Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), se convertirán esta semana en los primeros dos presos políticos que cumplirán los 90 días de prisión preventiva, con lo que sus familiares esperan que estos sean liberados o por lo menos que les permitan verlos tras tres meses sin saber el estado de estos.
Ambos presos políticos fueron secuestrados por la Policía orteguista y luego el Ministerio Público dictó prisión preventiva aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero en dicha extinta fundación, donde ambos laboraban en el área financiera y administrativa respectivamente.
Junto a ellos también se espera que a inicios de la próxima semana Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de la Fundación, cumpla el plazo de casa por cárcel.
Pablo Fletes, hermano mayor de Marcos, excontador de la extinta FVBCH, dijo que tiene fe y esperanza de que su hermano sea puesto en libertad el 28 de agosto. “Según ellos, ese día se cumplen los 90 días para mi hermano, pero si lo condenan esperamos que sea trasladado a La (cárcel) Modelo, al menos ahí podremos visitarlo y llevarle cosas”, afirmó.
Hasta ahora el régimen no ha presentado una acusación formal contra los detenidos ni tampoco ha presentado evidencia del supuesto delito del que acusa a Chamorro Barrios y los trabajadores.
Chamorro fue apresada por la dictadura en momentos que su popularidad iba en ascenso en su aspiración de competir contra Daniel Ortega durante las elecciones presidenciales de noviembre próximo, lo que levantó la furia del régimen que ordenó procesarla e inhibirla.
Con ello, primero se ordenó el secuestro de los extrabajadores de la Fundación y luego a Chamorro.
El hermano de Fletes refirió a LA PRENSA que solo los primeros 15 días permitieron el ingreso de alimentos, los últimos dos meses los oficiales solo han aceptado agua, a veces jugos y algún yogurt. “Lo que más nos preocupa es que él es diabético. Hace un mes no me reciben las medicinas. Él debe tomar una pastilla diaria y no sabemos qué le están dando ahorita”, agregó con preocupación. “Tenemos fe de que en su caso le den casa por cárcel. Su hija de 11 años pregunta diario por su papá”, afirmó.
Ese mismo calvario está viviendo la familia de Gómez. Su esposa, Consuelo Céspedes, dice que va tres veces al día al Chipote para dejarle alimentos. “A la semana estoy gastando casi dos mil córdobas solo en gasolina para ir a dejarle lo poco que me dejan pasar. Yo estoy sin trabajo, pero gracias a la familia y buenos amigos que tenemos hemos salido adelante. Mi mayor alegría es cuando me dejan pasar una lata de leche Ensure o Gatorade, porque al menos eso lo sustenta”, dijo.
Céspedes menciona que su hijo menor se pone triste cuando ella le cuenta que solo le dejaron pasar agua. “Pero yo le digo que al menos va a beber agua fresca ese día y se contenta. Confiamos en Dios en que si no lo dejan libre, al menos lo pasen a La Modelo para poder verlo. Confiamos en Dios en que pronto acabe todo este circo, del que mi esposo agarró terminación”, lamentó.
Abogada es menos optimista
“Lo que posiblemente va a suceder, no es que los dejen en libertad, sino que terminado el período que el Ministerio Público y la Policía solicitó para recabar todas las pruebas posibles, van a acusarlos en el juicio que va a tardar en dependencia de lo que quiera el juez y les van a dictar condena”, advirtió.
Esto según el artículo 253 reformado en la Ley 406 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que señala que cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional, si las autoridades correspondientes consideran innecesario continuar con la detención judicial, el Ministerio Público solicitará a la autoridad judicial el cese de la misma o la autoridad judicial convocará inmediatamente a la audiencia preliminar.
Molina señala que no cree que los vayan a dejar en libertad. “Los van a acusar de cualquier tipo penal, los van a procesar y van a ser juzgados procesados y condenados, porque no son detenciones fundadas en derecho sino secuestros”, dijo.
Para la jurista la lógica de esos 90 días es recabar pruebas, pero el trasfondo se nota que es más político que jurídico, “porque qué pruebas van a hallar en contra de estas personas si toda Nicaragua sabe que no son delincuentes. Me imagino que estos 90 días sirvieron además de alargarle el plazo para que ellos no estén afuera denunciando y reclamando el respeto de sus derechos humanos y como una forma de intimidar a las demás personas para que no hablen”.
El mensaje es claro
Sacar a los 900 reos de la cárcel La Modelo “es un mensaje claro (del régimen), para que el resto no estemos opinando”, finalizó. Mientras el régimen mantiene a 34 presos políticos, la semana pasada informó que iba a liberar a otro grupo de reos comunes.
Otras arbitrariedades cometidas contra estas personas están señaladas en la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. El artículo 69, por ejemplo, dice que las autoridades pueden otorgar permisos extraordinarios a los detenidos en casos de fallecimiento o enfermedad de algún familiar cercano, como en el caso del reo político Víctor Hugo Tinoco y su hija.
En la misma ley el artículo 70 está escrito que los detenidos tienen derecho a la comunicación y las visitas y ninguno de ellos ha visto a sus familiares y abogados desde que llegaron al Chipote.