de los diversos sectores de nuestra fragmentada sociedad. Sin un consenso social —como el que sostiene a las democracias costarricense y uruguaya—, los procesos electorales, señala el politólogo Robert Dahl, funcionan como mecanismos que simplemente formalizan y hasta endurecen las divisiones existentes en una sociedad. Esto es precisamente lo que ha sucedido en nuestro país hasta llegar a un punto en el que hasta la bandera azul y blanco ha perdido su representatividad nacional.
En Nicaragua, PJChC promovió la construcción de una nueva “moral política” y una nueva “moral social y económica” para eliminar la “bifurcación” de los principios de libertad y justicia social.** La compleja visión del héroe que todos conocemos como Pedro Joaquín, debería alimentar la institucionalización de un consenso social que garantice las libertades públicas y asegure que la función de gobierno en nuestro país se “encamin[e] principal y casi exclusivamente al beneficio de los más pobres, mientras haya pobres”. *** ¿Demasiado radical? Tan radical como nuestra extremada miseria nacional.
El autor es profesor retirado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Western en Canadá.
* Hacia una acción política clara, Editorial Artes Gráficas. SFP.
**La patria de Pedro, La Prensa, 1981, 85; Hacia una… Ibid., 20.***La patria de…, Ibid., 104.
