Líderes comunitarios se unieron para analizar la inestabilidad en sus comunidades y la crisis que atraviesan por el desamparo del Estado de Nicaragua, que se suma al actuar impune de los colonos, que han obligado a los comunitarios a desplazarse de manera involuntaria y a otros a vivir bajo zozobra permanente. Además, hacen un llamado al Estado a cumplir con sus deberes y compromisos asumidos para proteger los derechos de los pueblos originarios y sus recursos naturales.
El pasado 20 y 21 de diciembre, líderes y comunitarios de 27 comunidades de los territorios Li Lamni y tres comunidades de Li Aubra se reunieron para denunciar las situaciones que vulneran sus derechos humanos como los asesinatos impunes de al menos 21 comunitarios entre el 2015 y 2021. El caso más reciente fue el pasado 23 de agosto del presente año, en la masacre de Kiwakumbaih, en el territorio Mayangna Sauni As, donde las victimas fueron Borlan Gutiérrez de 42 años, Sixto Gutiérrez de 33 años, Kedeline Jarquín de 21 años, James Waldan de 25 años y otros ocho comunitarios. Los comunitarios responsabilizaron al Estado de Nicaragua por estas muertes y las secuelas derivadas.
Además, afirman que la presencia de los colonos representa una amenaza permanente “para la paz, la estabilidad y el futuro de los pueblos indígenas y profundiza la colonización que el Estado de Nicaragua inició con la invasión al gobierno de la Muskitia en 1894”, señalaron en el pronunciamiento resultado de esta Asamblea.
De igual forma consideran que parte de la crisis que atraviesan sus comunidades se debe a los procesos irregulares que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo sobre los conflictos de las propiedades de los territorios y ninguno se ha resuelto de manera satisfactoria para los comunitarios.
Demandan respeto a sus derechos
Las demandas de líderes y comunitarios contemplan la indemnización a las comunidades por los daños causados por la invasión de los colonos y los saqueo a territorios indígenas. “Así como la reparación y restauración ecológica de la biósfera Bosawás, patrimonio de la humanidad, cuyo cuido y protección defendemos y promovemos como pueblos indígenas”, expresaron.
De igual forma exigen a las autoridades correspondientes investigaciones de los responsables de los arrendatarios que no garantizan el derecho de dominio de las comunidades indígenas. Así mismo, exigen frenar la creación y reconocimiento de las comunidades creadas por los colonos otorgándoles derechos como cédulas de identidad de regiones, estas son acciones avaladas por el Estado que ellos consideran que “legitima, invisibiliza y apoya a las invasiones y mantiene la impunidad alrededor de las violaciones de derechos humanos individuales y colectivos derivados de las invasiones de colonos”.
En el pronunciamiento, aseveran que otorgan al Estado de Nicaragua un último llamado para que las instituciones responsables realicen un plan de Saneamiento, en un plazo no mayor de 90 días. Piden que el Estado: “Realice el plan de Saneamiento conforme a lo establecido en la Ley 445 y el Convenio 169 de la OIT, antes que sea demasiado tarde y la violencia sea incontrolable. Como nicaragüenses creemos en medidas pacíficas de resolución de este conflicto tan grave y trágico”.
Desconocimiento de las elecciones de gobierno Territorial
El pasado 16 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones del gobierno Territorial Indígena, que según denuncian los comunitarios, se realizó bajo la «clandestinidad», porque a las comunidades no se les dio previo aviso, por lo que solo un pequeño grupo de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) participó. “Esta asamblea desconoce y desconocerá toda elección de autoridad comunal y territorial a espaldas de las asambleas comunales y con vicios de fondos de nuestros procesos de elección de autoridades”, afirmaron.
La Ley No. 28, «Estatuto De Autonomía De Las Regiones De La Costa Caribe De Nicaragua» y la Ley No.445 “Ley del régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Rios Bocay, Coco, Indio y Maíz”, establecen que las comunidades elijaran a sus autoridades tradicionales que estructuran el gobierno Territorial donde la Asamblea tiene la máxima comunidad. Un líder comunitario le dijo a LA PRENSA, que en los últimos años el FSLN ha impuesto a dichas autoridades.
“El territorio Li Lamni se le venció el plazo del gobierno Territorial anterior, entonces cuando ellos (autoridades y simpatizantes afines al FSLN) se dieron cuenta de esta Asamblea, pensaron que era para elegir a las autoridades. Se reunieron clandestinamente 2 ó 3 de la mañana en la casa de uno de ellos y ahí escogieron a uno de ellos bajo la clandestinidad, y una elección a esos niveles no se puede considerar que representa la voluntad de la comunidad”, aseveró el líder comunitario, reafirmando que la Asamblea que se reunió el pasado 20 y 21 de diciembre rechaza esas elecciones y las figuras impuestas.
Además, hacen un llamado al respeto del sistema de organización ancestral y a la forma de elección de las autoridades comunales y territoriales. Solicitando que se realicen “sin la injerencia de los partidos políticos ni de actores con intereses ajenos a nuestros intereses”, finalizan en el pronunciamiento de la Asamblea celebrada en la comunidad de Wiwinak.
