Transparencia Internacional (TI), organismo independiente de la sociedad civil, desde el año 1995 publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y clasifica 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la cual cero equivale a países muy corruptos y 100 a países muy transparente. El 25 de enero de 2022 se presentó el IPC 2021.
“La corrupción socava la capacidad de los gobiernos de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, ya que afecta a la provisión de servicios públicos, el desempeño del poder judicial y la seguridad de la población” (TI: 2021).
El IPC 2021 ha revelado que Nicaragua continúa su pésima racha en materia de corrupción pública. La puntuación obtenida en esta ocasión fue de 20/100 y se ubica entre los tres países más corruptos de la región, haciéndose acompañar de Haití (20/100) y Venezuela (14/100). Respecto al IPC 2020, la calificación de Nicaragua descendió -2 puntos.
El informe indica que “desde 2012, Nicaragua ha perdido 9 puntos en el Índice y ha bajado su calificación a 20 puntos. Su presidente de muchos años, Daniel Ortega, ha reaccionado a las alegaciones de corrupción atacando a los medios de comunicación, al espacio cívico y a los organismos de supervisión. Las valoraciones de Nicaragua en cuanto a libertad de expresión, libertad de asociación y acceso a la justicia son hoy las más bajas registradas en su historia”.
El Índice se basa en trece fuentes de datos que consisten en evaluaciones de expertas y expertos provenientes de las ciencias sociales del sector privado. En los años 2013 y 2014 Nicaragua obtuvo un puntaje de 28/100; en los años 2016 y 2017 la puntuación fue de 26/100 y en el año 2020 fue de 22/100.
En el año 2020, Transparencia Internacional recomendó a los países: 1. Reforzar los organismos de supervisión. 2. Elaborar procesos de contratación abiertos y transparentes. 3. Defender la democracia y fomentar los espacios públicos. 4. Publicar datos pertinentes y accesibles. Sin embargo, la Administración Pública Ortega-Murillo se ha caracterizado por restarle importancia e independencia a las instituciones de fiscalización y supervisión, realizar procesos de contrataciones dudosas, promover prácticas antidemocráticas y ocultar información pública pertinente.
Debido al escenario antes expuesto, era de esperarse la estrepitosa caída del IPC 2021 para Nicaragua. Nos encontramos lejos de países como Uruguay (73/100) que se ha consolidado como “uno de los países con mejor desempeño en la región” debido a la estabilidad y solidez de sus instituciones democráticas, la independencia del poder judicial y el goce de los derechos fundamentales, elementos que son claves para que la “corrupción no permee las instituciones públicas”.
Transparencia Internacional propone para este año: 1. Defender los derechos que permiten pedir cuentas al poder. 2. Restituir y reforzar la supervisión del poder. 3. Combatir la corrupción transnacional. 4. Defender el derecho a la información del gasto estatal. Si Nicaragua continúa la misma trayectoria de los últimos años y se niega a cumplir las recomendaciones en materia de corrupción como las que ofrece TI, el resultado será que nuestro IPC no mejorará y se proyectará de manera negativa en la vida política, económica, social y humanitaria del país.
La autora es Msc, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.