Mario tiene 20 años y viene de una familia sandinista que se alejó del partido desde que empezó a ver los “abusos” que se cometen bajo la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a cargo de Daniel Ortega. “Mis padres votaron por el Frente en las primeras elecciones luego del triunfo (de la revolución) y también en los 90 (…) Yo no estoy dispuesto a ir a votar ni por Daniel ni por un partido zancudo”, dice y agrega categóricamente que para él “también es un derecho no ejercer el voto”.
Él pertenece a la generación nacida en la época de los gobiernos liberales —entre la Presidencia de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños—, que votaría por primera vez en elecciones presidenciales en este 2021. Sin embargo, por diferentes motivos, una gran parte de estos jóvenes no piensa asistir a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el domingo 7 de noviembre, en unas seriamente cuestionadas elecciones que carecen de cualquier estándar para considerarse competitivas y transparentes.
A este grupo también pertenece Ángel, un estudiante de Ingeniería Industrial, de 19 años. Su principal motivo, comenta, es que “no creo que exista legitimidad en el proceso electoral y porque es mi forma de protestar por los precandidatos secuestrados”. Y es que durante este proceso, siete aspirantes presidenciales fueron arrestados: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Varios de ellos contaban con alto grado de popularidad y se colocaban por encima de la aceptación que tiene Ortega.
Fabiana estudia Comunicación, tiene 20 años y tampoco irá a votar en un proceso que considera “innecesario” e “ilegítimo”. Su consideración tiene base: el Observatorio Electoral Urnas Abiertas dijo en su más reciente informe que “las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad” debido a la “manipulación excluyente del Padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral”.
Con 19 años, Alfonso dice que él creía que el proceso de este año podría ser diferente y hasta asistió a verificarse el pasado mes de julio. También lo motivó la curiosidad por conocer el proceso, pero ya decidió que no irá a votar. “No creo que en las elecciones esté participando un candidato que realmente Nicaragua necesite, no creo que haya transparencia, no creo que haya democracia de ninguno de ellos”, asegura.
Votarían si los precandidatos no estuvieran presos
Fabiana dice que si los precandidatos no estuvieran presos, “realmente sí creo que tendría más opciones de elección y ver las campañas políticas para poder determinar por quién votar”.
Tanto ella como Alfonso coinciden en que le hubieran dado su voto a la candidata que está bajo arresto domiciliario, Cristiana Chamorro, acusada de delito de lavado de dinero, de bienes y activos. “Siento que es una mujer capaz. Recuerdo que mi familia siempre decía que tiene educación, que tiene principios y que puede sacar a Nicaragua de este contexto”, comenta Alfonso.
Mario también coincide en que si los precandidatos estuvieran en libertad, definitivamente votaría ya que cree que alguna de las propuestas de estos líderes era novedosas, aunque afirma que necesitan escuchar más a la gente joven porque “ya estamos cansados de lo mismo, las cosas han cambiado y nosotros necesitamos otras propuestas”.
El miedo a lo que pueda ocurrir
Los jóvenes entrevistados por LA PRENSA coinciden en sentir principalmente miedo e incertidumbre para el 7 de noviembre. Dicen que una de sus mayores preocupaciones es que vuelvan a ocurrir actos tan violentos como la represión estatal contra las protestas ciudadanas, en su mayoría estudiantiles, que iniciaron en abril de 2018.
“Mucha gente no va a votar porque ya sabemos que se van a robar las elecciones, no queremos hacer nada más”, manifiesta otra estudiante de 20 años. Ella asegura que ese día no saldrá de su casa, ya que debido al modo violento que opera el régimen Ortega Murillo, tiene miedo de salir a las calles, aunque aún conserva cierta esperanza de que la represión no aumente.
