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CONTENIDO EXCLUSIVO.En enero del año 2013 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró un moderno complejo judicial en Managua. Las puertas de las salas judiciales y de los despachos de los jueces eran de vidrio transparente. Todas las personas podían ver desde fuera lo que pasaba dentro de esos auditorios.
La razón de esas puertas transparentes se explica en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua: «El proceso judicial deberá ser oral y público», se lee en el mismo.
Juristas consultados por LA PRENSA explican que la violación a ese principio constitucional causa que todo el proceso contra un acusado pueda ser declarado nulo. Y eso es lo que está pasando con las audiencias que la justicia orteguista está realizando en contra de opositores que están siendo criminalizados desde finales del mes de mayo de este año 2021, empezando con la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y dos excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes.
En este año 2021, muchas de las puertas de los despachos judiciales y de las salas donde se realizan las audiencias han dejado de ser transparentes. Los jueces les han mandado a colocar especies de cortinas o forros elaborados especialmente con papel kraft.
«No estamos hablando de cualquier defecto procesal, estamos hablando de la violación a un principio constitucional como es el de la publicidad. Solo eso lleva a que un proceso sea recurrido de nulidad absoluta», indicó uno de los dos juristas consultados por LA PRENSA para este artículo, quienes pidieron el anonimato porque se encuentran en Nicaragua y pueden sufrir represalias, especialmente la Corte orteguista les puede cancelar su derecho a litigar.
Para violentar totalmente el principio de publicidad de las audiencias, la justicia orteguista no solo ha opacado las puertas de las oficinas de los juzgados de Managua sino que, por orden de la juez orteguista Karen Chavarría, en junio pasado se cambió a la mayoría del personal de la oficina de tramitación de audiencias de los juzgados de Managua y fueron ocupados esos cargos por «gente de confianza» del orteguismo, principalmente por miembros de la Juventud Sandinista (JS), explica un empleado de los juzgados de Managua quien también pide el anonimato.
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«Antes se podía filtrar información sobre cuándo o quiénes iban a realizar una audiencia, pero ahora no se puede saber», manifiesta la fuente anónima.
La misma fuente anónima explica que las audiencias a los opositores se realizan, en el mejor de los casos, bajo el más completo secretismo o, en el peor, las audiencias ni se realizan y los jueces y sus secretarios solo elaboran y firman las actas.
Según los juristas, el principio de publicidad es sumamente importante porque garantiza transparencia y control social, es decir, el pueblo puede saber cómo es que se está administrando la justicia en el país. Es un principio que también está establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos.
«Lo que está haciendo la dictadura es misa negra en esas audiencias», dijo uno de los juristas.
El artículo 34 de la Constitución también habla de que puede haber excepciones que no permiten que las audiencias sean públicas, pero los juristas indican que en los casos de los opositores actualmente procesados no aplica ninguna excepción para que las audiencias se realicen en secreto.
La excepción podría ocurrir cuando hay un menor de por medio, o por causas de seguridad pública, pero no es así en los casos de los opositores al orteguismo.
«Ni siquiera podemos hacer un análisis de esos procesos»
Luego de que la Fiscalía acusó a varias personas dentro del mismo caso contra Cristiana Chamorro y se realizó una unificación de la causa, el abogado Yader Morazán, exempleado del poder judicial, en un post en Facebook analizó que el cómputo de seis meses que debe durar un juicio —según el Código Procesal Penal (CPP)—, inició desde que a Chamorro le realizaron audiencia, supuestamente el pasado 3 de junio, la cual obviamente se realizó sin que nadie supiera qué pasó dentro de la misma porque Chamorro no contó con su defensora.
Morazán considera que si se cumplen esos seis meses y no hay una sentencia se debe aplicar la extinción de la acción penal y sobreseer a todos los acusados.
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«Lo relevante acá es que operativamente la juez no podía celebrar la audiencia de ampliación de acusación de Cristiana fusionada con la audiencia preliminar de Walter Gómez y Marcos Fletes, desatendiendo los más de 20 escritos que le antecedían, donde su abogada casi rogaba intervención y acceso al expediente…», escribió Morazán.
Uno de los juristas consultados por LA PRENSA valoró como positivo el análisis de Morazán, pero lamentó que en estos momentos, sobre las capturas y procesos judiciales contra los opositores a la dictadura orteguista, no se puede hacer ningún análisis porque los funcionarios del sistema de justicia orteguista interpretan las cosas a como ellos quieren y también las pueden cambiar cuando ellos quieren.
«No podemos hacer análisis estableciendo la legalidad como un límite, cuando la legalidad a ellos (orteguismo) no les importa», manifestó el abogado.
El otro de los letrados expresó: «En condiciones normales sí se podría analizar, pero en estos momentos no se puede. No serviría para nada porque todos esos procesos empezaron mal y no puede andar bien ni pueden terminar». El jurista también señaló que uno de los primeros actos anómalos fue aplicar los 90 días de prisión durante la investigación a cada uno de los opositores detenidos, o secuestrados, como consideran sus familiares.
El abogado indicó que la ley que establece esos 90 días de prisión para investigar está recurrida de inconstitucionalidad, pero obviamente el régimen nunca la va a tramitar, a como nunca se han tramitado los recursos por inconstitucionalidad en contra de la elaboración del Código Penal introducidos desde 2002 o los recursos contra algunos artículos del mismo presentados en 2008.
El jurista indicó que sí está claro que esos 90 días de prisión para investigar no cuentan dentro del cómputo de los juicios, a como no contaban tampoco las 48 horas de detención establecidos constitucionalmente para que una persona esté detenida mientras se le investiga.
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«El cómputo inicia desde que el juez admite la acusación y no se incluye el período de investigación», señaló el abogado. En el caso de Cristiana Chamorro, sería desde el 3 de junio pasado, que es cuando la Fiscalía informó que se realizó la audiencia preliminar para ella.
El mismo abogado indicó que el régimen todavía tiene otra «arma» judicial para alargar el arresto de Chamorro y todos los acusados con ella y que la Fiscalía ha pedido tramitación compleja del caso, lo cual hace que los plazos se dupliquen. Si el juicio contra Chamorro y compañía debe durar seis meses, se puede prolongar hasta un año.
«Jueces orteguistas ven a opositores como personas que agredieron a su líder máximo»
Los juristas también criticaron la falta de imparcialidad de los jueces orteguistas que están juzgando a los opositores.
Según los abogados, ellos son asiduos de los juzgados de Managua y ven cómo los jueces son en realidad militantes del Frente Sandinista (FSLN), partido del dictador Daniel Ortega.
«Estos jueces no pueden juzgar a sus adversarios políticos, no pueden ser imparciales, porque ellos los ven como personas que agredieron a su máximo líder, Daniel Ortega», dijo uno de los juristas.
«Si la justicia no estuviera politizada no estuviera ocurriendo esto»
Uno de los juristas consultados por LA PRENSA indicó que la politización de la justicia nicaragüense empezó en el año 2000, tras el pacto liberosandinista y desde entonces empezó a desaparecer el Estado de Derecho en Nicaragua.»Fue cuando dijeron dos míos y dos tuyos», expresó el abogado, refiriéndose a la repartición que del poder judicial realizada entre el FSLN y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán.
Según el letrado, si la justicia nicaragüense no estuviera politizada no pasaría nada de lo que ocurre en la actualidad. «Si el poder judicial fuera independiente ya se hubieran declarado inconstitucionales esas leyes, como las que estableció los 90 días de prisión, o los jueces ya hubieran declarado todos los vicios que hay en esos procesos», finalizó el jurista.
