Periodistas de medios nacionales e internacionales son replegados por la Policía durante una cobertura a finales de mayo. LA PRENSA

Crisis Group instó a la Unión Europea y sus países miembros a «ejercer más presión» por la situación de Nicaragua

La organización aseveró que la represión estatal en Nicaragua ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región

La organización internacional Crisis Group instó este viernes a la Unión Europea (UE) y sus países miembros a «presionar para poner fin a las detenciones masivas en curso» en Nicaragua.

Asimismo, los instó a que trabajen en conjunto con Estados Unidos, Canadá y otros gobiernos para preparar una respuesta «firme y coordinada», si las elecciones presidenciales en Nicaragua, programadas para el próximo 7 de noviembre, no cumplen, como es probable que suceda, con los mínimos estándares internacionales, debido a que considera que «hasta ahora las potencias externas no han concebido una respuesta concertada capaz de influir en Managua».

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«Esa respuesta debe incluir la ampliación del marco para la imposición de sanciones existente, introducir medidas específicas contra personas, empresas e instituciones que contribuyeron significativamente a la represión relacionada con las elecciones», subrayó.

La organización Crisis Group, con sede en Bruselas, reconoce que Nicaragua vive momentos de tensión a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas. “En los últimos meses, la represión estatal en Nicaragua ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región en la década de 1980, con la detención de al menos 37 opositores de alto nivel, incluidos siete aspirantes presidenciales, y obligando a muchos otros a exiliarse. El gobierno también ha inhabilitado a los partidos que podrían haber endorsado a los políticos de oposición”, afirmó.

Crisis Group es una organización encargada de analizar los grandes conflictos mundiales y prevenir guerras. A raíz de la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua, la organización ha seguido muy de cerca la crisis sociopolítica de este país.

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A pesar de que recomienda ampliar sanciones, esa organización propone que primero la UE, sus estados miembros y EE.UU. «prioricen las exigencias que harán antes de las elecciones», entre ellas destacó: el cese de la represión contra la oposición política, la liberación de todos los presos políticos y permitir la cobertura de las elecciones a medios de comunicación nacionales, extranjeros y organizaciones de la sociedad civil.

En esa misma línea, aconsejó no imponer sanciones adicionales antes de las elecciones, debido a que «podría alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos. Una vez que se hayan llevado a cabo las elecciones y él haya logrado sus objetivos, es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles».

Elección amañada

La organización realizó un análisis del contexto sociopolítico del país llamado «Nicaragua: afrontar los peligros de una elección amañada», porque «a medida que se acerca el día de las elecciones, parece cada vez más probable que Ortega obtendrá la victoria en una elección amañada».

A la vez proporcionó un abanico de respuestas que a su criterio debería de dar la comunidad internacional al resultado de esas elecciones»amañadas» en el país. Además, sostiene que la «implacable represión» a la oposición política por parte del Gobierno de Daniel Ortega «ha convertido las elecciones de noviembre en un potencial foco de tensión y ha deteriorado considerablemente las relaciones entre el presidente Daniel Ortega y otras naciones latinoamericanas, EE. UU. y la UE».

El resultado de estas elecciones generará las condiciones propicias para que se incremente la inestabilidad en el país, la crisis humanitaria y la emigración y cree un peligroso precedente en una región centroamericana, que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo.

Suspensión temporal de Nicaragua de la OEA

La organización internacional agrega que adicionalmente tanto Bruselas y los Estados miembros deben explorar con la Organización de Estados Americanos (OEA) «la posibilidad de iniciar el proceso para la suspensión temporal de Nicaragua del Sistema Interamericano, si se da la interrupción del orden democrático del país por parte de Ortega».

No obstante, Crisis Group, señaló que la UE y sus socios, incluidos EE.UU., deben «calibrar» las medidas que adopten para mitigar su posible impacto humanitario, partiendo que Nicaragua tiene una debilitada economía. En especial, recomendó que «deben abstenerse de expulsar a Nicaragua de los acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Asociación de la UE y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (DR-Cafta), lo que afectaría gravemente a la economía del país, orientada a la exportación, y podría estimular la salida de migrantes a un ritmo aún mayor».

