El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, abogó este viernes, por los líderes del sector privado de Nicaragua, Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quienes permanecen encarcelados desde el pasado 21 de octubre, e instó al régimen Ortega-Murillo a no encarcelar a personas cruciales para la prosperidad del país.
A la vez llamó al régimen a enfocarse en restaurar las libertades civiles y el crecimiento económico de Nicaragua. «Michael Healy y Álvaro Vargas, líderes del sector privado, permanecen encarcelados. Ortega-Murillo debe enfocarse en restaurar las libertades civiles y el crecimiento económico, no en encarcelar a personas cruciales para la prosperidad de Nicaragua», escribió en su cuenta de Twitter.
Según la Policía del régimen orteguista, los directivos del Cosep supuestamente están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos.
Además son señalados por la Fiscalía, que impuso 90 días de prisión a ambos de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación». Todos estos señalamientos realizados por medio de la Ley 1055.
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Bajo esas mismas acusaciones, el régimen orteguista también encarcerló desde junio pasado al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien es miembro de la organización opositora Alianza Cívica, integrada para ser interlocutora en los intentos fallidos de diálogo con el régimen, en mayo de 2018 y entre febrero y marzo de 2019.
Antes del 18 de abril de 2018, el Cosep, mantenía una alianza con el régimen de consenso y diálogo, que se rompió por la represión armada en contra el estallido social, en el que el Cosep se unió a las demandas ciudadanas.
