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CONTENIDO EXCLUSIVO.Si de procesos electorales en democracia se trata, Nicaragua no es un ejemplo a seguir, pero sí un caso digno de análisis. A lo largo de su historia los árbitros electorales al servicio del oficialismo y los fraudes para satisfacer al caudillo de turno han sido una constante. Contrario a lo que muchos creyeron o esperaban, tras el triunfo de la revolución sandinista eso no quedó en la historia; por el contrario se “sofisticaron” los métodos.
Desde el triunfo de la revolución, entre nacionales, municipales y regionales, se han realizado 20 elecciones, incluidas las del 7 de noviembre de 2021. Prácticamente todas bajo árbitros sandinistas. La primero fue el de 1984 y se presentó al mundo como la puerta a la democracia tras el triunfo de la revolución, sin embargo, la oposición se retiró por falta de garantías.
En 1990 fue tan contundente el resultado que no hubo manera de revertir la derrota del oficialista FSLN. Además, se consideran las más observadas de la historia, y el conteo rápido realizado por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) facilitó la aceptación de los resultados.
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Aunque hay opiniones divididas en torno si fue el de 2001 o el de 2006 el último proceso electoral democrático, lo cierto es que desde el “fraude generalizado” de las elecciones municipales de 2008 ya no hubo más sorpresas. Desde entonces se intuyen o conocen con anticipación los resultados de cada proceso que se realiza; los números siempre marcan a beneficio de Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus candidatos.
¿La última elección democrática fue en 2001 o en 2006?
Los comicios nacionales de 1996 y 2001, regionales de 1994, 1998 y 2002 y municipales de 2000 y 2004 pese a “problemas puntuales” propios de una democracia incipiente, se consideraron democráticos.
Sin embargo, el pacto firmado en el 2000 entre el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán y el líder opositor Daniel Ortega, entre otras cosas, redujo el porcentaje de votos necesarios para ganar la Presidencia; además, repartió el poder de todas las instancias estatales, entre leales de ambos caudillos. Esto abrió las puertas para que posteriormente Ortega consolidara el poder absoluto sobre todo el aparato estatal.
Para el analista y exdiputado liberal Eliseo Núñez, las elecciones presidenciales de 2006 fueron las últimas que cumplieron con estándares mínimos para considerarse democráticas.
“El sistema era un juego de llaves y candados. La mitad de las llaves y los candados los tenía el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la otra mitad el Frente Sandinista. Pero a partir de 2006 un debilitado PLC le entrega todas las llaves y los candados al Frente, que toma el control y atropella todas las normas democráticas”, dice Núñez.
2008: el respeto a las condiciones básicas es historia
Sin embargo, también el exdiputado Enrique Sáenz considera que incluso la elección del 2006 es cuestionable. Ya que a la fecha todavía sigue pendiente la entrega del resultado del 8 por ciento de los votos.
“Eso siembra dudas, porque si ese 8 por ciento de votos hubiera favorecido a Ortega lo habrían presentado. Entonces, si se ocultó ese porcentaje de votos, no se puede considerar que esa elección fue transparente”, sostiene Sáenz.
En lo que ambos coinciden es que a partir del fraude que se gestó en las municipales de 2008, las condiciones básicas para que un proceso electoral sea considerado democrático pasaron a la historia.
“Fue un fraude burdo y mecánico. Hubo cambios mecánicos de actas y boletas, no fue un fraude intelectual. De aquí en adelante todas marcan la misma tendencia. Lo que varía son las modalidades de fraude”, señala Núñez.
2011: UE advirtió retroceso en la democracia
Saénz añade que fue tan evidente el fraude de 2008 que la Unión Europea (UE) canceló la participación de Nicaragua en el programa de apoyo presupuestario. Por su parte, Estados Unidos canceló el programa Cuenta Reto del Milenio.