Foto referencial. Nicaragua ante una asamblea de la OEA. LA PRENSA/Archivo

La organización también tiene en cuenta que existe un incremento en la migración nicaragüense que, según su lectura, parece «inevitable», por ello sugirió que los donantes también «deben aumentar su asistencia financiera y técnica» desde la asesoría legal para los migrantes y la ayuda humanitaria a refugios en los países vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

Crisis Group insistió en que la UE debe trabajar en un diálogo mediante los pocos canales diplomáticos que les quedan y con las partes a las que Managua podría ser receptiva, incluido el Vaticano y gobiernos regionales amigos como Bolivia y Perú, con el fin de «convencer a Ortega de que cumplir con los mínimos estándares electorales le ayudará a restablecer las relaciones de trabajo con socios extranjeros e instituciones financieras; y advertirle que, sin mejoras en estos ámbitos, responderán con firmeza, incluso con sanciones específicas adicionales, si hay denuncias creíbles de manipulación electoral».

En los últimos meses, sin embargo, el régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha atacado a cualquier país que le recomiende liberar a los presos políticos y regresar a la senda de la democracia por medio de elecciones libres, incluyendo a México y Argentina. Muy sonados fueron los ataques al gobierno español de Pedro Sánchez, el cual incluso llamó a consulta a su embajadora en Managua; y muy comunes los dirigidos a Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, por mencionar algunos países.

Las cuatro principales recomendaciones

La organización internacional remarcó que, en el contexto del recrudecimiento de la represión, la UE ha pedido a Ortega que detenga su espiral autocrática e impuso recientemente sanciones individuales a ocho de sus aliados, elevando a 14 el total de funcionarios sancionados. No obstante, el régimen Ortega Murillo ha respondido, dice la organización, con contundencia.

«Los estados miembros que han criticado abiertamente a Ortega han sido condenados públicamente por funcionarios nicaragüenses o han recibido amenazas privadas de que Managua expulsaría a sus embajadores», indica la organización, que a la vez, insta a la UE y sus estados miembros a diseñar una «hoja de ruta» que contenga cuatro enfoques, con el objetivo de mitigar los riesgos de represión, mayor inestabilidad, aislamiento diplomático y un éxodo de migrantes nicaragüenses.

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Crisis migratoria

La organización también advirtió que una de las posibles consecuencias que podría provocar el resultado de una «elección amañada» sería la profundización de la crisis migratoria de más nicaragüenses y que otros mandatarios de la región se sientan alentados a seguir los pasos de Daniel Ortega.

«También es probable que la combinación de estrés económico y persecución política provoque la salida de más nicaragüenses. Después de tres años en los que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua se ha contraído en más del tres por ciento, el Banco Mundial había pronosticado que el país será el tercero con peor desempeño económico en el hemisferio occidental en 2021, después de Venezuela y Haití, aunque en su reciente actualización es más optimista», explica Crisis Group.

Según cifras de ACNUR, en 2020 más de 102,000 nicaragüenses abandonaron su país en busca de un lugar seguro y mejores condiciones de vida. Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

Pero, sostuvo que el resultado de «una elección amañada solo terminaría aislando aún más al gobierno, alejando más a la inversión privada (que ya se ha desplomado en los últimos años) y obstaculizando el acceso de Managua a préstamos multilaterales, ya que es probable que EE.UU., la UE y otras partes interesadas voten en contra de su desembolso».

Añadió que los eventos en Nicaragua no solo causarían estragos en el interior del país, sino que podrían tener una gran repercusión más allá de sus fronteras. «Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega, particularmente si EE.UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e impone pocos costos por el retroceso democrático», advirtió.

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Citó como ejemplo, que en El Salvador el presidente Nayib Bukele «ya ha estado concentrando el poder y socavando la independencia judicial del país; entre otras, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (recientemente repleta de aliados políticos del presidente) revocó la prohibición constitucional que le impedía a los presidentes postularse a una reelección inmediata al finalizar su mandato».

Otro caso es el de Honduras, donde «los ciudadanos también acudirán a las urnas pocas semanas después de las elecciones nicaragüenses para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido citado en varias ocasiones como coconspirador en juicios por narcotráfico en las cortes de Nueva York, incluido uno que involucra a su hermano, condenado a cadena perpetua en marzo (Hernández ha negado todas las acusaciones de tener lazos con el narcotráfico). Aunque no se puede postular nuevamente y ha descartado públicamente hacerlo, los analistas hondureños temen que Hernández interfiera en las elecciones presidenciales, ya sea para imponer a su candidato preferido, Nasry Asfura, o para mantener el control de las instituciones estatales y judiciales».

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