El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) lleva ocho meses de retraso en la divulgación del Anuario Estadístico del 2020, el que revelaría el impacto que la pandemia de la covid-19 ha provocado en el frágil estado financiero de la entidad, así como los efectos en las empresas, sus finanzas, subsidios, número de bajas y gastos en servicios funerarios, entre otras cosas.
Para especialistas consultados, el anuario debía ser presentado antes de que finalizara el primer trimestre del año, y al no publicarse representa una violación a su ley orgánica y un intento de ocultar su estado financiero y las afectaciones que generó la covid-19 sobre el empleo nacional.
Específicamente, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad Social del instituto establece que una de sus obligaciones es presentar “dentro de los tres meses siguientes al término del año fiscal, una memoria que informe el estado de la Seguridad Social de la nación, dando a conocer los resultados obtenidos, con su costo, en la realización de los planes formulados, así como la situación de los programas en desarrollo en los tres aspectos, de asistencia social, asistencia médica y seguros sociales, que comprende la labor de la Junta”.
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Un especialista en seguridad social, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, explicó que el instituto no cumple con las leyes que establecen que debería hacer pública la información “y ellos han dicho que no lo hacen porque no quieren. De seguro, cuando ya se aburra la gente de estar esperando va a salir el anuario, aunque el Banco Central está sacando información, pero el INSS no lo saca oficialmente”.
Siguiendo esta línea, compartió que “todos los años para marzo ya debe estar listo, el INSS no lo ha querido publicar para que uno no se dé cuenta de cómo está la situación” e indicó que desde el 2018 y 2019 han publicado la información con varios meses de retraso.
Dicho reporte permite al público en general conocer con detalle cuáles son los gastos que está realizando el instituto en sus diferentes programas, la planilla, la evolución de los salarios de los cotizantes, el balance general, el número de empresas que están aportando según su tamaño, la cobertura de Seguridad Social en los departamentos, el número de bajas por decesos de jubilados, la entrega de servicios funerarios a los que están cubiertos por la Seguridad Social, entre otras cosas.
El economista y sociólogo Óscar René Vargas coincide con el especialista en que el instituto está ocultando las cifras que revelarían su actual situación financiera.
“Está a punto de quebrar, por lo tanto, habrá una cirugía mayor en el 2022, eso es lo que tratan de ocultar”, precisó.
Presión internacional afectará aún más al Seguro Social
Un economista consultado, quien solicitó no ser citado, indicó que “no es que el INSS esté ocultando algo, es que la realidad ya es evidente. Actualmente no se están generando los empleos suficientes y en segundo lugar habría que ver cómo están tratando de cubrir las finanzas porque el sistema financiero del instituto está en quiebra desde hace tiempo. Una de las dificultades que tienen es cómo cubrir la masa de pensionados que se le ha duplicado en estos últimos años”.
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Según las estadísticas divulgadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), entre 2017 y septiembre de 2021, el INSS acumula una pérdida de 158,044 empleados.
“Ojalá publiquen pronto el anuario porque ellos están obligados a hacerlo, pero este Gobierno no cumple con muchas cosas. Pero ya sabemos que es evidente que el INSS está en quiebra”, sostuvo.
Por otro lado, compartió que la presión internacional afectará más al Seguro Social. El 10 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó y promulgó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales.
Y solo este lunes, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones al Ministerio Público, algunos alcaldes orteguistas y funcionarios del sector energía y financiero del país.
“Si esto se complica, que es lo más probable, uno de los sectores que va a sufrir una fuerte contracción financiera e incluso un enorme problema de respaldo de apalancamiento financiero va a ser el INSS. No tengo idea de cómo van a cumplir las responsabilidades, lo más probable es que haya reformas, porque de mantenerse la presión de Estados Unidos y la situación económica y política en la que estamos viviendo, la situación se puede volver problemática en los próximos meses y años”, advirtió.
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A criterio del economista, el INSS es el punto más débil que tiene el Gobierno desde el punto de vista financiero y resolverlo no es una tarea fácil.
“No se puede decir ´bueno en uno o dos años ponemos a flote este aparato´, la realidad es que en el Seguro están creciendo las pensiones y cada año van a ir aumentando más, y el problema está en cómo cubrirlas, con todo el desbarajuste y la quiebra que ha tenido, ¿De donde van a sacar recursos?, porque la institución no tiene la capacidad de generar sus propios recursos y de suplir la demanda que viene”, expresó.
Y recalcó que “el talón de Aquiles del Gobierno es y va a seguir siendo el INSS, ¿Cómo lo van a resolver?, ahí tiene que haber un ajuste en las finanzas y lo más probable es que podría haber una reforma y va a implicar que los nuevos asegurados son los que van a sufrir más las consecuencias”.
Incumplimiento de requisitos sobre transparencia de la información pública
El incumplimiento en la divulgación del Anuario de 2020 ocurre a pesar que el INSS recibió, a través del Gobierno central, un préstamo proveniente del Fondo Monetario Internacional (INSS), un organismo que suele exigir entre sus requisitos la transparencia de la información pública para poder beneficiar con recursos a un país.
A finales de noviembre pasado, el FMI le aprobó a Nicaragua un préstamo por 186.8 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19 y para oxigenar las reservas internacionales y como apoyo presupuestario, fue de ahí donde se pudo auxiliar al instituto con una transferencia de 2,084 millones de córdobas (un poco más de 73 millones de dólares).
Actualmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público divulga la información financiera del INSS, y el único reporte que se conoce sobre el estado financiero de la entidad de 2020 fue que la misma cerró con un déficit global de 3,598 millones de córdobas.
Los últimos datos públicos que reportó el INSS están hasta diciembre de 2019 (fueron publicados con un año de retraso). Para entonces se habían perdido 3,409 empresas que aportaban a sus finanzas y la institución cerró ese año con 52,144 seguros facultativos activos, frente a los 155,134 que estaban registrados hasta el 2017, es decir que durante ese lapso se perdieron 102,990 afiliados en ese régimen.