La dictadura de Venezuela aceptó que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las denuncias de crímenes de lesa humanidad que se habrían perpetrado en las cárceles y durante la represión de las protestas sociales y manifestaciones de la oposición.
Al concluir este miércoles 3 de noviembre una visita de tres días a Venezuela, el fiscal penal internacional de nacionalidad británica, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal de las denuncias de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido esa clase de crímenes horrendos.
Desde febrero de 2019, la fiscalía penal internacional venía haciendo indagaciones preliminares de abusos extremos cometidos presuntamente por los órganos de seguridad del régimen chavista, “tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en las cárceles donde se habría torturado a presos políticos”.
Karin Khan asumió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a mediados de junio de este año, al terminar el mandato de su antecesora, la abogada penalista africana Fatou Bensouda. Ella, antes de dejar el cargo, presentó un informe en el cual señaló que hay “una base razonable” para creer que al menos desde 2017 se cometieron en Venezuela crímenes que son de la competencia de la Corte Penal Internacional.
La decisión del fiscal Khan es histórica, porque hasta ahora ningún gobierno o gobernante en ejercicio había sido sometido a una investigación formal de dicha Corte por acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Cabe mencionar que desde 2004 la Corte también venía realizando en Colombia un examen preliminar por denuncias de crímenes de lesa humanidad, supuestamente cometidos por el Gobierno durante la guerra contra las narcoguerrillas de las FARC. Pero antes de visitar Venezuela, el fiscal Kanh estuvo en Colombia y al reunirse con el presidente Iván Duque le manifestó que el examen quedaba cerrado por falta de las debidas evidencias.
Hay que destacar el hecho de que en el caso de Venezuela, donde el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió pasar del examen preliminar a la investigación formal de las denuncias, el dictador Nicolás Maduro aceptó la decisión voluntariamente. De esa manera ha demostrado tener unas agallas que no parecen poseerlas otros gobernantes de su misma especie.
Maduro firmó con el fiscal de la Corte Penal Internacional un memorando de entendimiento y cooperación para realizar las investigaciones. Después de ese acto trascendental el dictador venezolano declaró: “… el fiscal (de la Corte Penal Internacional) ha decidido pasar a la siguiente fase (de la investigación) para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”.
Se conoce que la justicia internacional es muy lenta, mucho más que la interna de los países. De manera que probablemente pasará mucho tiempo hasta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional culmine su investigación, ya sea para poner el caso en manos del tribunal, o para cerrarlo si no encuentra pruebas y mérito suficiente para acusar.
Pero por ahora lo importante es que se ha iniciado la investigación formal, despertando la esperanza de las víctimas de la dictadura y de los familiares de quienes han perdido la vida por la represión, de que quizás finalmente podría haber justicia en Venezuela.
