Pese al desconocimiento internacional sobre el malogrado proceso electoral en Nicaragua, en noviembre pasado, la vicepresidenta designada Rosario Murillo, anunció este mediodía que el próximo lunes 10 de enero el régimen de Daniel Ortega “reconfirmará y ratificará solemnemente el nuevo periodo de su gobierno”.
“Vamos a reconfirmar y ratificar ya solemnemente el próximo 10 de enero en todo el país, conectándonos al acto central que desde la plaza de la Revolución nos va a tomar juramento a todos, el juramento al pueblo presidente, al final de la tarde del próximo 10 de enero cumpliendo con nuestra Constitución”, anunció Murillo este lunes a través de los canales oficialistas, que son administrados por sus hijos.
Sin embargo, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea (UE) y la gran mayoría de los países latinoamericanos han declarado ilegítimas las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, y han calificado el proceso electoral como una «farsa», lo que no genera ninguna legitimidad democrática al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes buscan permanecer en el poder cinco años más, para completar un periodo consecutivo de 20 años.
“Estamos listos para asumir todos juntos, para ir adelante todos juntos este nuevo periodo del gobierno del pueblo presidente, el próximo 10 de enero, simultaneo en todo el país como testimonio de nuestra responsabilidad histórica de avanzar desterrando la maldad, desterrando el odio, los antivalores, el apartidismo o vendepatrismo”, añadió Murillo.
El artículo 161 de la Ley Electoral (No. 331) y sus reformas en mayo pasado, establcee que “la toma de posesión del presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República será ante la Asamblea Nacional y presentarán la promesa de ley ante el presidente o presidenta de dicho poder del Estado el 10 de enero del año siguiente de las elecciones”.
OEA: Elecciones en Nicaragua carecen de legitimidad democrática
El pasado 12 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró como ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre, lo que significa que Daniel Ortega va camino a convertirse en el primer gobierno de facto en la historia reciente de Nicaragua, a partir del 10 de enero del próximo año, han señalado analistas.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, con 25 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra y 1 ausencia, declara que «en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
No obstante, el régimen de Daniel Ortega ha ignorado los llamados de la comunidad internacional, mientras Murillo asegura que han “vencido la maldad, el odio, hemos vencido la discordia, el conflicto, la separación, hemos vencido al demonio; todos sabemos como se manifestó el demonio en aquellos días, porque hemos vencido, reinstalado y recuperado ese sentido de familia y comunidad, desde la dignidad, la soberanía nacional, ese orgullo de ser nicaragüense. Somos el pueblo presidente que asumirá el próximo 10 de enero este nuevo periodo de un gobierno de todos y por el bien de todos”.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) asignó a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.87 por ciento de los resultados de las votaciones con el ciento por ciento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, según el último informe de las autoridades electorales afines al régimen.
Las votaciones generales de Nicaragua, que se llevaron a cabo el domingo 7 de noviembre, se caracterizaron por la escasa participación ciudadana, la exclusión de la oposición y la represión contra todo tipo de manifestación crítica contra Ortega.
Gestiones pendientes
Por otro lado, después del 10 de enero de este 2022, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debe presentar un informe sobre sus gestiones diplomáticas para que el régimen Ortega-Murillo acepte una misión de alto nivel que ayude a solucionar la crisis del país, pero, para entonces Ortega ya habrá sumido su primer gobierno y el organismo deberá declararlo expresamente ilegítimo, de lo contrario estarían contradiciendo sus declaraciones, advierten analistas.
Cabe mencionar, que el pasado 8 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 25 votos a favor, una resolución en la que afirma que Nicaragua incumple sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana y pidió al régimen aceptar una misión de alto nivel. El cabildeo con el régimen fue encomendado a Almagro, quien debía entregar el informe a más tardar el pasado 17 de diciembre, pero el régimen se negó, por lo que Almagro solicitó que se extienda el plazo para mediados de enero de 2022.
“No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre cómo fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que usted entienda a bien realizar”, refirió Almagro.
Analistas consultados por LA PRENSA han argumentado que a partir del 10 de enero, el régimen de Ortega se convierte en un gobierno de facto, ya que “es un gobierno resultado de unas elecciones ilegítimas y que por tanto la OEA y los gobiernos tiene que desconocer el gobierno de Ortega, si no lo hacen están avalándolo. Tienen que hacerlo expresamente».