Familiares de las presas políticas que están bajo arresto domiciliar o que han sido capturadas y llevadas supuestamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote», interpusieron una queja en Inspectoría Judicial contra los jueces que tienen a su cargo los procesos judiciales de las detenidas por violar el debido proceso y guardar silencio ante las diferentes peticiones de los afectados.
La Inspectoría Judicial, como órgano de apoyo del Consejo Nacional de Administración y de Carrera Judicial, es la encargada de instruir todas las quejas presentadas en contra de los magistrados de tribunales de apelaciones, jueces, secretarios, registradores públicos y demás funcionarios judiciales que formen parte del sistema de justicia de Nicaragua.
«La queja es porque los jueces han prolongado el proceso judicial, porque no dan ninguna respuesta a los recursos de habeas corpus, a los otros recursos legales que se han interpuesto y porque no se ha seguido el debido proceso», aseguró Josefina Dávila, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil y de Dora María Téllez, presas políticas.
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En los últimos meses se ha encarcelado y se mantienen bajo arresto domiciliar a 33 personas en los último y a 123 reos de consciencia en los diferentes sistemas penitenciarios del país desde y antes de las protestas sociales de 2018. Entre los presos políticos están: precandidatos presidenciales, periodistas, líderes opositores, trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre otros.
La justicia se ve lejos
Y es que los presos políticos tienen de cinco a 83 días en detención judicial. Desde que son detenidos, supuestamente son llevados al Chipote donde no les permiten visitas de sus familiares, ni ser asistidos por sus abogados. Ellos han enfrentados audiencias judiciales irregulares y el sistema de justicia les impone a un defensor público, negándoles el derecho a ser defendidos por el representante legal de su preferencia.
«Hasta el momento, por el patrón que lleva (el sistema de justicia), no nos hacemos ninguna esperanza de que nos den alguna respuesta, es decir nos han aceptado la queja y nos dijeron que la próxima semana nos va a llegar una notificación a la casa, pero no creemos que pase nada. Nosotros estamos agotando todas las instancias posibles para poder hacer ver todas las violaciones del debido proceso en contra de nuestros familiares, pero sinceramente no creemos que vaya a prosperar», lamentó Dávila.
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Los familiares de los 33 presas y presos políticos unieron fuerzas para crear la campaña #MuestrenYa, en las diversas redes sociales, en la que demandan que las autoridades correspondientes muestren a las personas que han estado retenidas.
¿Ana Margarita Vijil con Covid?
Dávila dijo que aún no han podido ver a sus familiares y comprobar que están con vida en el Chipote. Indicó que solo les permiten ingresar agua y ocasionalmente jugos y galletas. Les llama la atención que los oficiales les han entregado ropa que pertenece a sus familiares para que sea lavada, pero al revisarla se percatan que está limpia. Manifestó preocupación por el estado de salud de su tía, Ana Margarita Vijil, ya que los policías les han solicitado zinc, un medicamento que se usa de manera preventiva contra el Covid-19, según un médico que solicitó el anonimato por temor a represalias.
«Nos habían pedido zinc para Margarita y eso lo dan como tratamiento preventivo contra el Covid, eso nos hace pensar que ella pudo haber tenido un contacto con alguien enfermo o tuvo algún tipo de síntoma, pero al preguntar no nos han dado ninguna información de eso, tampoco nos dan recetas médicas del doctor del Chipote», denunció Dávila.
