Si bien, la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que Nicaragua es uno de los países de la región que menos contribuye a la contaminación global y entre otras normas posee una estrategia nacional para el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, a criterio de especialistas locales, ese marco legal se ha quedado en el papel y al no llevarse a la práctica el país enfrenta un grave deterioro ambiental, que se agudizó con la pandemia. En medio de esta crisis medioambiental las autoridades celebraron este 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental.
Como muestra de la poca atención que el Estado le presta a los temas ambientales, la celebración no la promovió el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), sino el Ministerio de la Juventud (Minjuve), y se limitó a un conversatorio en el que se promovió el desarrollo de viveros y otros negocios con plantas.
Contrario a lo que ocurre en Nicaragua, en decenas de países la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental tiene como principal objetivo identificar la problemática ambiental. Pero también crear conciencia entre sus habitantes sobre la necesidad de contribuir a la conservación y protección del medioambiente.
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¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental?
Esta conmemoración inició el 26 de enero de 1972, en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano. En la actividad promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estableció la Declaración de Estocolmo, documento que dio paso para que la educación ambiental se considerara una prioridad y tres años más tarde, los países firmaron la Carta de Belgrado, que se convirtió en el marco general de la educación ambiental.
Sin embargo, en Nicaragua no se induce a la población a tomar conciencia sobre una crisis que según el Centro Humboldt se agudizó en 2019, provocando que se sintiera con mayor rigor el impacto del cambio climático. Las temperaturas alcanzaron récords históricos en varios departamentos del Pacífico del país y en varias zonas, en un mismo día se registró una mayor amplitud entre las temperaturas mínimas y máximas, detalla el estudio Situación Ambiental de Nicaragua 2019.
Además, gran parte de las escuelas ubicadas en el Corredor Seco no tienen acceso al agua, por lo que al limitarse el lavado de manos los estudiantes han estado expuestos al contagio de la covid-19.
Según el documento, en las zonas urbanas se incrementó el uso del agua y el desecho de productos de protección como mascarillas y guantes, de los que hasta ahora no existe una estrategia nacional para desecharlos adecuadamente.
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¿Qué se puede hacer?
“El país no cuenta con los protocolos adecuados para el manejo y disposición de desechos sólidos, así como los desechos hospitalarios, mismos que podrían generar nuevos focos de infección”, advierte el estudio del Centro Humboldt.
Para mejorar este panorama el Centro Humboldt recomienda entre otras coas: incrementar los presupuestos que se asignan a la gestión ambiental. Para que las partidas estén al mismo nivel de los planteamientos que las delegaciones oficiales han presentado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y otros foros internacionales sobre desarrollo sostenible.
Estas delegaciones plantean una colosal preocupación por la protección de los derechos de la madre tierra y de las personas más vulnerables, pero en la práctica las políticas y los presupuestos asignados reflejan otra cosa.
La organización también aconseja desarrollar e implementar nuevas políticas, leyes y otros instrumentos de gestión ambiental, que conlleven amplios procesos de divulgación. Pero también de consulta con todos los sectores vinculados a la gestión del desarrollo sostenible para que a través de modelos de alianza y consenso incorporen la visión de diversos actores de la sociedad civil que también aportan a la construcción del desarrollo.
Además, advierten que la independencia de las instituciones públicas es imprescindible para garantizar mecanismos más efectivos de protección de los recursos naturales. Pero también de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos naturales.