Con la detención del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y su vicepresidente, Álvaro Vargas, el régimen de Daniel Ortega tiene encarcelados a ocho opositores que participaron en los diálogos de 2018 y 2019, que buscaban una solución a la crisis sociopolítica del país.
Entre ellos, además, hay dos aspirantes a la Presidencia, que fueron encarcelados cuando se proponían participar en una selección de un candidato único para las elecciones del 7 de noviembre.
Desde finales de mayo pasado, la dictadura emprendió una nueva ola de persecución y encarcelamiento de líderes opositores. Desde entonces, hasta la fecha han sido detenidas 39 personas.
Oficialismo habla de diálogo después de las elecciones
Anticipando una victoria en las urnas, antes que las elecciones del próximo 7 de noviembre se realicen, el pasado 12 de octubre, el gobierno de Daniel Ortega confirmó que habrá un nuevo “diálogo nacional” después de los comicios, en un mensaje divulgado por el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez en la Asamblea Nacional.
El nuevo diálogo tendría lugar con “todos los sectores” del país, dijo, incluido “el gran capital”, con el cual Ortega rompió después de las protestas de 2018 que dejaron más de 320 muertos según organismos de derechos humanos internacionales.
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“Después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que el Frente Sandinista va a continuar gobernando en este país… se abre un gran diálogo nacional, donde van a caber todos», dijo Gutiérrez en una sesión plenaria.
Las declaraciones de Gutiérrez coinciden con las brindadas por Daniel Ortega a inicios del año (11 de enero), cuando en un discurso adelantó la posibilidad de «algún mecanismo de acuerdo y diálogo nacional», después de las elecciones.
Pero, además de Healy y Vargas, los presos políticos que participaron en los diálogos anteriores son: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Pallais, Medardo Mairena, Lesther Alemán y Max Jerez.
«Un mensaje claro»
Un analista político, que habló con LA PRENSA en condición de mantenerse en el anonimato por temor a la represión dictatorial, manifestó que a través de la detención de los principales representantes de la oposición en ambos diálogos nacionales, el régimen está enviando un mensaje claro para los sectores que participen en un nuevo intento de negociación.
«Eso es lo peor que puede pasar para alguien en un tema de negociación. Es decir, Ortega está dejando claro que todo el que negocia con él y que no acepta sus condiciones se convierte en blanco de su represión», expresó el analista.
«Prácticamente tiene presos a los líderes principales del diálogo, tanto de 2018 como de 2019. Y eso le quita cualquier tipo de credibilidad a sentarte con él. Es decir, todo el que se siente con él, o acepta lo que él dice o termina preso, y eso definitivamente no es algo con lo que se pueda trabajar a la hora de hablar de diálogo», sostuvo.
El Diálogo Nacional entre el Gobierno de Nicaragua y estudiantes, sector privado y sociedad civil que inició un mes después del estallido de las protestas antigubernamentales, con la mediación de la Iglesia católica, fue suspendido por falta de consenso.
En 2019, las negociaciones volvieron fracasar. La Alianza Cívica, que era la contraparte de Ortega en la negociación, se retiró de la mesa del diálogo porque el régimen no cumplió con los acuerdos alcanzados en la primera ronda de negociación, que se llevó a cabo entre el 27 de febrero y el 3 de abril de ese año.
Ortega nunca mandó a excarcelar a los más de 100 presos políticos y ahora mantiene presos también a los negociadores.
De los tentáculos del régimen tampoco se escapan los obispos de la Iglesia católica, a los que Ortega ha acusado de apoyar a los supuestos “terroristas”.
¿Qué papel jugaban los ocho presos políticos que participaron en los diálogos con Ortega?
Juan Sebastián Chamorro participó en la mesa de diálogo de 2018 y 2019, como representante de la Alianza Cívica. Fue arrestado pese a que tenía medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) desde agosto de 2019, por el constante asedio y persecución policial que vivía a diario.
Fue encarcelado por la Policía a servicio del régimen el 8 de junio de este año y fue acusado por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Según sus familiares, quienes solo lo han podido ver dos veces, recibe torturas en la cárcel del nuevo Chipote, donde se encuentra con el resto de opositores encarcelados en los últimos meses.
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José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, participó en las masivas marchas que se desarrolló la población en Managua en contra del régimen. Además, participó como representante del sector privado en ambos diálogos.
Antes de la crisis de 2018, Aguerri era el enlace entre el sector privado y el gobierno de Ortega. Fue apresado por la Policía el 9 de junio, y también es acusado «por ser presunto coautor de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio del Estado de Nicaragua».
Michael Healy, detenido recientemente, fue suplente de Aguerri en el segundo Diálogo Nacional.
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José Pallais. El vicecanciller de Nicaragua participó en el segundo Diálogo Nacional. En distintas ocasiones denunció ser víctima de asedio e intimidación por parte de la Policía. Fue encarcelado el pasado 9 de junio y también es acusado por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Medardo Mairena participó en el diálogo que se inició en el 2018. Mairena fue designado por la Alianza Cívica y representaba al sector campesino. Fue detenido el pasado 5 de julio, pero el régimen lo ha encarcelado ya en dos ocasiones.
El mismo día que capturaron a Mairena, también fueron detenidos los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, ambos jóvenes participaron en los diálogos de 2018 y 2019 en representación del sector estudiantil, respectivamente. Alemán participó en el primero e increpó directamente a Ortega, exigiéndole que renunciara al poder y convocara a unas elecciones anticipadas; mientras que Jerez fue representante del sector universitario en la mesa de diálogo de 2019.
Álvaro Vargas, recién detenido, participó en ambos diálogos, y en el de 2019 fungió como asesor de la Alianza Cívica en la mesa de negociación.