Para 2011 ya era claro el control absoluto de Ortega sobre la estructura electoral. En las presidenciales de 2011, la modalidad fue una mezcla de fraude mecánico con cambio actas, y fraude intelectual al inhibir candidatos y cambiar el modelo de credenciales para no acreditar a los fiscales de los partidos opositores.
Además, se cambió la figura del observador por la de acompañante y se les impuso muchas restricciones para realizar su trabajo. Luego de esta elección, a nivel internacional se encendieron las alarmas. La misión de acompañantes de la Unión Europea advirtió del gran retroceso que sufría la democracia en el país.
“En 2011 tuvimos la aberración que los diputados sacaron más votos que Ortega. Porque aprovechando el control de la estructura electoral ajustaron el caudal de votos para autoasignarse una mayoría que le permitiera reformar la Constitución unilateralmente, y además, elegir a todos los funcionarios públicos sin el apoyo de ninguna otra fuerza política”, asegura Sáenz.
2016: mesa limpia
Para las municipales de 2012, opositores señalaron un «robo abierto» en el que se utilizaron varias modalidades de fraude. Entre ellas, la distribución 50-50 entre las candidaturas de hombres y mujeres, con la que eliminaron candidaturas específicas. Así se llegó al 2016 cuando concretó su segunda reelección y eligió como compañera de fórmula a su esposa Rosario Murillo.
Saénz considera que en las presidenciales de 2016 Ortega subió varios peldaños más de irregularidades. Utilizó el control sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para quitarle a Eduardo Montealegre la representación legal de la Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI). Con esa movida, señala, sacó del juego a la oposición que estaba aglutinada en esa alianza, y también les quitó sus escaños a 28 diputados de ese partido (16 propietarios y 12 suplentes) que habían sido electos en 2011. Pero además, coronó su tónica de nepotismo al nombrar a Rosario Murillo como vicepresidenta.
2021: encarcelar opositores
“Desde el 2008 ellos vinieron mezclando e incrementando las modalidades de fraude en cada proceso. Hasta que en 2016 por primera vez limpian la mesa al sacar del juego a la verdadera oposición y la sustituyeron con una diseñada a su medida. En el 2021, adicional a lo que ya habían hecho en 2016, meten preso al liderazgo de la oposición”, detalla Núñez.
La estrategia de encarcelar al liderazgo opositor buscaría, entre otras cosas, evitar que ellos llamen a no votar y que el gran ganador sea la abstención. Ortega no quiere que se repita lo ocurrido en las elecciones municipales de 2012, regionales de 2014 y nacionales de 2016.
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«La peor elección posible»
En las elecciones presidenciales de 2016 —calificadas por la oposición como una farsa— las irregularidades fueron tan evidentes que la OEA recomendó reformar el sistema. La reforma recomendada pretendía devolverle la credibilidad al sistema y a los procesos. Pese a que en enero de 2017 Ortega se comprometió a impulsarlas bajo la dirección técnica de la OEA, pero a la fecha eso no se ha cumplido.
Ese proceso tomaría tres años y estaría listo para estas elecciones de 2021, pero tras la aprobación de unas reformas cosméticas en mayo pasado, el dominio absoluto del sistema por parte de Ortega es más claro que nunca. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que el país se encamina a la peor elección posible.
Lejos de mejorar el sistema para garantizar unas elecciones democráticas lo que habrá el 7 de noviembre es una pantomima en dos actos, considera un experto.
“El primer acto culminará el 8 de noviembre con el acta de resultados que ya tiene preparada el Consejo Supremo Electoral y que le dará más votos a Ortega que en 2016. Y la segunda, cuando Ortega fuerce el reconocimiento a la legitimidad del proceso y el sostenimiento del estatus quo para que la comunidad internacional no siga dando pasos para socavar a su régimen”, afirma Sáenz.
Mientras tanto, los nicaragüenses seguirán esperanzados en que algún día Nicaragua puede volver a tener procesos electorales democráticos, como los que se realizaron entre 1990 y 2006.
