A diez días de efectuarse las elecciones generales más cuestionadas en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves el informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de “completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos”.
Desde finales de mayo recién pasado, el Gobierno emprendió una nueva oleada de persecución y encarcelamiento contra líderes opositores, incluidos siete aspirantes a la Presidencia. Desde entonces, hasta la fecha han sido detenidas 39 personas.
En pleno año electoral, la CIDH constató “la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, señaló el organismo en su informe.
Lea además: Esto es lo que Ortega hizo con 8 opositores que participaron en los diálogos de 2018 y 2019
Debido a las acciones represivas del régimen, la CIDH ha emitido 25 resoluciones de medidas cautelares y siete medidas de ampliación para personas beneficiarias, en su mayoría, líderes de opinión y/o opositores al Gobierno, líderes de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
Asimismo, observó en este 2021, la cancelación de personerías jurídicas de tres partidos políticos, por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE). Además del continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente.
“Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural“, expresan.
Deterioro de la institucionalidad democrática, no permite elecciones libres
El organismo señaló en su informe que “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control”. Y reiteró que “no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”.
Lea también: Qué motivo a opositores en el exilio a crear el video musical “Quedémonos en la casa”
En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, para la CIDH las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal.
Sin embargo, “todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”, denuncian.
Exigen al Estado elecciones libres y justas, y el fin a la represión
Ante todo lo señalado en el informe, la Comisión Interamericana recomendó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional en general: Exigir al Estado la realización de elecciones libres, transparentes y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Y exigir al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país.
Recomendaciones al Estado de Nicaragua
En consideración al análisis sobre la concentración del poder, el debilitamiento del Estado de Derecho y la situación de los derechos humanos en el marco de las elecciones a celebrarse el 7 de noviembre de 2021, con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones al Estado de Nicaragua:
1- Adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.
2- Garantizar las condiciones necesarias para asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con los estándares interamericanos sobre la materia consagrados, entre otros instrumentos, en la Carta Democrática Interamericana así como con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional.
Podría interesarle: “La respuesta de la comunidad internacional a este régimen debe acelerarse”, demanda el senador Bob Menéndez
3- Propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil.
4- Liberar a todas las personas detenidas el contexto de la crisis iniciada en el 2018, incluyendo a las personas precandidatas a la Presidencia, las personas consideradas como opositoras y las personas defensoras de derechos humanos detenidas durante el 2021.
5- Restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas consideradas como opositoras.
6- Iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.
7- Poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis en 2018.
8- Derogar y/o adecuar las leyes aprobadas en este contexto de conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, la Ley No. 1040 sobre agentes extranjeros; Ley No. 1042 sobre ciberdelitos; Ley No. 1055 y Ley No. 1060 sobre reforma y adición al Código Procesal Penal.
Elecciones en la mira
Las elecciones en Nicaragua están bajo la mirada de la comunidad internacional. Algunos países y organizaciones ya han expresado que son “una farsa”.
El Consejo Permanente de la OEA discutió el pasado miércoles 20 de octubre, la “situación de Nicaragua” y aprobó una resolución —con el respaldo de 26 países, sin ningún voto en contra y siete abstenciones— que expresa una grave preocupación por todos los intentos que el Consejo ha hecho por comprometer al Gobierno de Nicaragua para la celebración de elecciones libres y justas, que han sido ignoradas.
Esa resolución pide “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones durante la 51 Asamblea General que se celebrará en Guatemala, entre el 10 y el 13 de noviembre”.