La Organización de Estados Americanos (OEA) apura los cartuchos de la diplomacia frente a la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debatiéndose entre quienes se impacientan y piden pasar de las palabras a los actos y quienes optan por la cautela o incluso defienden al gobierno nicaragüense.
La OEA lleva tiempo llamando a Nicaragua a respetar los derechos humanos y adoptó dos resoluciones en las que pedía la liberación «de los presos políticos» y unos comicios «libres y justos».
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El domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega ganó las elecciones para un cuarto mandato consecutivo después de haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra: unos están encarcelados y otros se exiliaron.
Desde las protestas de 2018, que pedían la dimisión de Ortega y se saldaron con cientos de muertos, se han ido dando las detenciones.
En la resolución aprobada en octubre último el organismo advirtió a Ortega que en la asamblea general, inaugurada este miércoles, podría tomar «otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana». Pero el régimen no dio paso atrás y se adjudicó el triunfo de las cuestionadas elecciones, mientras sigue manteniendo a más de 150 presos políticos, y entre ellos a siete aspirantes presidenciales.
Por «otras acciones» se entiende una eventual suspensión de la OEA.
El proyecto de resolución impulsado el miércoles pasado por ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) pide al Consejo Permanente que haga «una evaluación colectiva inmediata (…) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas». Es decir, da un paso en esa dirección, pero con un margen de maniobra.
Una eventual suspensión no aislaría completamente a Nicaragua a nivel internacional «porque el régimen de Ortega cuenta con el apoyo de varios países que no son miembros de la OEA, los cuales, presumiblemente, continuarán dándole soporte diplomático, económico, comercial y financiero», dijo a la AFP Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director interino del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe.
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«Está por verse —añade— la actitud que asumirán» algunos países a la hora de votar, entre los que citó a Argentina, Brasil, El Salvador y México.
¿Fracaso diplomático?
La no suspensión de Nicaragua en la OEA «sería un fracaso de la comunidad internacional», apuntó Joel Martínez, analista del Center for American Progress.
Si la OEA aumenta la presión sobre el gobierno nicaragüense esto fortalecería los esfuerzos de la comunidad internacional «para no darle reconocimiento a su nuevo mandato y anunciar e implementar medidas coercitivas», añadió.
Parte de la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, considera que los comicios nicaragüenses fueron una farsa.
Por el contrario, Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela respaldan a Nicaragua, cuyo embajador ante la OEA, Arturo McFields Yescas, sostuvo que en su país «se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones».
En junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Esta vez, Almagro dijo que la decisión está en manos de los países miembros del organismo.
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En el supuesto de que se decidiera la suspensión, el país debería seguir cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y la OEA continuaría trabajando para el restablecimiento de la democracia en el Estado suspendido.
Luis Guillermo Solís resaltó la dificultad de inducir a un país a acatar sus obligaciones internacionales si se niega «de manera reiterada, desafiante y tozuda».
Por eso considera más eficaz que la negociación corra a cargo de organizaciones humanitarias apolíticas, de una personalidad que no esté vinculada a Nicaragua, como un premio Nobel o una figura artística o deportiva, o incluso de alguien que simpatice con la causa de Ortega y precisamente por ello tenga un cierto «poder de convocatoria».
En cualquier caso, la OEA enfrenta un quebradero de cabeza diplomático de desenlace incierto.
Nicaragua en la agenda
Este jueves, el tema de la Situación en Nicaragua fue aprobado de manera oficial para ser discutido en la Asamblea General de la OEA, que concluye este viernes.
Anticipadamente, ocho países, entre los que se incluye Estados Unidos, presentaron un borrador de proyecto de resolución en el que se plantea declarar que las elecciones del 7 de noviembre «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática» e instruye al Consejo Permanente del organismo evaluar inmediatamente, en un plazo hasta el 30 de noviembre, la situación de Nicaragua, con base en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, a fin de que «tome las acciones apropiadas».
Este jueves, los ocho países que propusieron ese proyecto de resolución de condena lo defendieron, pero otros instaron a no entrometerse en asuntos internos. El proyecto de resolución fue impulsado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda.
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que apoyan la resolución que condene al gobierno de Ortega en la Asamblea General de la OEA. «En las recientes elecciones en Nicaragua el gobierno de Ortega evitó que algunos líderes de los partidos opositores y la sociedad civil pudieran participar, nosotros hemos apoyado una resolución que condene al gobierno de Ortega en esta Asamblea General», expresó Blinken.
Refirió que la Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que afectan los derechos humanos de las personas, «nosotros tenemos que respetar esta Carta».
Discusión seguirá
El proyecto de resolución, que la OEA puede adoptar por mayoría simple de 18 votos en esta asamblea general, no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de «la evaluación colectiva».
Costa Rica fue uno de los países más combativos entre los Estados que ya intervinieron en las deliberaciones que se realizan en forma virtual. La sesión continuará este viernes, cuando se clausure la asamblea general y podría adoptarse el proyecto de resolución.
«No se vale desconocer» la Carta Democrática, «no se vale ignorarla», dijo el ministro de Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien, sin embargo, llamó a la OEA a «propiciar, entre todas las partes de Nicaragua, el diálogo».
Cuando le tocó el turno el representante de Nicaragua, Michael Campbell, se explayó un poco más.
«Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas», dijo Campbell, quien afirmó que los comicios se desarrollaron «en medio de intervenciones económicas, mediáticas y organizativas y frente a crueles amenazas y acciones desestabilizadoras».
Entre los países que argumentaron que la OEA interviene en asuntos internos de Nicaragua estuvieron México y Argentina.
«Todo Estado tiene el derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social (…) y el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados», afirmó Argentina, que tampoco considera válido «el recurso a sanciones».
Para México la OEA incumple con los fines para los que fue creada.
México dijo que rechaza «rotundamente (…) todo intento de perturbar desde el exterior el orden constitucional en cualquier país y no acepta que bajo ese argumento la OEA asuma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para intervenir en asuntos internos de nuestros Estados».
